Londres/Nueva York/Madrid.-. Seis destacadas organizaciones de derechos humanos han publicado hoy, en la lista más exhaustiva hasta la fecha, los nombres y datos de 39 individuos que, según se cree, han estado recluidos en secreto bajo custodia estadounidense y cuyo paradero actual sigue sin conocerse. El documento también menciona a familiares de los detenidos, incluso a niños de tan sólo siete años, que fueron igualmente recluidos en prisiones secretas.
En relación con este asunto, tres de las organizaciones han presentado una demanda ante un tribunal federal estadounidense, con arreglo a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, para pedir que se hagan públicos los datos relativos a los detenidos “desaparecidos”.
El informe, titulado Sin rastro oficial: Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la “guerra contra el terror”, contiene información detallada sobre cuatro individuos identificados como detenidos “desaparecidos” por primera vez. En la lista completa figuran ciudadanos de países entre los que se encuentran Egipto, España, Kenia, Libia, Marruecos o Pakistán. Se cree que han sido detenidos en países como Irak, Irán, Pakistán, Somalia o Sudán, y trasladados a centros secretos de detención estadounidenses.
La lista —realizada por Amnistía Internacional, Cageprisoners, Centro de Derechos Constitucionales, Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Human Rights Watch y Reprieve— reúne información de fuentes gubernamentales y de medios de comunicación, así como de entrevistas con ex detenidos y otros testigos.
El informe destaca aspectos del programa de detenciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que el gobierno estadounidense ha tratado activamente de ocultar, como los lugares donde podrían haber permanecido recluidos algunos detenidos, los malos tratos que sufrieron y los países a los que posiblemente hayan sido trasladados.
Asimismo, revela que se ha recluido en secreto a familiares de detenidos, incluso a esposas y a niños de tan sólo siete años. En septiembre de 2002 se detuvo a los dos hijos pequeños de Khalid Sheikh Mohammed, de siete y nueve años de edad a la sazón. Según testigos presenciales, los dos niños permanecieron recluidos en un centro de detención para adultos durante al menos cuatro meses mientras agentes estadounidenses los interrogaban sobre el paradero de su padre.
Del mismo modo, cuando el ciudadano tanzano Ahmed Khalfan Ghailani fue capturado en Gujarat, Pakistán, en julio de 2004, detuvieron con él a su esposa, de nacionalidad uzbeka.
Las seis organizaciones de derechos humanos instan al gobierno de Estados Unidos a acabar definitivamente con el programa de detenciones e interrogatorios secretos de la CIA, y a hacer públicos la identidad, la suerte y el paradero de todas las personas que están o han estado recluidas en centros secretos operados o supervisados por el gobierno estadounidense en el marco de la “guerra contra el terror”.
En relación con este asunto, Amnistía Internacional Estados Unidos, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York han interpuesto hoy una demanda ante un tribunal federal, con arreglo a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, para pedir que se hagan públicos los datos relativos a los detenidos “desaparecidos”, incluidos los detenidos “fantasma” o no registrados. Estas tres organizaciones presentaron solicitudes, en virtud de la mencionada ley, ante diversos organismos federales estadounidenses, entre ellos los Departamentos de Justicia y Defensa y la CIA. Las solicitudes tienen por objeto obtener información sobre personas que están o han estado recluidas por el gobierno estadounidense o con su participación, en los casos en los que no hay constancia pública de las detenciones. Aunque algunos departamentos presentaron documentos que contenían escasos datos relevantes, ningún organismo proporcionó una lista de personas recluidas en secreto ni una evaluación de la legalidad del programa de detenciones secretas.
Se sabe que los documentos solicitados por estas organizaciones existen. En septiembre de 2006, el presidente George W. Bush reconoció públicamente la existencia de prisiones secretas administradas por la CIA; 14 detenidos de esos centros fueron trasladados a Guantánamo, y el Departamento de Justicia estadounidense ha realizado un análisis en el que concluye que el programa de detenciones secretas es legal.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca han publicado información sobre la ubicación de las prisiones, la identidad de los detenidos ni los métodos de interrogatorio utilizados. Esto impide el examen de la opinión pública o de los tribunales, y deja a los detenidos expuestos a abusos como la tortura u otros malos tratos.
Debido al secretismo que rodea al programa, nadie ajeno al gobierno estadounidense sabe exactamente cuántas personas han estado recluidas y cuántas siguen “desaparecidas”. El traslado de Abd al-Hadi al-Iraqi de la custodia de la CIA a Guantánamo, efectuado en abril de 2007, pone de manifiesto que el programa continúa operativo, a pesar de que algunos detenidos hayan sido trasladados a prisiones situadas en otros países, posiblemente como forma de detención por encargo. Según el informe publicado hoy, algunos detenidos en paradero desconocido podrían haber sido enviados a países donde corren el riesgo de sufrir tortura y donde continúan recluidos en secreto, sin cargos ni juicio.
Las entrevistas con individuos que han estado recluidos en prisiones secretas de la CIA pero que han quedado en libertad indican que con frecuencia se ha aprehendido a detenidos de escasa importancia lejos de los campos de batalla y se los ha recluido en régimen de aislamiento durante años sin permitirles que presentasen recurso jurídico alguno ni que mantuviesen contacto con sus familiares o con organismos externos. Quienes han recuperado la libertad no han recibido reconocimiento alguno de su detención ni ningún resarcimiento jurídico o económico.
