“Las autoridades argelinas lanzaron una serie de medidas represivas que desembocaron en la detención de decenas de personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión en los meses previos a las elecciones legislativas celebradas el 12 de junio” ha afirmado Amnistía Internacional en un detallado análisis publicado hoy.
La organización ha documentado 37 casos de activistas que fueron detenidos injustamente por participar en protestas o expresar opiniones discrepantes entre el 26 de marzo y el 26 de mayo. Según grupos locales y activistas de derechos humanos, a 23 de junio hay al menos 273 activistas detenidos injustamente.
“Las autoridades argelinas han recurrido a todos los medios de los que disponían para aplastar la disidencia y silenciar a quienes protestaban desde el movimiento Hirak, llevando a cabo decenas de detenciones y de enjuiciamientos de activistas por cargos falsos sólo por haber participado en protestas o expresado opiniones políticas discrepantes”, dijo Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades argelinas deben poner fin urgentemente a estas restricciones represivas y garantizar que se respetan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de quienes protestan de forma pacífica, periodistas y activistas de derechos humanos. Todas las personas enjuiciadas y detenidas injustamente por ejercer sus derechos deben ser puestas en libertad y deben retirarse los cargos formulados contra ellas”.
Desde abril de 2021, las autoridades argelinas vienen recurriendo cada vez más al uso de los cargos de “terrorismo” y “conspiración contra el Estado” para enjuiciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, y a activistas de Hirak y han calificado de “terroristas” a dos organizaciones que expresan opiniones discrepantes: el grupo de oposición Rachad y el Movimiento para la Autodeterminación de la Cabila (MAK).
Según las investigaciones de Amnistía Internacional, desde marzo, las autoridades judiciales han acusado formalmente al menos a 17 activistas de delitos de “terrorismo”. Entre estas personas figuran el abogado Abderraouf Arslane, así como los defensores de los derechos humanos Kaddour Chouicha y Said Boudour, y la defensora Jamila Loukil quienes, junto con otras 12 personas activistas de Hirak, fueron enjuiciados por pertenecer a un grupo “terrorista” y “conspiración contra el Estado”.
El 8 de junio, las autoridades aprobaron una reforma del Código Penal que amplió la definición de terrorismo para incluir “tratar de obtener poder o de cambiar el sistema de gobierno por medios inconstitucionales”. Esta definición excesivamente general podría llevar a la criminalización de peticiones pacíficas de cambio de gobierno y a la ilegalización del movimiento de protesta Hirak, que reclama un cambio político radical en Argelia.
“La medida de las autoridades argelinas de calificar de terroristas a activistas pacíficos y su prisa por incluir una nueva definición general de terrorismo en su legislación son indicio de su estremecedora determinación de intimidar hasta el silencio a quienes las critican pacíficamente y de diezmar a la oposición política”, concluyó Amna Guellali.
El Ministerio del Interior argelino también ha tratado de disolver organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. En abril y mayo, pidió la suspensión o disolución de dos partidos: la Unión por el Cambio y el Progreso (UCP) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y la disolución de la organización de la sociedad civil Agrupación Acción Juvenil (RAJ).
El 30 de mayo, el Consejo Superior de la Magistratura de Argelia —entidad administrativa que carece de independencia por estar presidida por el presidente del país— cesó al juez Sadedin Merzoug por expresar sus opiniones de apoyo a la democracia y al movimiento Hirak en Argelia. Según el derecho internacional, la imposición de sanciones o castigos a jueces por expresar públicamente sus opiniones es ilegítima.
