Londres. Durante 2004, más de 3.797 personas fueron ejecutadas en 25 países, y al menos 7.395 fueron condenadas a muerte en 64 países, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 5 de abril de 2005. Con motivo de la publicación de sus estadísticas anuales sobre el uso de la pena de muerte en el mundo, Amnistía Internacional ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que condene la pena capital por ser una violación de derechos humanos fundamentales.
“Desgraciadamente, las cifras publicadas hoy son sólo la punta del iceberg –ha señalado la organización–. La verdadera situación es difícil de conocer, ya que muchos países continúan ejecutando a los condenados en secreto, pese a contravenir con ello las normas de la ONU, que piden que se revele la información sobre la pena capital.”
Un pequeño número de países son responsables de la mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en 2004. China ejecutó al menos a 3.400 personas, si bien fuentes del propio país calculan que la cifra fue de casi 10.000. Irán ejecutó al menos a 159 personas, y Vietnam, al menos a 64. En Estados Unidos hubo 59 ejecuciones, menos que en 2003, cuando se llevaron a cabo 65. "A pesar de la tendencia mundial a su abolición, estas cifras ponen de manifiesto que sigue siendo necesaria la acción concertada de la comunidad internacional para relegar la pena de muerte a la historia.”
"Es preocupante que la gran mayoría de las personas ejecutadas no tuvieran un juicio justo. Muchas fueron declaradas culpables en virtud de ‘pruebas’ obtenidas con tortura."
Con Ryan Matthews, en 2004 el número de condenados a muerte puestos en libertad en Estados Unidos desde 1973 por haberse demostrado su inocencia ascendió a 115. Había sido condenado a muerte en Luisiana en 1999 por un asesinato cometido cuanto tenía 17 años. La condena se anuló en abril de 2004 al determinar el juez en apelación que el fiscal había suprimido pruebas en el juicio y que las pruebas de ADN indicaban que el asesinato lo había cometido otra persona.
Aunque continuaron las ejecuciones, la abolición de la pena capital avanzó en 2004. Cinco países –-Bután, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía–, la abolieron para todos los delitos. Al concluir el año, el número de países que la habían abolido en su legislación o en la práctica ascendía a 120. Varios países, si bien conservaban la pena de muerte en su legislación, habían declarado una suspensión de las ejecuciones. En julio entró en vigor en Tayikistán una ley sobre “la suspensión de la aplicación de la pena de muerte”, y en enero de este año el presidente Aksar Akayev de Kirguistán anunció que la suspensión de las ejecuciones, en vigor desde 1998, se prorrogaba un año más. Otros países donde se mantuvo la suspensión de las ejecuciones fueron Malawi y Corea del Sur.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el fallo de marzo de este año de la Corte Suprema de Estados Unidos por el que se declara inconstitucional la imposición de la pena de muerte a menores (es decir, por delitos cometidos siendo menor de 18 años). Con esta decisión, todos los países del mundo han rechazado ya formalmente la aplicación de la pena de muerte en tal caso.
Sin embargo, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación que en otros países se continúe ejecutando a menores. Irán ejecutó a tres en 2004, pese a incumplir con ello sus obligaciones como Estado Parte en tratados internacionales que prohíben esta práctica. China ejecutó a un joven sobre el que se pensaba que era menor de edad cuando cometió el delito por el que se le impuso la pena de muerte. La ejecución se llevó a cabo a pesar de que su abogado y su familia habían elevado una petición al Tribunal Popular Supremo para que se viera de nuevo la causa. Otro menor fue ejecutado en Irán en enero de este año. "Es hora de que la Comisión de Derechos Humanos afirme claramente que la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de 18 años es contraria al derecho consuetudinario internacional.”
Amnistía Internacional ha acogido también son satisfacción la decisión de varios países de adoptar disposiciones constitucionales que prohíben la pena de muerte. En un estudio sobre medidas constituciones publicado hoy, Amnistía Internacional informa de que Turquía prohibió la pena de muerte en su Constitución en 2004, al igual que Bélgica en febrero de este año. Otros países que han promulgado recientemente disposiciones constitucionales que prohíben la pena de muerte son Irlanda y Turkmenistán. "Estas medias son importantes avances que la Comisión debe acoger con satisfacción y fomentar”, ha manifestado Amnistía Internacional.
"Los casos de Ryan Matthews y las decenas de personas más condenadas a muerte en Estados Unidos por delitos que no cometieron ponen de manifiesto que ningún sistema judicial es infalible –ha manifestado Amnistía Internacional–. Por perfeccionado que esté el sistema, la pena de muerte entraña siempre el riesgo de cometer un error fatal.”
Para más información, pueden descargarse los documentos: Informe sobre Pena de muerte en 2004, Lista de países abolicionistas y retencionistas y condenas a muerte y ejecuciones en 2004 en la dirección: www.es.amnesty.org/temas/pmuerte/docs.shtm
