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Amnistía Internacional condena las ejecuciones

Londres.- Amnistía Internacional lamenta y condena enérgicamente el ahorcamiento de tres hombres (FUKAWA Hiroki, FUJIMA Seiha e IKEMOTO Noboru) llevado a cabo en Japón hoy, 7 de diciembre de 2007. Estas ejecuciones han tenido lugar a pesar de que la Asamblea General de la ONU aprobó el 15 de noviembre una resolución en la que se pide la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo.

Este acto va en contra de la protección universal de los derechos humanos y se ha llevado a cabo en un momento en que hay una clara tendencia internacional a prescindir de la pena de muerte. El 15 de noviembre, en el 62º periodo sesiones de la Asamblea General de la ONU, su Tercera Comisión aprobó, con el voto favorable de 99 países, una resolución sobre la suspensión mundial de las ejecuciones. La resolución se llevará ahora al pleno de la Asamblea General para su aprobación definitiva a mediados de diciembre.

En Japón, las ejecuciones se suelen llevar a cabo en secreto y sin avisar previamente a los condenados ni a sus familias, o comunicándoselo sólo unas horas antes.

Estas ejecuciones son las primeras que tienen lugar desde que asumió su cargo el actual ministro de Justicia, HATOYAMA Kunio, quien en septiembre anunció públicamente que estaba considerando la posibilidad de abolir una disposición del Código de Procedimiento Penal en virtud de la cual es necesaria la firma del ministro de Justicia para llevar a cabo una ejecución. A fecha de 7 de diciembre de 2007 hay al menos 107 personas condenadas a muerte. Este año los tribunales han confirmado la pena de muerte en 23 causas, lo que supone el número más alto desde 1962.

 


Actualmente son muy pocos los países que llevan cabo ejecuciones. En 2006 sólo 25 lo hicieron. De los principales países industrializados, Japón es ya el único que tiene un sistema de pena de muerte plenamente operativo: en Estados Unidos, la Corte Suprema ha bloqueado todas las ejecuciones pendientes en el país hasta que se pronuncie sobre el uso en ellas de la inyección letal.

 

Amnistía Internacional pide al gobierno japonés que detenga las ejecuciones y declare de inmediato su suspensión, conforme a la resolución de la ONU.