“Hace dos años, miles de personas en Chile salieron valientemente a las calles para exigir mayor igualdad y derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social, a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva, entre otras graves violaciones a los derechos humanos – situación que, hasta ahora, el gobierno ha persistido en negar o minimizar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha demostrado que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas. En este aniversario, Amnistía Internacional recuerda que la justicia y la reforma estructural de Carabineros son pasos fundamentales para que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a suceder.
“Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías. Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos. A dos años del estallido, las investigaciones apenas avanzan. La Fiscalía debe investigar sin demoras la responsabilidad de toda la línea de mando, hasta el más alto nivel. Esperamos que este informe ayude a acabar con esta prolongada e inaceptable impunidad”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Omisión deliberada e impunidad
El informe presentado a la Fiscalía analiza la responsabilidad penal individual de aquellos superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.
La omisión – que ha costado la vida y la integridad de tantas personas – se tradujo en la escasa o nula exigencia de responsabilidades administrativas por parte de los superiores competentes y el escaso funcionamiento de los mecanismos de control interno tras la comisión de los crímenes y violaciones de derechos humanos. También, de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución, por ejemplo en casos como los de Alex Núñez, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
Este ambiente defavorecimiento e impunidad es claro al constatar que, dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte de Carabineros, el entonces Director de Orden y Seguridad no solo no ha sido investigado por su rol y responsabilidad durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director. El anterior General Director no fue removido de su cargo por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, incluidas muertes, torturas y otros malos tratos documentadas en el informe de la organización.
Esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido. Hasta el día de hoy, se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural.
Urgente reforma de Carabineros
Como ha venido señalando Amnistía Internacional, es necesaria una reforma amplia y profunda de la institución Carabineros de Chile, a nivel normativo y cultural, para garantizar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre uso de la fuerza.
Por esta razón es que, en el marco del segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional además lanzó el informe Policías bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas, resultado de una investigación que recopiló experiencias de toda la región – incluyendo Chile – de manera colaborativa con más de 100 representantes de la sociedad civil, la academia, funcionarios públicos y referentes en el tema.
Este informe recuerda que, para poner fin al abuso policial, el único camino es enfrentar un proceso de reforma estructural de estas instituciones a través de un amplio diálogo con la sociedad civil, que sea capaz de identificar patrones de violencia y formular mecanismos independientes, transparentes y participativos de investigación y rendición de cuentas, incluyendo la efectiva responsabilidad de los mandos.
En esta línea, el informe propone las cinco claves a las que hace referencia su título: primero, contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo del actuar policial; segundo, mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas; tercero, protocolos apropiados para investigar abusos policiales; cuarto, abordar las actuaciones policiales ilegales como un asunto estructural, y quinto, asegurar la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior.
Información complementaria:
Amnistía Internacional documentó cómo, durante las masivas manifestaciones de octubre del 2019, Carabineros de Chile cometieron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, especialmente al derecho a la integridad personal, y posibles crímenes de derecho internacional. De acuerdo con cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular. Estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario. Esta dimensión y constancia de las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido deliberadamente implementar ciertas medidas a su alcance.
