Personas refugiadas rohingyas huyen hacia Bangladesh tras la brutal campaña militar del gobierno de Myanmar. © Ye Aung Thu/AFP vía Getty Images
El ‘genocidio’ o el ‘crimen de crímenes’, como lo definió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998, tiene su origen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde en palabras del historiador y experto en el Holocausto Yehuda Bauer, por primera vez se puso en marcha un proceso cuyo objetivo fue el de "localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico".
Raphael Lemkin, un profesor polaco de origen judío que abandonó su país huyendo del Holocausto, publicó en 1944 su libro Axis Rule in Occupied Europe (El poder del Eje en la Europa ocupada), en el que expuso todas las atrocidades cometidas por Hitler para exterminar al pueblo judío. En esta obra, Lemkin estableció el término ‘genocidio’, a partir del sustantivo griego genos, que quiere decir "raza o pueblo", y del sufijo latino cide, que significa "matar".
La primera vez que se incluyó el término en el derecho internacional fue en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg, donde se aludió al delito de la siguiente manera: “Genocidio deliberado y sistemático mediante la exterminación de grupos étnicos y nacionales perpetrada contra la población civil de los territorios ocupados con la intención de destruir etnias, sectores de población y grupos nacionales étnicos y religiosos”.
El tratado internacional que define qué es y cómo debe prevenirse y sancionarse el genocidio es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 de las Naciones Unidas. Dando cumplimiento a esta Convención, España introdujo en el año 1971 el delito de genocidio en su Código Penal.
Este tratado internacional, fruto de los hechos vividos durante el Holocausto nazi y de los juicios de Nüremberg, estableció el genocidio como un crimen de derecho internacional, ya fuese cometido en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Muchos años más tarde, diversos estatutos de cortes internacionales adoptaron la definición de genocidio contenida en la Convención, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.
Mujeres de Srebrenica esperan para conocer la sentencia contra Ratko Mladic, en el cementerio conmemorativo de Potocari, cerca de Srebrenica, 8 de junio de 2021. © AP Photo/Darko Bandic
Pese a los precedentes que supusieron la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1993 y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994, hubo que esperar hasta 1998, cuando se firmó el Estatuto de Roma, para asistir a la creación de un tribunal especial que se ocupara de los cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, contra la humanidad y de agresión. Se trató de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que comenzó a funcionar el 1 de julio de 2002. Este tribunal, que es permanente, independiente y no forma parte de la estructura de la ONU, ejerce su jurisdicción sobre los crímenes más graves de forma complementaria a las jurisdicciones internas de cada Estado.
Por otro lado y siguiendo el principio de jurisdicción universal, dentro del sistema de justicia de muchos países se contempla también la capacidad de juzgar el crimen de genocidio, aunque no se haya cometido dentro de sus fronteras. En este sentido, España fue durante muchos años un referente en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces al investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en lugares como Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental. Sin embargo, una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el año 2014 por parte del gobierno de Mariano Rajoy, estableció enormes limitaciones al ejercicio de este principio, relegando la competencia de los tribunales españoles para investigar crímenes de genocidio, lesa humanidad o de guerra a que el presunto autor fuese español, extranjero residente en España o alguien cuya extradición hubiese sido denegada por las autoridades españolas. Además, esta reforma se aplicó con carácter retroactivo a las investigaciones que se encontraban en curso en los tribunales españoles en la fecha que entró en vigor.
Trabajadores camboyanos desmontan un collage de cráneos de víctimas de los jemeres rojos expuesto en el museo del Genocidio de Toul Sleung en Phnom Penh. © AP Photo/Andy Eames
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional recoge la definición de genocidio contenida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, que es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados, hayan ratificado o no la Convención. Dentro del artículo 6 del Estatuto de Roma se establece que, para que un acto sea calificado como genocidio se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Dentro de los actos que se consideran como genocidio se encuentran:
La principal diferencia de estos actos con respecto a crímenes contra la humanidad es la motivación del actor para cometer un genocidio, buscando el exterminio de un grupo determinado.
La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar a personas físicas, de acuerdo con el principio de responsabilidad individual del Estatuto de Roma, y no puede ejercer su jurisdicción frente a Estados. La Corte tendrá competencia para juzgar a toda persona presuntamente responsable de haber cometido este crimen, sin importar el cargo que ostente, incluso jefes de Estado, sin poder alegar inmunidad. Además de los ejecutores materiales del delito, también pueden resultar responsables sus superiores jerárquicos, sin que el autor directo pueda escudarse en haber dado cumplimiento a la orden de un superior.
Abdul Amin tiene que reconstruir su refugio en un campo de personas rohingyas refugiadas en Bangladesh, después de que los militares bangladesíes le obligaran a derribar el que había construido por estar demasiado cerca de la carretera. © Andrew Stanbridge / Amnesty International
Al igual que los crímenes contra la humanidad y de guerra, el genocidio no prescribe, por lo que no existe un límite de tiempo para su investigación y enjuiciamiento. Así figura en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968.
