Madrid.- Apenas cinco días antes de la fecha en que estaba programado el desalojo, Kaoutar Alouat Nechim-Messaoui, de 27 años y con dos hijos de 7 y 9, recibieron la notificación del juzgado de 1ª instancia e instrucción nº5 de Colmenar Viejo de la suspensión del lanzamiento hasta que acabe el curso escolar. Las organizaciones Amnistía Internacional y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han acogido con satisfacción la buena noticia, pero exigen a las autoridades una solución para esta mujer, víctima de violencia de género, que llevaba seis años, entre 2011 y 2016, solicitando una vivienda social y viviendo en diversas habitaciones de casas compartidas, hasta que por su situación económica ocupó una vivienda del IVIMA que se encontraba vacía (actual Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid). La campaña a través de Change.org iniciada por la víctima ha logrado hasta el momento el apoyo de más de 96.000 personas.
“Esto no deja de ser un desalojo en diferido: una buena noticia momentánea para Kaoutar, pero no la solución definitiva porque, tal y como indican los estándares internacionales de derechos humanos, es necesario ofrecer una vivienda alternativa, especialmente para las personas más vulnerables. El derecho a la vivienda es un derecho humano”, explica Safira Cantos, portavoz de Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid.
"Cada día más personas están conociendo y sumándose a la petición de Kaoutar que pide a la Comunidad de Madrid que no le dejen en la calle. Los desahucios siguen existiendo y es importante que los ciudadanos sigan movilizándose para pararlos y garantizar el derecho a una vivienda digna", explica Javier Sánchez, Director de Comunicación y Campañas en Change.org.
“En Tres Cantos, donde vive Kaoutar y sus dos hijos pequeños, hay viviendas vacías de la Agencia de Vivienda Social(AVS), pero están cerradas y chapadas con una puerta de acero. Dice la AVS que las están reparando pero allí no entra ningún obrero. Desde la PAH Sierra Norte ofrecemos nuestras manos para arreglar una y que Kaoutar y sus hij@s puedan estar tranquil@s cerca de su familia, de sus amigos y en dónde sus hij@s están escolarizados.”, señala la PAH Sierra Norte.
“Gasto mis fuerzas en seguir luchando por mis hijos día a día. Por vivir como una familia normal. Dignamente. Solo eso. Gracias a todas las personas que me están ayudando para tener un hogar y no quedarnos en la calle”, ha señalado Kaoutar. Más información Debido a sus dificultades económicas y siendo además víctima de violencia de género, Kaoutar Alouat Nechim-Messaoui, actualmente con 27 años y con dos hijos de 7 y 9, decidió solicitar una vivienda social en 2011. Lo hizo, sin éxito, durante seis años, hasta 2016. Mientras tanto, fue pasando de casa en casa, alquilando una habitación con sus hijos en viviendas compartidas. Finalmente, después de lograr divorciarse de un marido maltratador, ante la falta de respuesta de las autoridades y viendo de cerca el riesgo de quedarse en la calle, decidió ocupar una vivienda propiedad del IVIMA (actual Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) que se encontraba vacía, al parecer, desde hace varios años. A pesar de que tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas como el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, han pedido la paralización del desalojo hasta que se resuelva su situación, Kaoutar se enfrenta a dos procesos dolorosos: el de la expulsión de la que ha sido su vivienda en los últimos 19 meses, sin alternativa de vivienda; y otro penal, por el que ha sido condenada a una pena de multa por usurpación, a pesar de que en la propia sentencia se aprecia que ocupó la vivienda por “estado de necesidad”. La vivienda es un derecho humano que implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España, y otros instrumentos internacionales, los Estados tienen el deber de adoptar medidas para proveer de vivienda alternativa a las personas que han sufrido un desalojo y que puedan quedar sin techo. En especial, los Estados partes deben prestar atención a los casos en que los desalojos afecten a mujeres, menores, personas mayores o personas con diversidad funcional así como individuos pertenecientes a colectivos vulnerables. Asimismo los Estados deben garantizar políticas de vivienda que aseguren la disponibilidad de vivienda asequible para la población en proporción a sus ingresos.
