“Siempre me pregunto: ¿habrá tenido hoy comida suficiente? ¿Estará herido? Pero quizás nada de esto importe. Quizás esté muerto”
Madre de muchacho desaparecido en 2011
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional pone en marcha la campaña Nada es igual si alguien desaparece. “Con esta campaña queremos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
No importa que las desapariciones forzadas sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España. En todos los casos hay un denominador común: sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad. Los efectos económicos en algunas de estas familias pueden ser muy negativos, ya que la legislación de numerosos países obliga a presentar un certificado de defunción para poder optar a ayudas o pensiones económicas.
Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir, dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional. Muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.
Amnistía Internacional quiere poner el foco en la desaparición forzada de personas en países como España, Siria o México. Pero la organización está trabajando por cientos de casos de personas desaparecidas en todas las regiones del mundo.
España
“Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena, y hoy sigue enterrado en una fosa”. La madre de Antonio Narváez no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y sigue pidiendo justicia. “A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”.
En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo. Así, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, con motivo de su visita a España en 2013, se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes, e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones. En mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de dichos organismos internacionales, entre otros aspectos, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.
En 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hasta ahora, España no ha colaborado con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini de Cubría interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.
Campaña y petición a Gobierno español
En este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanza la campaña: Nada es igual si alguien desaparece. Una acción digital que recuerda a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias y pide al Gobierno que realice las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.
Con esta acción y a través de series de televisión preguntamos a la opinión pública, ¿qué pasaría en tu serie favorita si uno de los personajes claves no hubiera formado parte de ella? Queremos sumar firmas a través de www.es.amnesty.org/justicia/, a las más de 189.000 dirigidas al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, para recordarle cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad. La ausencia de una persona dentro de una familia, afecta enormemente a todos sus miembros hasta que no hay una respuesta clara sobre cuál ha sido la suerte que ha corrido su familiar.
Siria
Noura Ghazi visitaba en prisión a su marido Bassel Khartabil tres veces al mes desde que fue detenido en 2012. Las visitas siguieron hasta que el 3 de octubre de 2015 cuando Bassel le informó de que le trasladaban a un lugar desconocido. A partir de ese momento se convirtió en uno de los al menos 75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos. A esta cifra hay que sumar sólo en los primeros seis meses de 2017, 3.157 personas desaparecidas.
Noura durante su visita a España en marzo de 2017, aseguraba que “no era optimista con la suerte que hubiera podido correr Bassel, he oído rumores de que habría podido ser condenado a muerte”. Y, las informaciones no eran alentadoras, sólo en la prisión de Saydnaya entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas habrían sido ahorcadas después de juicios sin garantías que les condenaron a muerte.
“Pero el pensar que existe la posibilidad de que pueda seguir vivo me hace seguir denunciando lo que pasa en las cárceles sirias”. El pasado 1 de agosto la familia de Bassel anunciaba su muerte tras recibir información de que fue ejecutado en 2015 tras haber sido presuntamente juzgado y condenado a muerte por un Tribunal Militar de Campaña.
El caso de Bassel no es único. Y muchas familias ha sido extorsionadas, adquiriendo grandes deudas, para conseguir información de sus familiares desaparecidos, en muchos casos falsa.
México
“El dormitorio está impecable, intacto, como si los relojes se hubieran detenido una tarde de enero de 2009”. El hijo de María Guadalupe Fernández de 32 años fue secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova. “Lo peor es no saber lo que le sucedió. Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos” cuenta María Guadalupe.
A junio de 2017 según datos del Gobierno, 32.096 personas se hallaban en paradero desconocido, sin especificarse cuántas habían sido sometidas a desaparición forzada. Un caso emblemático son los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014. En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó al Gobierno mexicano de no haber seguido las líneas de investigación claves, manipular evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. Recientemente se ha verificado que integrantes de este grupo y de organizaciones de derechos humanos que trabajan el caso han sido espiadas con sofisticados programas disponibles sólo para gobiernos.
Datos de Naciones Unidas
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. Los últimos en ratificarla ha sido República Checa, Sri Lanka y Suiza. España la ratificó en 2009.
Los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (junio 2016), señalan que desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.
Según este informe, los países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673) y Colombia (1.260).
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