Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas han presentado un informe que muestra la indefensión de los y las periodistas en México frente a amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos; la impunidad de los crímenes que se cometen para silenciar sus voces; y las debilidades en las medidas de protección que les ofrece el Estado.
Jesús, Miroslava, Jaime, Regina, Rubén, Marco, Nelson. Son solo algunos nombres de los cientos de periodistas asesinados y desaparecidos en México durante estos últimos años para un único objetivo: que dejaran de informar. Este país ocupa actualmente el puesto 121 en la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, pero hasta el último ataque de Israel a la franja de Gaza se había convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Las cifras oficiales registraron 166 asesinatos en la última década, a lo que habría que sumar un goteo cotidiano de secuestros, agresiones, amenazas, extorsiones, acoso judicial, exilios forzados…
Ante esta realidad que pone en jaque no solo miles de vidas de periodistas sino también la misma libertad de prensa en el país, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publicaron el pasado mes el informe “Nadie garantiza mi seguridad”, una investigación conjunta en la que entrevistaron a periodistas amenazados y amenazadas, evaluaron las políticas de protección y plantearon recomendaciones a los distintos estamentos implicados para que el periodismo deje de ser la profesión de riesgo que es actualmente, sobre todo para quien informa sobre corrupción, narcotráfico o conflictos locales.
Obligación de proteger
El informe recuerda que México es país firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que está obligado a hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión y de proteger a los y las periodistas y cualquier otro profesional de los medios de comunicación.
Sin embargo, la realidad es bien distinta y el informe revela que, pese a las primeras medidas tomadas hace más de una década por el Gobierno mexicano, el riesgo que afrontan miles de profesionales por informar sigue siendo altísimo. Los mayores índices de peligro se encuentran fuera de la Ciudad de México, en particular en aquellos que cubren la información para medios locales y regionales sobre delincuencia en general, bandas organizadas y corrupción política.
De acuerdo al CPJ, México también presenta el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo. A finales del año pasado se había confirmado la desaparición de 15 periodistas, pero ninguna de ellas ha dado lugar hasta la fecha a una condena judicial. Y es que la impunidad es un factor clave en que se mantenga la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. Y en las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suele ser contra quienes llevaron a cabo los ataques pero no contra quienes los ordenaron. La participación de funcionarios públicos en muchas de estas agresiones es otro de los problemas endémicos que lastran cualquier posible solución.
“Se pudo haber evitado”
Alberto Amaro trabajando en su oficina. Le han retirado los escoltas y su vida corre peligro. © Duncan Tucker/Amnesty International
En 2012 el Gobierno mexicano aprobó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que debía velar por la seguridad de aquellos y aquellas periodistas que estuvieran bajo amenazas debido a su desempeño profesional. El informe presentado revela tres casos en los que las medidas adoptadas por este mecanismo han sido claramente insuficientes.
Trece meses antes de su asesinato, Gustavo Sánchez solicitó protección a las autoridades a través del Mecanismo. Después de ocho meses se aprobó su solicitud, pero eso impidió que le tirotearan cerca de casa en Morro de Mazatán, estado de Oaxaca, el 17 de junio de 2021. “Se pudo haber evitado todo, si las autoridades correspondientes hubieran actuado antes, cuando él solicitó la ayuda”, lamentó su viuda, Marilú Salinas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México concluyó que los funcionarios del Mecanismo “incurrieron en notorias irregularidades y omisiones que impactaron de manera directa en su vida, integridad y seguridad personal” y lo dejaron “en absoluto estado de indefensión.”
Rubén Pat había recibido numerosas amenazas cuando se inscribió en el Mecanismo de protección, pero la señal más clara para saber que estas iban en serio es que su compañero de trabajo, José Guadalupe, había sido asesinado apenas unas semanas antes. Sin embargo, el mecanismo no asignó a Rubén ninguna escolta sino solo un “botón del pánico”. Murió por disparos en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo. El CPJ se comunicó con él en las semanas previas a su muerte. En la última ocasión, el periodista dijo que creía que estaba en peligro inminente y que los reiterados intentos de transmitir la urgencia de su situación al Mecanismo no habían tenido respuesta.
Alberto Amaro Jordán es periodista del estado de Tlaxcala. En los últimos años ha sido golpeado, amenazado y detenido por agentes de policía, intimidado por presuntos miembros de un cártel de la droga, ha sufrido un intento de allanamiento y han disparado contra su casa. Pese a todo esto, en agosto de 2023, el Mecanismo decidió que ya no estaba en peligro después de cuatro años inscrito en la institución y le comunicó que le retiraría los cuatro escoltas. Amaro ha interpuesto un recurso, pero no está claro si el Mecanismo seguirá proporcionándole protección en el futuro. Amnistía Internacional y el CPJ encontraron graves errores en la evaluación de riesgos de este caso.
Estos son tres ejemplos que ilustran una práctica cotidiana muy extendida en muchas partes del país. Según la ONG Artículo 19, especializada en libertad de expresión, el año pasado se registraron 561 agresiones a periodistas< o profesionales de medios de comunicación en el marco del ejercicio de su labor, es decir, una media de una cada 16 horas.
“Cada 16 horas se produce en México una agresión hacia un periodista o profesional de un medio debido a su labor profesional”
Los agujeros en la protección
El informe detalla la actuación del Mecanismo y pone de relieve la opinión de las personas a las que debe ofrecer protección. “La respuesta fue burocrática”, “lenta, muy lenta”, “no les importa, solo simulan todo”, “no reforzaron la seguridad”, fueron algunas de sus respuestas ante la pregunta de cómo calificarían las actuaciones para su seguridad.
Desde su creación hasta noviembre de 2023 el Mecanismo había acordado medidas para un total 931 periodistas: 666 hombres y 265 mujeres, de los cuales en ese momento seguían en el programa 651. De las 28 personas entrevistadas, solo 6 respondieron sin reservas que se sentían más seguras desde que aprobaron su solicitud de protección, y solo una de las mujeres afirmó que se tenía en cuenta el género cuando le atendían. Además, varias personas reclamaron mayor coordinación entre el mecanismo y las autoridades judiciales para poner fin a las amenazas.
Como conclusión, la investigación de CPJ y Amnistía Internacional destaca que el Mecanismo puede jugar “un papel de vital importancia” en la protección de los y las periodistas del país, pero debe cubrir esos agujeros en los escudos de protección que ofrece para conseguir que la tinta del periodismo en México deje de teñirse de sangre a cada rato.
