Amnistía Internacional pide a las autoridades que acometan una revisión independiente de las actuaciones judiciales contra los presos indígenas que están en huelga de hambre en Chiapas desde el 29 de septiembre de 2011. Según la evidencia disponible, sus juicios y sentencias de culpabilidad estuvieron plagados de irregularidades y abusos, incluidas denuncias de tortura y otros malos tratos. Amnistía Internacional considera posible que sufrieran juicios injustos y condenas erróneas. Deben volver a ser juzgados conforme a las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías o ser puestos en libertad. A la organización le preocupa asimismo que uno de los huelguistas más destacados, Alberto Patishtán Gómez, fuera trasladado el 20 de octubre a una prisión federal situada a 2.000 kilómetros, en Guasave, estado de Sinaloa, directamente como represalia por su protagonismo en la huelga de hambre y en las reivindicaciones de los internos en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades federales y del estado de Chiapas que respeten el derecho de los reclusos a declararse pacíficamente en huelga de hambre, que brinden asistencia médica con arreglo a los deseos de quienes participan en la protesta y que se abstengan de recurrir a la alimentación forzosa. Alimentar a la fuerza a una persona que se ha declarado en huelga de hambre estando en posesión de sus facultades es injustificable si se realiza sin supervisión médica o antes de que exista un motivo médico plausible para administrarla. A la organización le preocupa que las autoridades hayan recurrido a las amenazas y la intimidación para disuadir a los internos de continuar con su protesta. Según el testimonio de reclusos, la única mujer presa en huelga de hambre, Rosa López Díaz, ha sido amenazada con retirarle la custodia de su hijo pequeño. A otros participantes en la huelga los han amenazado, según informes, con la alimentación forzosa. Información complementaria El 29 de septiembre de 2011 se declararon en huelga de hambre 11 presos indígenas que llevaban largo tiempo recluidos en la prisión estatal CERSS núm. 5 de San Cristóbal de las Casas para protestar por su encarcelamiento prolongado a raíz de juicios penales que, según ellos, habían vulnerado sus derechos fundamentales y desembocado en su condena por crímenes que no habían cometido. Dos de ellos fueron liberados posteriormente. Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones el uso indebido del sistema de justicia penal en Chiapas y otros estados donde se priva a los indígenas detenidos de su derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial.
