Amnistía Internacional solicita al gobierno español firmeza en la defensa de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China

Madrid.- Con motivo de la próxima visita a España del Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, del 13 al 15 de noviembre, la Sección española de Amnistía Internacional ha expresado por carta a su Majestad el Rey y al Presidente del Gobierno sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en China, que continúa siendo extremadamente grave. Igualmente, Amnistía Internacional ha convocado una concentración de protesta el próximo lunes 14, a las 19h, frente a la Embajada China en Madrid. La organización solicita a las autoridades españolas mayor coherencia y firmeza en la defensa y la promoción de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China; lo que incluye información sobre los posibles acuerdos entre ambos países en materia de justicia y de extradición. "Hasta la fecha, el gobierno español parece obviar que China es uno de los países donde se producen mayores violaciones de derechos humanos y se vulneran tratados internacionales, con ejecuciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, desalojos forzados, restricciones a la libertad de expresión y otros graves abusos. Estos hechos contradicen otros pronunciamientos públicos de las autoridades españolas en las que hacen alarde de su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Por eso pedimos coherencia y firmeza", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España Derechos Humanos en China Los avances destinados a introducir reformas no han afectado a las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas en todo el país. Decenas de miles de personas continúan siendo detenidas o encarceladas y corren un riesgo serio de sufrir tortura o malos tratos cada año. Miles de personas son condenadas a muerte o ejecutadas, muchas de ellas tras juicios sin las debidas garantías. Han aumentado las protestas públicas contra los desalojos forzados y la incautación de tierras sin una indemnización adecuada. China sigue utilizando la «guerra contra el terrorismo» como excusa para justificar la represión contra la comunidad uigur en Sin-kiang. En el Tíbet y otras zonas de etnia tibetana de China, la libertad de expresión y de religión continúa gravemente limitada. Más de 100 presos de conciencia tibetanos, casi todos monjes y monjas budistas, continuaban encarcelados a fines de 2004. Se han producido contactos entre las autoridades chinas y representantes del gobierno tibetano en el exilio, con algunos indicios que apuntaban a que se estaban produciendo avances. Sin embargo, esto no se ha traducido en cambios de política significativos destinados a mejorar la protección de los derechos humanos de los tibetanos. La actual administración, que asumió el poder en 2003, ha introducido algunas reformas legales, entre ellas nuevos reglamentos destinados a prevenir la tortura bajo custodia policial y una modificación de la Constitución incorporada en marzo, según la cual «el Estado respeta y protege los derechos humanos». Sin embargo, el hecho de que no se introdujeran las reformas institucionales necesarias ha hecho que peligrase la aplicación de estas medidas en la práctica. Se mantiene la represión política contra grupos concretos, como el movimiento espiritual Falun Gong, grupos cristianos no autorizados y los denominados «separatistas» y «extremistas religiosos» en el Sin-kiang y el Tíbet. Los activistas políticos, entre los que se encuentran simpatizantes de grupos políticos prohibidos o personas que piden un cambio político o más democracia, son víctimas de detenciones arbitrarias, y en algunos casos han sido condenados y encarcelados. Según fuentes de Falun Gong en el extranjero, han muerto más de 1.000 personas detenidas por su relación con este movimiento desde su prohibición en 1999, la mayoría como consecuencia de tortura o malos tratos. Relaciones bilaterales España-China En julio de 2005, durante su viaje oficial a la República Popular de China, en la agenda del Presidente del Gobierno español figuró como prioridad manifiesta el estrechar los lazos comerciales y culturales entre ambos países y resultó notoria la ausencia de mensajes, gestos o actividades destinadas a promover el respeto de los derechos humanos. José Luis Rodríguez Zapatero viajó a China acompañado de empresarios españoles y ambos países firmaron varios acuerdos comerciales, como la compra de aviones Airbus y contratos de cooperación con empresas españolas. Durante su visita abogó sin reservas por el levantamiento del embargo de armas a ese país, por considerarlo anacrónico, a pesar de las violaciones de derechos humanos que se cometen en China de manera generalizada.  Es un ejemplo que pone de manifiesto que, en el marco de las relaciones bilaterales, el Gobierno español ha obviado sus compromisos en relación con el respeto y la promoción de los derechos humanos, a pesar de haber colocado este objetivo en el centro del discurso político internacional en diferentes foros multilaterales. En su primer año de Gobierno, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido la defensa de los derechos humanos al margen de su actividad pública de carácter bilateral, primando sobre ese objetivo otros intereses de tipo político, estratégico y económico. Amnistía Internacional ha convocado una Concentración frente a la Embajada de China en Madrid (C/ Arturo Soria 103) el próximo lunes 14 de noviembre para denunciar la grave situación que se vive en China. El acto comenzará a las 19h. Los activistas de Amnistía Internacional utilizarán un dragón de bambú de 20 metros para escenificar su protesta frente a las violaciones de derechos humanos en China. Defensores de los DDHH y Activistas políticos Las autoridades utilizan disposiciones del Código Penal relativas a «subversión», «secretos de Estado» y otros delitos contra la seguridad nacional definidos de forma imprecisa para procesar a activistas pacíficos y partidarios de las reformas. Abogados, periodistas, activistas en favor de los derechos de las personas con VIH/sida y defensores del derecho a la vivienda son hostigados, detenidos o encarcelados por documentar abusos contra los derechos humanos, hacer