“Es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger, tal y como indican las normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.Por último, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Y es que el Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas cuando no se cumplan con una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión. “Con este Proyecto de Ley no se está protegiendo la protesta en España sino todo lo contrario: es una reforma que castiga la disconformidad”, ha añadido Beltrán. Expulsiones ilegales
El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye una disposición que da cobertura legal a las denominadas “expulsiones en caliente”, prohibidas por 11 normas, tanto del derecho español como del derecho comunitario e internacional. Ante las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parece despreciar las preocupaciones que han expresado, entre otros, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la iniciativa de las “devoluciones en caliente”, Amnistía Internacional ha querido mostrar así su rechazo: “No se trata de una cuestión humanitaria ni de sentimientos, sino de una cuestión de derechos humanos. La respuesta del Ministro es inadecuada e impropia para una autoridad que lo que debe es ocuparse de cumplir con la legalidad internacional”, ha asegurado Esteban Beltrán, quien ha pedido además al Ministro “respeto por la labor de organizaciones reputadas de derechos humanos y aquellas que asisten directamente a las personas migrantes como único recurso cuando el Estado se ha desentendido”. Las devoluciones en caliente o expulsiones sumarias socavan el derecho al asilo, ya que no permiten a las personas migrantes acceder a su derecho a buscar asilo y a acceder a un procedimiento con todas las garantías, incluyendo asistencia letrada, de intérprete, y a un recurso efectivo. El propio Consejo de Europa insistió este miércoles en que no se puede legalizar lo que es ilegal y aseguró que se trata de una "propuesta injusta que mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial".