Para combatir la desigualdad y discriminación, los Estados de las Américas deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el disfruto pleno de los derechos económicos sociales y culturales en la región, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta a los y las jefes de Estado que asistirán a la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, deben garantizar la protección de las personas refugiadas y migrantes, quienes enfrentan altos niveles de violencia y discriminación basada en su género, raza o nacionalidad, entre otros factores.
“El tema principal de la Asamblea General de la OEA es ‘juntos contra la desigualdad y discriminación’, pero ya es hora que los Estados vayan de las palabras a la acción urgente para enfrentar los fallos sistémicos que previenen la plena realización de los derechos humanos de todas las personas en la región. Esto requiere acción integral para desmantelar la desigualdad, el racismo y la discriminación,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Como Amnistía Internacional ha documentado, la pandemia de Covid-19 puso de manifiesto y exacerbó las profundas desigualdades estructurales de las Américas, las cuales tienen origen en factores económicos, raciales y de género. Muchas personas de la región, entre ellas mujeres, personas Indígenas y Afrodescendientes, sufrieron efectos desproporcionados respecto del derecho a la vida, a la salud, a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al trabajo.
Las medidas de emergencia que adoptaron los Estados para hacer frente a la pandemia no han sido suficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover activamente la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos, en especial los derechos económicos y sociales.
Además, los problemas estructurales en los sistemas de salud de las Américas en términos de acceso gratuito y universal, suficiencia de recursos presupuestarios y humanos, hace que los sistemas sanitarios no cumplan con los requisitos de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertinencia cultural que establece el derecho a la salud.
Casi todos los países de la región gastan menos del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública, que es el estándar establecido por la Organización Panamericana de la Salud para alcanzar la cobertura universal de salud. Los Estados de las Américas deben, como mínimo, garantizar que el gasto público en salud sea de al menos el 6% del PIB tal como lo establece la OPS. Para lograr esto, deben organizar su política fiscal, tanto en la recaudación como del gasto, a fin de buscar de forma progresiva la reducción significativa de la discriminación y desigualdad.
El continente americano continúa albergando varios de los movimientos transfronterizos de personas más importantes del mundo. La crisis de derechos humanos en Venezuela ha forzado a más de 6.8 millones de personas a huir del país en busca de protección internacional. Mientras tanto, la crisis política y humanitaria en Haití ha provocado el movimiento de miles de personas atrapadas en diferentes fronteras en la región. Asimismo, como resultado de la situación de violencia generalizada, a la que se ha sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente.
Para las mujeres refugiadas y migrantes, su estatus migratorio es un factor de riesgo que aumenta su vulnerabilidad, exponiéndolas a ser víctimas de violencia basada en género durante la ruta migratoria o en las ciudades en las que deciden quedarse. Una reciente investigación de Amnistía Internacional reveló que las cifras de violencia basada en género en contra de refugiadas venezolanas en Colombia y Perú han aumentado de manera alarmante durante los últimos años.
En el caso de Haití, Amnistía Internacional ha concluido que las expulsiones masivas o colectivas de solicitantes asilo de personas haitianas por parte de las autoridades estadounidenses en virtud del Título 42 son parte de una práctica de detención, exclusión y disuasión, basada en una discriminación sistémica contra las personas afrodescendientes. El trato de las autoridades estadounidenses a las personas haitianas constituye tortura basada en la raza, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