campaña a favor de las reformas o intentar conseguir un resarcimiento para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los activistas políticos, entre los que se encuentran simpatizantes de grupos políticos prohibidos o personas que piden un cambio político o más democracia, continúan siendo víctimas de detenciones arbitrarias, y en algunos casos son condenados y encarcelados. Amnistía Internacional tiene información de que más de 50 personas han sido detenidas o encarceladas, en 2004, tras consultar o difundir en Internet información confidencial desde el punto de vista político. Violencia contra las mujeres En los medios de comunicación nacionales aparecieron numerosos artículos sobre la violencia doméstica, reflejando la inquietud generalizada de que esos abusos no se están abordando efectivamente. Se siguen recibiendo informes sobre violaciones graves de derechos humanos contra mujeres y niñas a consecuencia de la aplicación de la política de planificación familiar, violaciones que incluyen esterilizaciones y abortos forzados. A mediados de 2004, las autoridades reiteraron públicamente la prohibición del aborto selectivo de fetos del sexo femenino, en un intento de detener la creciente desproporción de nacimientos de niños y niñas. Pena de muerte La pena capital continúa utilizándose de forma amplia y en ocasiones arbitraria como consecuencia de injerencias políticas. Se han llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con las drogas y delitos violentos, pero también por delitos no violentos, como el fraude fiscal y la malversación de fondos. Las autoridades siguen manteniendo en secreto las estadísticas nacionales sobre condenas de muerte y ejecuciones. En el último año, Amnistía Internacional calcula que al menos 3.400 personas han sido ejecutadas y al menos 6.000 condenadas a muerte, aunque se cree que las cifras reales son muy superiores. En marzo del año pasado, un miembro destacado de la Asamblea Nacional Popular declaró que China ejecuta a unas 10.000 personas al año. Tortura, detención administrativa y juicios injustos Amnistía Internacional tiene informes de torturas y malos tratos en una gran variedad de instituciones estatales. Los métodos habituales de tortura incluyen dar a la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con grilletes en posturas dolorosas e impedirle dormir y comer. Las injerencias políticas en el Estado de derecho, las restricciones en el acceso de los detenidos al mundo exterior, y el hecho de que no se creen mecanismos efectivos de presentación de denuncias e investigación siguen siendo factores clave que permiten que esta práctica aumente. Las autoridades anunciaron de forma oficial su intención de reformar la «reeducación por el trabajo», un sistema de detención administrativa utilizado para detener a cientos de miles de personas durante periodos de hasta cuatro años sin cargos ni juicio. Sin embargo, siguen sin estar claros el alcance y la naturaleza exacta de la reforma. Se sigue negando el debido procedimiento legal a personas acusadas tanto de delitos políticos como de delitos comunes. Persisten las severas restricciones al acceso de los detenidos a abogados y familiares, y los juicios distan mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal. A las personas acusadas de delitos relacionados con «secretos de Estado» o «terrorismo» se les restringen sus derechos legales y se las juzga a puerta cerrada. Reforma económica El derecho a la libertad de expresión y asociación de los representantes de los trabajadores continua sometido a graves restricciones y los sindicatos independientes siguen siendo ilegales. Según los informes recibidos, en el contexto de la reestructuración económica a un gran número de personas se les ha denegado una reparación adecuada por desalojos forzados, la requisa de tierras o los despidos laborales. El aumento de las manifestaciones públicas, en su mayor parte pacíficas, contra estas prácticas, ha desembocado en numerosas detenciones y otros abusos. Beijing se ha convertido en el centro de esas manifestaciones, debido en parte a las demoliciones de casas que se producen por los preparativos de la ciudad para la Olimpiada de 2008. Además, numerosas personas viajan hasta la capital desde otras partes del país para elevar peticiones a las autoridades centrales, tras fracasar en su intento de conseguir un resarcimiento en el ámbito local. Según los informes de AI, en marzo y septiembre de 2004 la policía de Beijing detuvo a decenas de miles de estas personas durante operaciones de seguridad previas a reuniones oficiales. Próxima Olimpiada El 8 de agosto de 2008 comenzarán los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) en Beijing. Amnistía Internacional se ha dirigido en numerosas ocasiones al Comité Olímpico Internacional (COI) para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos que padecen los ciudadanos chinos en relación con la preparación de los Juegos Olímpicos. Entre ellas figuran el encarcelamiento de personas que han enviado cartas abiertas al COI pidiendo mejoras en la situación de los derechos humanos en China. Según fuentes oficiales chinas, más de 300.000 personas han sido trasladadas de sus casas de Beijing en los preparativos para los JJ.OO., aunque Amnistía Internacional cree que la cifra real es muy superior. Muchas de estas personas han sido desalojadas sin el proceso debido y sin recibir una indemnización justa. Además, se ha detenido y encarcelado a personas sólo por protestar por su desalojo –y algunas han "desaparecido"– sin que se haya informado a sus familias del lugar donde están detenidas. En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 declaró: "al permitir que Beijing sea la anfitriona de los Juegos Olímpicos contribuirán al desarrollo de los derechos humanos." Liu Qi, alcalde de Beijing, se comprometió asimismo a que, si se celebraban los Juegos en esa ciudad, avanzarían el progreso social y el desarrollo económico en China, al igual que la situación de los derechos humanos. Por su parte, los funcionarios del COI han dejado claro que esperan que los derechos humanos en China mejoren como resultado de la elección de Beijing como sede de los Juegos. Nada de esto ha ocurrido por el momento.