La empresa española CAF participa en la ampliación del tranvía de Jerusalén que une la parte Occidental de Jerusalén con asentamientos ilegales de Jerusalén Este, territorios que pertenecen legalmente a población palestina. De este modo, la constructora se hace partícipe -y beneficiaria- de un apartheid cada vez más violento y actúa en contra de la legislación internacional.
¿Qué hace CAF en Jerusalén y por qué es ilegal su tranvía?
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una empresa española que opera en la industria ferroviaria desde hace más de 100 años. Nacida en la localidad guipuzcoana de Beasain, es uno de los principales referentes en la construcción de trenes de largo recorrido, cercanías y urbanos, tranvías y otros materiales ferroviarios.
En la actualidad, CAF tiene en marcha decenas de proyectos en España a nivel estatal y autonómico, y ha realizado ventas en más de 60 países. Cotiza en bolsa y, según sus propios informes, mantiene un importante incremento de contrataciones: en 2025 logró un beneficio neto de 146 millones de euros y sus acciones subieron su cotización un 69%.
En agosto de 2019, CAF consiguió, como parte de un consorcio, la adjudicación de la ampliación del tranvía de Jerusalén.
El proyecto contratado incluye la ampliación de la Línea Roja, ya finalizada, la construcción de la Línea Verde, así como el suministro de vehículos y servicios técnicos. Estas extensiones conectan Jerusalén Occidental con asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980 cuya anexión no reconoce Naciones Unidas y donde la Unión Europea considera ilegales los asentamientos israelíes de acuerdo con el derecho internacional.
El tranvía de CAF en Jerusalén conecta asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, considerados ilegales según el derecho internacional.
Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kilómetros de vías. Tras estudiar su impacto, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto. Ya en 2016 y 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por el proyecto del tranvía, al considerar que constituye una clara violación del derecho internacional, y ha pedido reiteradamente su cese. CAF no solo decidió seguir adelante, sino que se presentó a la licitación de otra línea más en Territorio Palestino Ocupado, la Línea Azul, cuya licitación fue finalmente adjudicada a un consorcio del que formaba parte la empresa catalana COMSA. Tras el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, COMSA anunció su retirada del proyecto.
Es evidente que todas estas infraestructuras contribuyen al mantenimiento y crecimiento de estos asentamientos ilegales y del régimen de apartheid que sufre la población palestina. La participación de CAF en este proyecto ha motivado su inclusión en 2025 en el listado de las empresas que realizan actividades en los Territorios Palestinos Ocupados que suponen una especial preocupación para los derechos humanos, elaborado por Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH). La inclusión de CAF en esta lista supone la constatación de que, a través de sus actividades económicas en el proyecto del tren ligero, la compañía ha participado en la prestación de servicios de transporte que contribuyen al mantenimiento y la expansión de los asentamientos.
En febrero de 2026, seis organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Consejo de Administración de la empresa vasca CAF y a los directivos de seis filiales ante la Fiscalía por su participación en el proyecto ilegal de tren ligero de Jerusalén, instándole a investigar la posible responsabilidad penal ya que su actuación podría ser contraria al Código Penal y la Cuarta Convención de Ginebra e implicaría la posible participación de los directivos y responsables de CAF en la comisión de los crímenes internacionales.Según el comunicado publicado por las denunciantes, la Fiscalía ha confirmado la apertura de una investigación al respecto.
¿Por qué el tranvía de CAF en Jerusalén conecta asentamientos ilegales?
Desde 1967, Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental. Además, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya más de 700.000 israelíes en casi 500 ubicaciones sin legitimidad internacional, entre asentamientos y puestos avanzados, según Naciones Unidas.
El derecho internacional tipifica como un crimen de guerra el hecho de que una potencia ocupante construya asentamientos en un territorio ocupado y permita que su población pase a vivir allí. En este sentido, el IV Convenio de Ginebra prohíbe trasladar por la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos ilegales que conecta el proyecto ejecutado por CAF son ilegales según el derecho internacional, y contribuir a su mantenimiento y consolidación mediante esta infraestructura también lo es.
La población palestina que vive en Jerusalén Oriental no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia que en teoría es de carácter permanente. Pero solo en teoría. Más de 14.000 personas palestinas han visto cómo se les retiraba y se les obligaba a abandonar la ciudad. Los barrios de Jerusalén resultan muy atractivos para las organizaciones de colonos, que cuentan con el apoyo total del gobierno israelí para desplazar a las familias palestinas y ocupar sus viviendas. A partir de ahí, los colonos parecen tener carta blanca para hostigar a sus vecinos.
Confiscaciones masivas de tierras y viviendas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación, negación de ciudadanía: estos actos son constitutivos del crimen de apartheid, un crimen de derecho internacional al que se enfrenta la población palestina bajo la ocupación israelí. El Estatuto de Roma define el apartheid como un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales es una muestra más de la confianza israelí en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.
Activistas de Amnistía Internacional protestan ante la sede de CAF por su participación en el tranvía de Jerusalén que conecta asentamientos ilegales. © AI
¿Cómo afecta el genocidio en Gaza a Cisjordania y al proyecto de CAF?
Tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo en Gaza una ofensiva militar sin precedentes y ha cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física. Estos ataques constantes y despiadados por parte de Israel en Gaza hacen concluir que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina.
Esta ofensiva se ha acompañado de un incremento alarmante de homicidios y ataques también en Cisjordania, llevados a cabo tanto por fuerzas del ejército como por los propios colonos israelíes.