Como decíamos al principio hubo un antes y un después en la historia de la humanidad que obligó a buscar un término capaz de condensar la gravedad de actos tan inhumanos como los de genocidio: el Holocausto. Un término que, más allá de los horribles actos cometidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hace referencia a lo que Hitler denominó ‘la solución final’, o lo que es lo mismo, el exterminio total con la intención de destruir definitivamente al pueblo judío y demás grupos considerados como una minoría por el nazismo.
Desde el ascenso al poder del nacionalsocialismo en Alemania, el modus operandi contra las poblaciones consideradas “inferiores” se basó en la localización, persecución, secuestro y encierro masivo en campos de exterminio de millones de personas judías, a los que luego se unirían también comunistas, homosexuales, personas con discapacidad y prisioneros de guerra. El más conocido de estos campos fue el de Auschwitz, en Polonia, donde se cometieron aproximadamente 5.000 asesinatos diarios –hasta un total de más de un millón– por distintos medios como cámaras de gas, disparos, ahorcamiento, golpes e incluso horribles experimentos médicos.
Se calcula que más de seis millones de personas fueron asesinadas durante el Holocausto.
El 7 de abril de 1994, tras años de tensiones entre tutsis y hutus heredadas del sistema de castas impuesto por el imperialismo belga, comenzó uno de los episodios más terribles y escalofriantes de la historia. Con la toma del poder de radicales hutus se dio inicio al exterminio masivo de la población tutsi y hutus moderados.
Aquel episodio duró apenas 100 días, pero se cobró la vida de 800.000 personas –el 75% de la población tutsi–. Otras miles fueron torturadas, violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual. A raíz de estos hechos, se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en noviembre del mismo año, habiendo condenado desde entonces a más de 700 personas, 28 por el delito de genocidio.
Foto de archivo de febrero de 1974, donde unos niños y niñas camboyanas rebuscan entre las ruinas dejadas por el feroz ataque con cohetes y artillería de los Jemeres Rojos a un poblado de chabolas en las afueras de Phnom Penh, Camboya. © AP Photo/Carl D. Robinson, Archivo
Año 1975. Tras una cruenta guerra civil, los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot –apoyados por el Partido Comunista de China– se hacen con el gobierno de Camboya a través de su grupo político, Kampuchea Democrática. Su objetivo era instaurar un régimen basado en los preceptos del maoísmo y el estalinismo que incluía un retroceso hacia una sociedad agrícola y a cometer una “purificación de la población” a la altura del régimen nazi. Para ello, empezaron un proceso masivo de asesinatos, torturas, trabajos forzados y malnutrición contra toda aquella persona considerada enemiga del Estado.
Se calcula que durante los siguientes cuatro años (que acabaron con la invasión del país por parte de Vietnam), murieron más un millón y medio de personas –una cuarta parte de la población–.
Tras la desintegración de Yugoslavia en 1991, arrancó una terrible guerra en Bosnia (1992-1995), en la que se cometieron numerosos actos contra los derechos humanos, incluido el genocidio. En 1995, el ejército serbio y grupos paramilitares acabaron con la vida de alrededor de 8.000 personas musulmanas de origen bosnio con el fin de realizar una limpieza étnica. Estos sucesos tuvieron lugar en la región de Srebrenica.
Otros tribunales consideran, sin embargo, que la masacre de Srebrenica no fue el único acto de genocidio durante la guerra. De hecho, la justicia alemana condenó en 1997 a Nikola Jorgic, líder de un grupo paramilitar serbio, por haber cometido actos genocidas en distintas regiones de Bosnia y Herzegovina.
Layla Taloo visita la tumba de una mujer yazidí que se quitó la vida tras ser capturada por militantes del Estado Islámico en Mosul, enterrada en una colina con vistas al santuario de Lalish, en el norte de Irak. © AP Photo/Maya Alleruzzo
El presente siglo no ha estado exento de actos de genocidio en distintas partes del mundo. El primer caso es el perpetrado por el Estado Islámico contra la población yazidí en Irak. En 2014, el Daesh ocupó la ciudad de Sinjar, donde ejecutaron a miles de hombres, mujeres, niños y niñas y personas mayores. Se estima que alrededor de 11.000 mujeres y niñas fueron secuestradas y vendidas como esclavas sexuales. Miles de personas yazidíes pudieron huir a las montañas, aunque muchas otras murieron de hambre y sed por la escasez de suministros.
El caso más actual ocurrió en 2017, en Myanmar, donde parte de la población civil, la policía y el ejército del país –de mayoría budista– perpetraron una persecución contra la minoría musulmana rohingya del país, que culminó en la masacre de miles de personas, violaciones, quema de hogares y cultivos arrasados. El objetivo, una vez más, era exterminar por completo a la población rohingya. Este episodio provocó un éxodo masivo de unas 700.000 personas que se refugiaron en;la vecina Bangladesh, ocasionando una gravísima crisis humanitaria.
