Londres.- Amnistía Internacional siente honda preocupación por la aparición de un fragmento de vídeo en Internet que muestra cómo dos migrantes (se sabe que uno de ellos es albanés) detenidos en la comisaría de policía de Omonia, en el centro de Atenas, son golpeados por la policía y obligados a abofetearse el uno al otro en repetidas ocasiones. El incidente tuvo lugar en junio de 2006, pero el vídeo no se puso en circulación hasta el 16 de junio de 2007. Según informes, el agente al mando que participó en los malos tratos afirmó ante los periodistas: “Lo hice para reírme un poco. No los golpeaba por ningún motivo en particular, sino simplemente porque quería que nos divirtiéramos un rato”. Él y otros tres agentes han sido suspendidos, y se ha emprendido una investigación.
Amnistía Internacional condena este incidente y acoge con satisfacción que las autoridades hayan emprendido medidas rápidamente tras la publicación del vídeo. Sin embargo, le preocupa que el vídeo haya surgido en medio de rumores de que existen otros vídeos y en un momento en el que profesionales de la abogacía y grupos de derechos humanos han informado a la organización de que están aumentando las denuncias de malos tratos en Grecia.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de un caso reciente, ocurrido el 8 de junio de 2007, en el que agentes de la jefatura de policía de Ática, situada en el centro de Atenas, infligieron presuntamente malos tratos a una joven moldava. Tres agentes vestidos de civil condujeron a la joven –que reside legalmente en Grecia con su familia desde hace cuatro años– a la comisaría en un coche sin identificativos después de registrar su casa y exigirle que mostrara su permiso de residencia y el de su padre. Al llegar a la comisaría, le dijeron que estaban buscando a su ex pareja y que querían que ella les diese su dirección. Al contestar ella que no sabía cuál era, los agentes le registraron el bolso y comprobaron el registro de llamadas de su teléfono móvil.
La joven afirma que luego tres agentes mujeres sin uniformar la llevaron a otra sala de la comisaría y que una de ellas la golpeó repetidamente en la cabeza y le causó un fuerte dolor. Ha referido también que a continuación las agentes le dijeron que se desnudase, se quedase en ropa interior y se pusiese de cara a la pared, y que una de ellas volvió a golpearla y le arrancó mechones de pelo.
Según la joven, la llevaron de vuelta a la primera sala y allí uno de los tres agentes varones volvió a preguntarle por el paradero de su ex pareja. La amenazaron con destruir su permiso de residencia y un agente le dijo: “traeremos aquí a tus padres para que pasen por lo mismo que tú. Te juzgará un tribunal y te mandaremos de vuelta a tu país junto con tus padres”. Uno de los agentes la agarró por el brazo y la amenazó con golpearla, y otro le dio una patada.
Al cabo de unas tres horas la dejaron en libertad, diciéndole que “desapareciese”, pero que los informara en el caso de que recibiese noticias de su ex pareja. La joven fue al hospital, pues sufría dolores de cabeza, mareos y náuseas. Se la examinó por rayos X y se le prescribió un collarín para el cuello.
Pese a que la joven ha afirmado que podría identificar a los agentes que participaron en los malos tratos, a que éstos le dieron el número de teléfono de la comisaría para que los informase sobre su ex pareja y a que al día siguiente presentó una denuncia por lesiones físicas, amenazas y extorsión, todavía no se han tomado medidas para investigar el incidente y procesar a los responsables.
Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a respetar las obligaciones jurídicas internacionales que han contraído en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Deben emprender sin demora investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de tortura u otros malos tratos, poner a los responsables a disposición judicial y garantizar reparaciones para las víctimas. Asimismo, han de asegurarse de que los agentes de policía reciben una formación completa para invertir la constante de violaciones de derechos humanos que, según las denuncias, comete la policía.
