El Fiscal General del Estado, en su memoria anual, ha incluido actividades de las organizaciones ecologistas Extinction Rebelion y Futuro Vegetal bajo el epígrafe “Terrorismo Nacional”. Amnistía Internacional reclama a esta institución que considere el carácter pacífico de las actividades de estas organizaciones, y reconozca que sus acciones están amparadas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. El año pasado dicha memoria ya incluyó acciones de organizaciones ecologistas dentro del apartado “terrorismo internacional", indicando que esos grupos se estaban asentando en España.
“La desobediencia civil pacífica forma parte de la libertad de expresión y debe ser protegida por todas las instituciones del Estado, incluido el Ministerio Fiscal. Presentar cargos de terrorismo contra participantes en acciones de protestas pacíficas es una limitación indebida de la libertad de expresión y reunión y puede tener un efecto disuasorio, lo que supone una clara amenaza al derecho de protesta en nuestro país”, apuntó el portavoz de Amnistía Internacional, Daniel Canales.
Amnistía Internacional lamenta que la “amplia y vaga” definición de los delitos de terrorismo en el Código Penal permita calificar como actos terroristas acciones de protesta pacíficas, como las que realizan estos grupos ecologistas. La organización ha pedido en innumerables ocasiones la reforma de los delitos de terrorismo del Código Penal para asegurarse de que no contienen definiciones excesivamente generales o imprecisas ni se rebasa la definición de “actos terroristas” formulada por el relator de la ONU sobre este asunto.
Información complementaria
Los actos de desobediencia civil implican el incumplimiento de una norma de forma premeditada por razones de conciencia o porque se entiende como la forma más efectiva para expresar una disconformidad social o política.
La acción de Extinction Rebellion y Scientist Rebellion en las escaleras del Congreso de los Diputados fue incluida, entre otras acciones de estos grupos, en el informe “Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España” como un ejemplo de desobediencia civil.
