Madrid.-Mediante 181 votos a favor y 141 en contra se ha aprobado esta tarde en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Amnistía Internacional, que lleva meses haciendo campaña para denunciar las amenazas a la libertad de reunión, información y expresión que supondrá esta nueva ley, se suma a las voces que, por parte de la sociedad civil y de otras organizaciones, rechazan este texto. El Proyecto de Ley otorga mayor poder a as Fuerzas de Seguridad, mientras que los y las ciudadanas contarán con menos garantías frente a la administración ya que, además de ampliarse el número de infracciones, muchas de las faltas pasan del ámbito penal al administrativo, que implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Es decir, lejos de suponer un menor reproche sancionador, y como en el ámbito administrativo se supone la veracidad de los agentes, se teme que los ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgadas en un procedimiento penal. También la grabación de imágenes de abusos se verá limitada: los periodistas, activistas y la ciudadanía en general puede ser sancionada con multas de hasta 30.000 euros por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Frente a ello, el texto no contempla mecanismos de supervisión de la actividad policial, por lo que es previsible que la impunidad permanezca ante los abusos llevados a cabo por parte de la policía.
“Es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger, tal y como indican las normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.Por último, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Y es que el Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas cuando no se cumplan con una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión. “Con este Proyecto de Ley no se está protegiendo la protesta en España sino todo lo contrario: es una reforma que castiga la disconformidad”, ha añadido Beltrán. Expulsiones ilegales El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye una disposición que da cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, prohibidas por 11 normas, tanto del derecho español como del derecho comunitario e internacional. Ante las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parece despreciar las preocupaciones que han expresado, entre otros, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la iniciativa de las “devoluciones en caliente”, Amnistía Internacional ha querido mostrar así su rechazo: “No se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimientos, sino de una cuestión de derechos humanos. La respuesta del Ministro es inadecuada e impropia para una autoridad que lo que debe es ocuparse de cumplir con la legalidad internacional”, ha asegurado Esteban Beltrán, quien ha pedido además al Ministro “respeto por la labor de organizaciones reputadas de derechos humanos y aquellas que asisten directamente a las personas migrantes como único recurso cuando el Estado se ha desentendido”. Las devoluciones en caliente o expulsiones sumarias socavan el derecho al asilo, ya que no permiten a las personas migrantes acceder a su derecho a buscar asilo y a acceder a un procedimiento con todas las garantías, incluyendo asistencia letrada, de intérprete, y a un recurso efectivo. El propio Consejo de Europa insistió este miércoles en que no se puede legalizar lo que es ilegal y aseguró que se trata de una "propuesta injusta que mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial".
