Londres.- Amnistía Internacional condena los atentados que se están cometiendo contra políticos y periodistas en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 9 de agosto y pide al gobierno que garantice que los comicios se celebran en un clima que permite a los ruandeses expresar libremente sus opiniones.
El asesinato, a finales de junio y mediados de julio, de un periodista y de un político de oposición, críticos con el partido gobernante, el Frente Patriótico Ruandés, ha creado un clima de represión que podría inhibir la libertad de expresión antes de las elecciones, ha explicado la organización.
“En los últimos meses, los homicidios, detenciones y cierres de periódicos y otros medios informativos han consolidado un clima de temor –ha manifestado el director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para África, Tawanda Hondora–. El gobierno ruandés debe garantizar que las investigaciones sobre los homicidios son exhaustivas y reabrir los medios de información cerrados."
El 14 de julio se encontró muerto en Butare, en el sur de Ruanda, a André Kagwa Rwisereka, vicepresidente del grupo de oposición Partido Verde Democrático. Amnistía Internacional ha conseguido fotografías que muestran que le cortaron la cabeza.
Según informes, en las semanas previas a su asesinato Rwisereka, que había dejado el Frente Democrático para crear el Partido Vede, temía por su seguridad. Otros miembros de su partido han dicho que también recibieron amenazas. La investigación de la muerte de Rwisereka continúa, pero no se han reunido pruebas suficientes para presentar cargos, según el fiscal.
Ninguno de los principales partidos de oposición puede concurrir a las elecciones del lunes. Al Partido Verde Democrático de Ruanda y a FDU-Inkingi se les ha impedido celebrar las reuniones necesarias para registrarse.
El único partido nuevo de oposición que ha conseguido registrarse, PS-Imberakuri, no puede concurrir por haber sido detenido el 24 de junio su líder, Bernard Ntaganda, acusado de “ideología genocida” y “divisionismo” en aplicación de imprecisas leyes dirigidas aparentemente a restringir la apología del odio pero que suelen utilizarse para silenciar la disidencia pacífica.
Todavía tiene que ser sometida a juicio la líder de la oposición Victoire Ingabire, detenida en abril y acusada de "ideología genocida", “minimización del genocidio”, “divisionismo” y “colaboración con un grupo terrorista”. En mayo, el fiscal dijo que la investigación podría durar hasta un año, por lo que se descartaba la celebración del juicio antes de las elecciones.
“Mientras no se realice una investigación independiente que revele la verdaderas circunstancias del asesinato de Rwisereka, persistirá entre los ruandeses el temor de que su muerte esté relacionada con sus actividades de oposición –ha afirmado Tawanda Hondora–. Debido a ello, podrían ser reacios a expresarse.”
El 24 de junio mataron a tiros a la puerta de su casa, en la capital ruandesa, Kigali, a Jean-Leonard Rugambage, periodista del periódico Umuvugizi que estaba investigando un atentado contra el ex general exiliado Kayumba Nyamwasa, contra quien habían disparado en Sudáfrica. El día de su asesinato, Umuvugizi había publicado un artículo en el que se vinculaba a agentes de los servicios de inteligencia ruandeses con el atentado. Se ha detenido a dos personas por el asesinato de Rugambage, y están actualmente en espera de juicio.
En el periodo preelectoral se han desmantelado de hecho medios de comunicación ruandeses críticos con el gobierno. A finales de julio, el Consejo Superior de Medios de Comunicación de Ruanda, órgano regulador próximo al partido gobernante, prohibió unos 30 medios informativos por considerar que habían incumplido una ley de información de 2009. La ley restringe la libertad de los medios de comunicación.
En julio fue detenida Agnes Nkusi Uwimana, directora del periódico Urubayo, acusada de “ideología genocida”. Otros dos directores de periódico han huido del país en los últimos meses, tras haber sido prohibidas temporalmente sus publicaciones y haber recibido reiteradas amenazas.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia y España han expresado ya públicamente su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ruanda durante el periodo preelectoral. Amnistía Internacional pide que lo hagan también otros países.
“Ningún país debe ser testigo silencioso de la represión preelectoral –ha señalado Tawanda Hondora–. La mejor forma de garantizar que el próximo gobierno ruandés respeta los derechos humanos es denunciar los abusos contra ellos.”
