“Las autoridades libanesas deben dejar inmediatamente de deportar a personas refugiadas de vuelta a Siria”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en medio del temor de que estas personas corran riesgo de sufrir tortura o persecución a manos del gobierno sirio a su regreso.
La semana pasada, las Fuerzas Armadas Libanesas asaltaron casas ocupadas por familias sirias en diferentes lugares del país —incluido Bourj Hammoud, en Beirut— y deportaron a Siria a decenas de personas refugiadas que habían entrado en el país de forma irregular o tenían tarjetas de residencia caducadas.
Mohammed, hermano de un refugiado deportado por el ejército libanés, dijo a Amnistía Internacional que logró contactar con su hermano, que le informó de que el ejército había llevado a las personas refugiadas directamente a la frontera y las había entregado al ejército sirio. Dijo también que muchas de ellas están inscritas en el registro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Es muy alarmante ver que el ejército decide la suerte de las personas refugiadas sin respetar las garantías procesales ni permitir que las afectadas recurran contra su expulsión ante un tribunal o pidan protección. Ninguna persona refugiada debería ser devuelta a un lugar donde su vida correrá peligro”, dijo Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África.
“Con arreglo al principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional consuetudinario, Líbano tiene la obligación de no devolver a nadie a un país donde correría peligro de sufrir tortura o persecución. En lugar de vivir con temor tras huir de las atrocidades en Siria, las personas refugiadas residentes en Líbano deberían estar protegidas de asaltos arbitrarios y deportaciones ilegítimas”.
Más de 100 personas refugiadas, recluidas en el lado sirio de la frontera desde el miércoles, conocerán su suerte mañana, según el hermano de Mohammed. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado que personas refugiadas que han sido devueltas a Siria sufrieron violaciones graves de derechos humanos, incluida la tortura y la desaparición forzada, a manos del gobierno sirio.
Mohammed dijo a Amnistía Internacional que el gobierno sirio buscaba a su hermano por haber eludido el servicio militar. El ejército libanés lo llevó a él, a su esposa y a su hija directamente desde su casa en Bourj Hammoud a la frontera con Siria. Mohammedi contó que, a pesar de que su hermano estaba inscrito en el ACNUR, no se le había ofrecido la posibilidad de ejercer su derecho a recurrir contra su orden de deportación. También dijo que se había informado al ACNUR.
Según Mohammed, debido a la reciente oleada de deportaciones, él y su familia viven con temor y evitan salir de su casa.
“Al mismo tiempo que no hay excusa para que Líbano viole sus obligaciones legales, la comunidad internacional debería redoblar su ayuda y, en especial, sus programas de reasentamiento y vías alternativas, para ayudar a Líbano a hacer frente a la presencia de alrededor de 1,5 millones de personas refugiadas en el país”, afirmó Aya Majzoub.
El principio de no devolución es una norma vinculante del derecho internacional consuetudinario que prohíbe a los Estados devolver a personas a un lugar donde correrían el riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. Cualquier persona en peligro de ser deportada debe tener la oportunidad de acceder a asistencia jurídica, reunirse con el ACNUR y recurrir contra su deportación ante los tribunales.
Información complementaria
En 2019, el Consejo Superior de Defensa de Líbano, organismo responsable de implementar la estrategia de defensa nacional de este país, ordenó a las agencias de seguridad que deportaran a las personas sirias que entrasen en Líbano a través de pasos fronterizos ilegales. En una carta enviada en diciembre de 2020 a Amnistía Internacional, la Dirección de Seguridad General confirmó que las autoridades habían deportado a 6.002 personas sirias desde mayo de 2019, 863 de ellas en 2020. Las deportaciones se detuvieron parcialmente en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.
En un informe de septiembre de 2021, Amnistía Internacional documentó toda una serie de terribles violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de inteligencia sirios contra 66 personas retornadas, entre las que había 13 niños y niñas que en su mayoría habían regresado desde Líbano, dos de ellos deportados.
Agentes de los servicios de inteligencia de Siria han sometido a mujeres, niñas, niños y hombres retornados a detenciones arbitrarias o ilegítimas, tortura y otros malos tratos, entre ellos violación, violencia sexual y desaparición forzada. Estas violaciones de derechos humanos fueron consecuencia directa de que se los consideraba afines a la oposición política siria, sólo debido a su condición de refugiados.
