La nueva ley promulgada por el presidente egipcio Mohamed Morsi, en cuya virtud se confieren poderes policiales al ejército, es una peligrosa laguna jurídica que podría desembocar en juicios militares a civiles, ha advertido Amnistía Internacional.
El decreto promulgado el 9 de diciembre establece que todos los oficiales del ejército tendrán derecho a ejercer facultades policiales hasta que se anuncien los resultados del referéndum sobre el proyecto de Constitución, cuya celebración está prevista el 15 de diciembre.
“Teniendo en cuenta el historial del ejército durante el tiempo que estuvo en el poder, periodo en el que murieron más de 120 manifestantes y más de 12.000 civiles fueron juzgados injustamente por tribunales militares, esto sienta un precedente peligroso”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Por otra parte, no se ha revocado la nueva ley para “proteger la revolución”, que permite que los fiscales ordenen la prisión preventiva sin juicio durante un máximo de seis meses de cualquier persona mientras se la investiga por infracciones relacionadas con la prensa y los medios de comunicación, la organización de protestas, huelgas y “matonismo”.
“Estas disposiciones restrictivas se vienen utilizando habitualmente para castigar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación”, añadió Hadj Sahraoui.
“En aplicación de este decreto, que recuerda la denunciada Ley del Estado de Excepción, cualquier persona podría permanecer seis meses en prisión por cargos falsos antes de ser procesada.”
