Roma.– Un mundo libre de la pena de muerte sería posible si los gobiernos clave estuvieran dispuestos a demostrar su liderazgo político, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional aboga por la suspensión universal de las ejecuciones. Sólo seis países –Irán, Irak, Sudán, Pakistán, Estados Unidos y China– fueron responsables del 91 por ciento del número total de ejecuciones realizadas en 2006. Estos ejecutores a ultranza están aislados y no actúan en consonancia con la tendencia mundial” ha asegurado Irene Khan.
Sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos en 1977. Treinta años después sigue creciendo el número de países abolicionistas, lo que está creando el impulso necesario para acabar con la pena capital. En 2006, Filipinas se unió a los 99 países que ya habían abolido la pena capital para los delitos comunes. Otros muchos están a punto de hacerlo, entre ellos Corea del Sur.
En África sólo hubo ejecuciones en seis países en 2006. En Europa, Bielorrusia es el único país que sigue aplicando la pena capital. Y en América, Estados Unidos es el único país que ha realizado ejecuciones desde 2003.
Según datos de Amnistía Internacional, el número mundial de ejecuciones descendió de 2.148 en 2005 a 1.591 en 2006.
Irak pasó a engrosar la lista de máximos ejecutores del mundo en 2006. La aplicación de la pena de muerte ha crecido rápidamente en este país desde su restablecimiento a mediados de 2004. Más de 270 personas han sido condenadas a muerte desde entonces, y los informes recibidos indican que al menos se ha ejecutado a 100. En 2004 no se recibieron informes de ejecuciones, y al menos tres hombres fueron ejecutados en 2005. En 2006, el escándalo que suscitó en todo el mundo el ahorcamiento televisado de Sadam Husein en diciembre eclipsó el dato de verdad relevante de que el índice de ejecuciones en Irak había aumentado drásticamente durante el año, con más de 65 personas ejecutadas por ahorcamiento, de las cuales al menos 2 eran mujeres.
El índice de ejecuciones en Irán prácticamente se duplicó en relación con 2005: al menos 177 personas ejecutadas. En 2006, Pakistán ingresó en la lista de ejecutores máximos con al menos 82 ejecuciones. En Sudán fueron ejecutadas al menos 65 personas; se pensaba que el número real era superior. Y en Estados Unidos se realizaron 53 ejecuciones en 12 estados. Irán y Pakistán fueron los únicos países que en 2006 ejecutaron a personas (4 y 1, respectivamente) por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que constituye una violación del derecho internacional.
China sigue siendo el máximo ejecutor mundial. Amnistía Internacional documentó en este país más de 1.000 ejecuciones en 2006. La información sobre la aplicación de la pena de muerte es secreto de Estado en China, y se piensa que el número real de ejecuciones podría elevarse a 8.000.
“Los datos sobre la pena de muerte en 2006 son imperdonables, pero hasta las autoridades de Irak y China, dos de los países que más personas ejecutan, han expresado su deseo de ver el fin de la aplicación de la pena capital en sus respectivos países” ha manifestado Irene Khan.
Amnistía Internacional ha querido destacar varios casos que ponen de manifiesto el carácter cruel, arbitrario e injusto de la pena de muerte y el terrible sufrimiento que causa una ejecución:
El ciudadano srilankés Sanjaya Rowan Kumara fue ejecutado en noviembre de 2006 en Kuwait. Se declaró su muerte inmediatamente después del ahorcamiento pero, cuando trasladaban su cuerpo al depósito, el personal médico observó que seguía moviéndose. Al examinarlo descubrieron que su corazón aún latía débilmente. Su muerte se declaró definitivamente cinco horas después del comienzo de la ejecución.
En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Jeb Bush, suspendió todas las ejecuciones en el estado en diciembre de 2006 y nombró una comisión para que estudiase “la humanidad y constitucionalidad de la inyección letal”. Esta decisión se adoptó a raíz de la ejecución de Ángel Díaz, quien antes de ser declarado muerto estuvo padeciendo durante 34 minutos. Más tarde se descubrió que las sustancias químicas letales le habían sido inyectadas en tejido blando y no en vena.
En Irán, un hombre y una mujer fueron lapidados hasta morir en mayo de 2006 por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, a pesar de que el presidente de la magistratura había declarado una suspensión de las ejecuciones por lapidación en 2002. En este país, las piedras empleadas en esta práctica son seleccionadas por su tamaño para causar una muerte lenta y no instantánea.
El peligro de ejecutar personas que son inocentes del delito por el que han sido condenadas siempre estará presente mientras se aplique la pena de muerte. En 2006, tres personas fueron declaradas inocentes en Jamaica, Tanzania y Estados Unidos después de haber estado varios años en espera de su ejecución.
Se calcula que actualmente hay unas 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo, en espera de ser ejecutadas por el Estado.
“La pena de muerte es la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante. Es arbitraria, no ha demostrado su eficacia para reducir los índices de delincuencia y genera un entorno de violencia permanente que hace imposible alcanzar la verdadera justicia –ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional–. La pena de muerte debe ser abolida, y un paso importante hacia su abolición será la suspensión universal.”
