Madrid.- La hermana de un ciudadano sirio, de nacionalidad española, ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de inteligencia sirias, incluido el vicepresidente del país, para pedir que se investigue el caso de su hermano, supuesta víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Amnistía Internacional da la bienvenida a la presentación de esta querella, que busca investigar graves violaciones de derechos humanos y pide que las autoridades judiciales españolas contribuyan para que todas las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho. “España tiene la obligación, según el derecho internacional, de investigar crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se cometieron dichos crímenes”, asegura Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. La organización ha denunciado en numerosas ocasiones que las fuerzas del gobierno sirio llevan años utilizando la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en centros de detención como el de Saydnaya, donde recientemente ha investigado ahorcamientos masivos, así como otros crímenes que han provocado la muerte de al menos 13.000 personas desde 2011. Aunque el gobierno de Al Assad ha negado que se lleven a cabo estas prácticas, lo cierto es que no se permite la entrada de observadores internacionales en Saydnaya u otros centros. La querellante que, según la Convención sobre Desapariciones Forzadas, se considera víctima directa, identificó el cuerpo de su hermano con “evidentes muestras de tortura” en el conocido como “informe Cesar”. Se trata de un archivo fotográfico de un miembro de la policía militar siria que desertó de su puesto y salió de Siria con más de 50.000 fotografías de presuntas víctimas de crímenes de derecho internacional en centros de detención. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que inicien, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre las graves violaciones de derechos humanos denunciados. “Es una oportunidad para que España demuestre su compromiso con los derechos humanos y deje de dar pasos hacia atrás en su lucha contra la impunidad”, concluye Ignacio Jovtis. Información adicional El pasado 1 de febrero, el equipo de abogados internacionales de G37 interpuso ante la Audiencia Nacional en España una querella contra miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio, que denuncia la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de su hermano en el año 2013. La querella enmarca estos crímenes de derecho internacional en el delito de terrorismo de estado. El "archivo César" es como se conoce a las desgarradoras fotos de cadáveres torturados, hambrientos y carbonizados sacadas de Siria por un desertor del ejército publicadas en enero de 2014. Estas imágenes aportaron pruebas sólidas de que en los centros de detención gubernamentales se perpetraban de forma sistemática torturas y ejecuciones extrajudiciales, abriendo los ojos de la opinión pública mundial a las despiadadas tácticas empleadas para castigar a quienes se atreven a oponerse al gobierno del presidente Bachar el Asad. Este archivo se presenta como prueba fundamental de la querella. Varias de esas fotografías corresponderían al cuerpo torturado y sin vida del hermano de la ciudadana española que presentó la querella. La denuncia sostiene que la víctima fue detenida ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional recuerda las obligaciones de España en la querella por el caso de un ciudadano sirio
- Una ciudadana de nacionalidad española ha denunciado la desaparición forzada, tortura y posterior ejecución extrajudicial de su hermano en Siria
- Las autoridades judiciales deben llevar a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre los hechos y, de existir pruebas suficientes y admisibles, juicios justos contra los querellados.
- La organización ha denunciado en numerosas ocasiones que las fuerzas del gobierno sirio, así como otras partes del conflicto armado, han cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos
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