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Chuckie Taylor, hijo del ex dirigente de Liberia, condenado por tortura

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción ante la condena de Chuckie Taylor, hijo del ex presidente de Liberia Charles Taylor, por tortura y otros delitos relacionados –aplicar descargas eléctricas en los genitales, quemar a las víctimas con cigarrillos y hierros calientes y derretir plástico en las heridas y frotarlas con sal– cometidos en Liberia. Se trata de la primera condena en virtud de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura de Estados Unidos dictada desde la entrada en vigor de la ley, en 1994. Chuckie Taylor es también la primera persona juzgada y condenada por crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la década de conflicto de Liberia, que acabó en 2003. Chuckie Taylor podría ser condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua.

Se trata de un caso histórico”, ha dicho Tania Bernath, investigadora de Amnistía Internacional sobre Liberia. “Indica que Estados Unidos por fin está dispuesto a investigar y procesar a las personas que están en su territorio acusadas de tortura y otros delitos de derecho internacional. Envía un importante mensaje: que el número de lugares seguros para la tortura y otros delitos de derecho internacional sigue disminuyendo”.

Estados Unidos no ha procesado a nadie más en aplicación de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura en los últimos 14 años, a pesar de numerosas denuncias según las cuales había cientos de personas en Estados Unidos sospechosas de tortura. Amnistía Internacional espera que esta condena indique que Estados Unidos va a comenzar ya a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas. Es decir, va a comenzar a ejercer la jurisdicción universal sobre todas las personas que se encuentran en su territorio y sujetas a su jurisdicción acusadas de cualquier acto de tortura, intento de tortura o participación en esta práctica. Por consiguiente, la organización expresó su satisfacción por la declaración efectuada ayer por el fiscal estadounidense Alexander Acosta, según el cual, aunque este caso era “el primero de su clase”, eso “no significa que sea el último”.


Además, la organización espera que Liberia promulgue leyes eficaces y que los fiscales liberianos comiencen ahora a investigar y, cuando haya pruebas admisibles suficientes, a procesar a las otras muchas personas sospechosas de cometer tortura y otros crímenes contra el derecho internacional en Liberia durante los últimos 10 años.
 
Información complementaria
Un jurado acusatorio federal estadounidense presentó el 6 de diciembre de 2006 acta de acusación formal contra Roy Belfast, Jr. (también conocido como Charles o Chuckie Taylor, Charles Taylor II y Charles MacArthur Emmanuel), ciudadano estadounidense, por tortura y conspiración para la tortura, cometidas presuntamente mientras fue jefe de la Unidad Antiterrorista del ex presidente liberiano Charles Taylor. El juicio comenzó el 28 de septiembre de 2008 en Miami, donde Taylor había sido detenido inicialmente por falsificación de pasaporte, ante la Corte Federal de Primera Instancia del distrito sur de Florida.
 
La ley federal contra la tortura autoriza a las cortes federales estadounidenses ejercer la jurisdicción universal sobre personas halladas en Estados Unidos y sospechosas de actos de tortura cometidos en cualquier lugar del mundo. La ley se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los que se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se cometieron los delitos.

El juicio de Chuckie Taylor tuvo lugar al mismo tiempo que su padre, Charles Taylor, era juzgado en el Tribunal Especial para Sierra Leona de La Haya. El ex presidente, juzgado por delitos presuntamente cometidos en Sierra Leona, se enfrenta a 11 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El conflicto de Liberia se caracterizó por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1989 y 2003. En 2006, un nuevo gobierno subió al poder. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido investigado y procesado en Liberia por tortura o cualquier otro crimen contra el derecho internacional. Además, el gobierno liberiano no ha promulgado la legislación necesaria que tipifique la tortura como delito en la legislación nacional con arreglo a la definición de la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional cree que, del mismo modo que los fiscales estadounidenses han comenzado ya a asumir sus responsabilidades, en virtud de la Convención contra la Tortura, de investigar y procesar a las personas sospechosas de haber cometido crímenes contra los ciudadanos de Liberia, el gobierno de este país debería promulgar y aplicar sin demora las leyes necesarias.