Amnistía Internacional ha deplorado la ejecución de Sadam Husein hoy, 30 de diciembre de 2006, después de que el Tribunal de Apelaciones Iraquí ratificara la sentencia el pasado 26 de diciembre. La organización, que se opone por completo al uso de la pena de muerte, ha afirmado que le preocupa que el Tribunal de Apelaciones Iraquí no haya abordado las principales deficiencias del juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí al que se sometió al ex dictador, deficiencias estas que lo han convertido en un juicio injusto. "Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, porque constituye una violación del derecho a la vida y el castigo cruel, inhumano y degradante en grado máximo, pero la pena más extrema es especialmente espantosa cuando se impone como colofón a un juicio injusto", ha declarado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Próximo y Norte de África, de Amnistía Internacional. "Es aún más preocupante, en este caso, el que la ejecución pareciera un hecho inevitable tan pronto se pronunció la primera sentencia, con lo que el Tribunal de Apelaciones no ha hecho más que dar un barniz de legitimidad a un proceso que, en realidad, ha sido manifiestamente deficiente". Amnistía Internacional ha señalado también que, en su momento, acogió con satisfacción la decisión de llevar a Sadam Husein ante la justicia por los crímenes cometidos bajo su mandato, lo que debería haberse hecho siguiendo el debido proceso. "El juicio a Sadam Husein tenía que haber constituido una contribución fundamental para el establecimiento de la justicia y para asegurar la verdad y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos generalizadas que se perpetraron durante su gobierno. Sin embargo, el juicio ha estado plagado de irregularidades", ha añadido Malcolm Smart. "Muchas personas sólo verán en este juicio la aplicación de 'la justicia del vencedor' y, desafortunadamente, no contribuirá en absoluto a erradicar la implacable ola de homicidios políticos". Sadam Husein fue condenado a la pena capital el 5 de noviembre de 2006, al ser declarado culpable de la muerte de 148 personas en la localidad de Al Dujail, tras sufrir allí un intento fallido de asesinato en 1982. El juicio, que se inició en octubre de 2005 –casi dos años después de que Sadam Husein fuera capturado por las fuerzas estadounidenses– finalizó el pasado julio. El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia el 26 de diciembre de 2006, y el juez Arif Shaheen confirmó que ésta debía ejecutarse en un plazo de 30 días a partir de que el presidente iraquí, Jalal Talabani, o su delegado en su caso, firmara la ratificación de la sentencia. El juicio celebrado ante el Alto Tribunal Penal Iraquí no fue conforme a las normas internacionales sobre juicios justos. La independencia e imparcialidad del tribunal se vieron socavadas por las injerencias políticas, que condujeron a la renuncia del primer presidente del tribunal y bloquearon el nombramiento de otro, y el tribunal no adoptó las medidas adecuadas para garantizar la protección de los testigos y los abogados de la defensa, tres de los cuales fueron asesinados en el transcurso del proceso. Además, a Sadam Husein se le negó también el acceso a asistencia letrada durante su primer año de reclusión, y el tribunal no pareció haber respondido adecuadamente a las quejas formuladas durante todo el juicio por sus abogados en relación con los procedimientos. El proceso de apelación se condujo obviamente con precipitación y no sirvió para corregir ninguna de las deficiencias que empañaron el primer juicio.
"Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, independientemente de la magnitud de los cargos en su contra. Este simple hecho se ignoró sistemáticamente durante los decenios de tiranía de Sadam Husein. Su derrocamiento brindó la oportunidad de restituir este derecho fundamental y, al mismo tiempo, garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en el pasado. Esa oportunidad se ha perdido, y la imposición de la pena de muerte sólo empeora la situación", ha declarado Malcolm Smart. En el momento de la ejecución, Sadam Husein estaba siendo juzgado por el Alto Tribunal Penal Iraquí, junto con otros seis acusados, por otros cargos diferentes derivados de la denominada campaña de Anfal, en la que miles de personas pertenecientes a la minoría kurda de Irak fueron víctimas de homicidios en masa, torturas y otros abusos graves en 1988. Está previsto que este proceso continúe abierto contra los otros acusados. La ejecución de Sadam Husein supone un enorme revés para esclarecer la verdad de lo que ocurrió durante su gobierno y, por ende, el desperdicio de otra oportunidad para que la población iraquí conozca la verdad y pueda llegar a aceptar los crímenes del pasado.