Declaraciones: Clive Stafford Smith, director jurídico de Reprieve, ha afirmado: "Ya es hora de que el gobierno de Estados Unidos admita su responsabilidad: estos 39 individuos llevan años en paradero desconocido y los indicios muestran que estuvieron recluidos bajo custodia estadounidense en algún momento. ¿Dónde están ahora y qué se ha hecho con ellos?"
Joanne Mariner, directora del programa sobre terrorismo y antiterrorismo de Human Rights Watch, ha señalado: “Lo que preguntamos es dónde se encuentran actualmente estos 39 hombres y qué les ha ocurrido desde que “desaparecieron”. Ya es un abuso grave que los hayan recluido en prisiones secretas de la CIA. Ahora tememos que los hayan trasladado a países en los que corren el riesgo de seguir detenidos en secreto y sufrir más abusos”.
La profesora Meg Satterthwaite, directora de facultad del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, ha señalado: "Desde que terminaron las guerras sucias de América Latina, el mundo ha rechazado el recurso a las ‘desapariciones’ por considerarlas una violación flagrante del derecho internacional. Pese a esta condena universal, nuestra investigación muestra que Estados Unidos ha intentado hacer desaparecer en igual medida a las personas de la lista y al Estado de derecho. Estados Unidos no puede hacer caso omiso de los derechos humanos ocultando a detenidos en lúgubres ‘lugares negros’. Las desapariciones forzadas son ilegales, con independencia de quién las lleve a cabo”.
Vincent Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, ha dicho: "Nuestro cliente, Majid Khan, fue sometido a tortura y otros abusos durante tres años bajo custodia secreta de la CIA. Su familia ignoraba por completo su paradero: ni siquiera sabía si estaba vivo. La única razón para hacer desaparecer a alguien es poder actuar al margen de la ley y a espaldas de la opinión pública. Las detenciones ‘fantasma’ son incompatibles con el respeto básico por los derechos humanos y el Estado de derecho. El gobierno estadounidense debe poner fin de inmediato a esta práctica vergonzosa”.
Moazzam Begg, portavoz de Cageprisoners y ex detenido de Guantánamo, ha afirmado: “Representar a personas detenidas por la democracia más poderosa del mundo se ha convertido en un ejercicio de cazar fantasmas, más que en la tarea de lograr que se imparta justicia. Conceptos tales como ‘hábeas corpus’ no tienen significado alguno para las personas detenidas en “lugares negros” o en agujeros más oscuros y siniestros. Para muchos de los detenidos, simplemente obtener el derecho a decir la verdad sin que sea necesario eludir la firma de una confesión falsa tiene más significado que el hecho de estar recluido”.
Claudio Cordone, director general de Investigación de Amnistía Internacional, ha declarado: “No se cuestiona el deber que tienen los gobiernos de proteger a las personas de los actos de terrorismo. Pero, sin lugar a dudas, sí han de ponerse en tela de juicio la detención de hombres, mujeres e incluso menores, y su traslado a lugares secretos en los que no existen las más básicas garantías sobre las condiciones de reclusión. El gobierno estadounidense debe poner fin a esta práctica ilegal y moralmente repugnante de una vez por todas”.
Peticiones de Amnistía Internacional al Gobierno español Con motivo de la reciente visita a España de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, Amnistía Internacional se dirigió al Presidente del Gobierno español para que tratara en sus reuniones bilaterales el caso de Setmariam Nasar. La organización no tiene conocimiento de que se abordara este asunto.
Con la publicación de este informe, la organización se dirige nuevamente al Gobierno español para que pregunte a las autoridades estadounidenses por este caso. Igualmente, pide que inste al Gobierno de Estados Unidos a hacer públicos la identidad y el paradero de todas las personas que están “desaparecidas”. Asimismo, España debe firmar y posteriormente ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aprobada por Naciones Unidas el pasado diciembre. Información del caso de Setmariam Nasar, ciudadano español de origen sirio El 1 de noviembre de 2005 o en fechas cercanas a ese día, Mustafa Setmariam Nasar, ciudadano español de origen sirio, fue detenido en Quetta, Pakistán, por autoridades paquistaníes. En noviembre de 2004, Nassar Setmariam apareció en la lista de "Los Terroristas Más Buscados" del FBI y el 18 de noviembre de 2004 el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información sobre su paradero a través del programa "Recompensas por la Justicia". Se describía a Setmariam Nasar como un miembro de Al Qaeda y antiguo instructor en los campos de entrenamiento de Afganistán. Otros informes describen a Setmariam Nasar como ideólogo y estratega, más conocido por sus escritos. Setmariam Nasar también está buscado en España por su conexión con actividades de Al-Qaeda, es una de las 35 personas que aparecen en el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en septiembre de 2003.
En abril y mayo de 2006, agentes de inteligencia de Pakistán confirmaron que Setmariam Nasar era buscado por las autoridades estadounidenses y sirias, que había sido entregado a la custodia de EE.UU. al menos dos meses antes y que no se encontraba en Pakistán. Alrededor de esas fechas, en marzo de 2006, el nombre de Setmariam Nasar fue eliminado de al menos una de las listas gubernamentales de EE.UU. sobre terroristas sospechosos. El 19 de julio de 2006, su nombre se incluyó en la lista de "terroristas que ya no constituyen una amenaza". Desde entonces no se ha publicado más información sobre la suerte de Setmanriam Nasar por parte del gobierno de EEUU y su paradero continua oficialmente sin ser explicado.
