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China debe anular condena a muerte de ciudadano canadiense por delitos de drogas

AP Images

Ante la condena a muerte impuesta por un tribunal chino al ciudadano canadiense Robert Schellenberg por narcotráfico, William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China, ha comentado:

La condena a muerte impuesta a Robert Schellenberg no sirve a la justicia. Instamos a las autoridades chinas a que la anulen. Los delitos relacionados con las drogas no cumplen las normas internacionales sobre el uso de la pena capital.

“El sistema de la pena de muerte de China está rodeado de secreto, lo que contribuye a que muchas personas se cuestionen el momento en que se ha tomado esta decisión. Hemos visto en ocasiones anteriores que en casos muy politizados el juicio es a menudo un mero espectáculo cuyo resultado ya está decidido.

“El repentino nuevo juicio y la aparente prisa para dictar sentencia ha puesto de relieve las numerosas deficiencias del sistema judicial chino. Esperamos que Robert Schellenberg y su abogado defensor tengan tiempo suficiente para preparar y responder a las nuevas pruebas de la acusación cuando el caso sea visto finalmente en apelación".

Información complementaria

Robert Schellenberg había sido condenado a 15 años de prisión por narcotráfico, cargo que niega, en su juicio original, celebrado en noviembre de 2018 ante el Tribunal Popular Intermedio de Dalian, en la provincia nororiental china de Liaoning. En la vista de la apelación, celebrada el 29 de diciembre de 2018, los fiscales dijeron que habían descubierto nuevas pruebas y alegaron que la condena original era demasiado suave. Schellenberg fue condenado a muerte en un nuevo juicio celebrado ante el mismo Tribunal Popular Intermedio de Dalian el lunes.

China ejecuta a más personas que ningún otro país del mundo; sin embargo, el número de condenas a muerte impuestas y el de ejecuciones realizadas están rodeados de secreto. Las autoridades siguen ejecutando a un número significativo de personas por delitos relacionados con las drogas y de otro tipo que no cumplen el criterio de “los más graves delitos” a los que debe estar restringido el uso de la pena capital según el derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de revisar su legislación penal para garantizar que no se impone la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición total.