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Inminente visita a España de Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia

Amnistía Internacional reclama apoyo para las y los defensores de derechos humanos y el fin de la justicia militar para enjuiciar violaciones de derechos humanos

Rogelio Martínez, defensor de derechos humanos, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, (MOVICE). Fue asesinado el 18 de mayo de 2010. copy MOVICE

Madrid.- Ante la inminente visita a España del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para transmitirle las principales preocupaciones de la organización sobre derechos humanos en Colombia, con la petición de que las traslade al nuevo Gobierno colombiano.

En el marco interno del conflicto armado que sufre Colombia desde hace más de 40 años, Amnistía Internacional ha denunciado -y continúa haciéndolo- graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto, siendo su principal víctima la población civil.

Entre todas las preocupaciones, en esta ocasión se destacan los ataques que sufren las y los defensores de derechos humanos y las personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia; así como las señales dadas por el Gobierno colombiano de fortalecer el sistema de justicia militar, en detrimento de la justicia civil, a la hora de juzgar violaciones y abusos de derechos humanos.

Defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo
En los últimos meses, han aumentado las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como hacia personas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; y varias de ellas han sido asesinadas. Amnistía Internacional teme que la situación de inseguridad a la que se enfrentan pueda agravarse durante la etapa de transición de un Gobierno a otro, debido a que los autores de abusos contra los derechos humanos podrían intentar aprovecharla para silenciar las denuncias.

En este sentido, la organización pide al Gobierno español que inste al colombiano a reconocer la legitimidad e importancia de las y los defensores de derechos humanos y de su trabajo. Para ello, Amnistía Internacional solicita un pronunciamiento público de apoyo a las y los defensores y una estrategia que garantice la seguridad de su labor en favor del respeto de los derechos humanos en Colombia.

Fin del sistema de justicia militar para enjuiciar las violaciones de derechos humanos
Sobre el sistema de justicia militar, Amnistía Internacional también siente preocupación ante el hecho de que el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, se haya pronunciado a favor de fortalecerlo. A pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 afirma que las violaciones de derechos humanos en las que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas por el sistema de justicia civil. Los tribunales militares siguen reclamando su jurisdicción sobre casos clave en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad, a la vez que de forma habitual se abstienen de investigar las violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad.

De igual manera, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las declaraciones del presidente saliente, Álvaro Uribe, y del alto mando militar pidiendo que las fuerzas armadas sean protegidas frente a su procesamiento en tribunales civiles. El Gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares de ser procesados por violaciones de derechos humanos, porque quedaría en entredicho su compromiso de lucha contra la impunidad. El respeto a sus obligaciones internacionales obliga al Gobierno colombiano a poner a disposición judicial a quienes cometan abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que transmita al Gobierno colombiano la necesidad de tomar medidas firmes para acabar con la impunidad en el país, desmantelar los grupos paramilitares y poner fin a sus vínculos con las fuerzas de seguridad. Estas medidas deben incluir que las violaciones de derechos humanos en su totalidad sean juzgadas en el sistema judicial civil.

El caso de Rogelio Martínez
Para hacer visible la situación de vulnerabilidad a la que se exponen las y los defensores de derechos humanos y sus familias, Amnistía Internacional ha adjuntado a la carta con sus preocupaciones, una serie de casos que muestran la situación de las y los defensores en Colombia. Un ejemplo es este.

Rogelio Martínez, diriginte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el departamento de Sucre, noroeste de Colombia, fue asesinado el pasado 18 de mayo. Realizaba actividades para lograr la devolución de tierras robadas por grupos paramilitares a comunidades campesinas en el municipio de San Onofre. Su asesinato se atribuye a grupos paramilitares.

La familia de Rogelio Martínez y otras 51 familias de la zona podrían estar también en peligro, al igual que Ingrid Vergara, dirigente del MOVICE en Sucre. Ingrid Vergara ha recibido varias amenazas de muerte en los últimos dos años, pese a lo cual las autoridades siguen sin poner en práctica las medidas de seguridad acordadas. Ingrid Vergara y sus compañeros del MOVICE han documentado y sacado a la luz numerosos casos de homicidio y desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en la región. Hasta el momento, no se ha detenido a nadie en relación con el homicidio de Rogelio Martínez ni con los ataques de los que han sido objeto los miembros de MOVICE en Sucre.