Confiscaciones masivas de tierras, demoliciones de casas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos forman parte del día a día para cientos de miles de personas que viven en el Territorio Palestino Ocupado e Israel. Según el Informe Anual de Amnistía Internacional, Israel está cometiendo el crimen de apartheid por medios como el traslado y desplazamiento forzosos de población palestina, al tiempo que se crean y crecen los asentamientos ilegales.
Toda esta violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas. “Nos dimos cuenta de que la excavadora empezaba a demoler también nuestras casas. Eran apartamentos que habíamos construido con nuestras propias manos. Allí crecimos y construimos recuerdos. Ahora, nuestras casas y todas nuestras pertenencias que estaban dentro han desaparecido”. Así contó Ibraheem, un vecino de Nur, cómo el ejército israelí hizo escombros su hogar.
Como consecuencia de esta realidad, la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024 resolvió que las políticas y prácticas de Israel en el territorio violan el derecho internacional de tal manera que la presencia de Israel en el Territorio Palestino es ilegal. Por ello, destacó que los Estados tienen “la obligación de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado”, así como de “entrar en contratos económicos o acuerdos comerciales con Israel relacionados con el Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio”.
Asimismo, en junio de 2025, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967, Francesca Albanese, señaló a más de 50 empresas que “se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, de apartheid y, ahora, de genocidio”. Entre ellas, las empresas que “contribuyeron a desarrollar carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel, al tiempo que excluían y segregaban a la población palestina”.
En este informe, “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, se destaca que CAF “se unió a un consorcio con una empresa incluida en la base de datos del ACNUDH para mantener y ampliar la Línea Roja del tranvía de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde”, a pesar de la presión internacional que ya se estaba ejerciendo contra este tipo de infraestructuras.
En septiembre de 2025, el informe de Amnistía Internacional “Desactivar la economía política que permite los crímenes cometidos por Israel” también señaló a CAF como una de las compañías que contribuyen a “facilitar la ocupación”, puesto que el tranvía de Jerusalén facilita la vida en los asentamientos, el transporte de los colonos y la sostenibilidad económica de esta ocupación ilegal.
Una situación que los denominados por Israel “alto el fuego” o “plan de paz” no han cambiado en nada.
Amnistía Internacional, junto a 162 organizaciones de la sociedad civil, mantiene la petición a la Unión Europea para que prohíba el comercio y los negocios con los asentamientos ilegales de Israel en Territorio Palestino Ocupado, a fin de cumplir con las obligaciones legales establecidas por la Corte Internacional de Justicia.
Compromisos de CAF en derechos humanos: ¿papel mojado?
“Respeto escrupuloso de los derechos humanos”, “ética en los negocios”, “mejores prácticas de buen gobierno corporativo”, “igualdad de oportunidades” y “contribución y desarrollo social” son algunos de los principios que, en sus informes anuales, CAF afirma observar en el desarrollo de su actividad. La empresa se ha adherido además al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone el compromiso de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y luchar contra la corrupción.
CAF afirma “haber puesto en marcha un órgano de control ‘con poderes autónomos’ para supervisar y gestionar de forma directa los riesgos en materia de derechos humanos, y un sistema de evaluación y gestión de riesgos que analiza desde esta perspectiva todos los proyectos y ofertas del grupo”. Sin embargo, a pesar de la contundencia de sus compromisos -sobre el papel- en derechos humanos y de los mecanismos de control establecidos, así como de la ilegalidad flagrante a la que contribuye en Jerusalén, la empresa asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del Grupo CAF en ningún proyecto”.
En una carta de 2025 dirigida a Amnistía Internacional, la empresa asegura “actuar de acuerdo con los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia”, así como “realizar un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos” y el deseo de “ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación”. Pero en todo momento obvia que los asentamientos ilegales que conecta son considerados contrarios al derecho internacional por parte de la ONU y la UE, y no publica los informes en los que, en teoría, basa esas conclusiones.
La realidad es tozuda y las actividades de la empresa en territorio ocupado muestran que sus compromisos son papel mojado, que los controles internos son ineficaces y que la persecución del negocio y de los beneficios empresariales de CAF se lleva a cabo vulnerando los derechos humanos, ignorando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia.
Peticiones para que CAF abandone el tranvía de Jerusalén
La empresa CAF no solo ha ignorado sus propios compromisos en derechos humanos. También ha hecho oídos sordos a quienes le alertaban de las consecuencias de este proyecto.Amnistía Internacional se ha dirigido en repetidas ocasiones a CAF y a sus accionistas preguntando sobre los procesos de debida diligencia implementados y reclamando el abandono del proyecto por ser contrario al derecho internacional. La respuesta recibida no ha sido adecuada ni precisa. Ante las preguntas de accionistas minoritarios en las juntas, los responsables aseguran haber cumplido todos los requisitos, pero sin explicar qué evaluación de impacto se ha realizado.
En un informe publicado en mayo de 2022 por una institución vinculada con la OCDE, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales afirma que la participación de CAF “podría provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos”, contribuyendo “al establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los asentamientos ilegales”.
Tras la inclusión de CAF en el listado de Naciones Unidas, el Gobierno Vasco, uno de los accionistas de referencia de la compañía y, además, administración pública sujeta al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, no ha hecho declaración, a diferencia de buena parte de los comités que representan a la plantilla de la empresa, que mantienen su oposición al proyecto y su preocupación por la población palestina.
Además de las más de 30 organizaciones sociales que pidieron la inclusión de CAF en la lista de empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Israel, el Comité de Empresa de la planta de Beasain y 40 entidades del País Vasco han pedido a la empresa que renuncie a un proyecto al que nunca se debió presentar.
Por tanto, a estas alturas parece claro que los propietarios de CAF no tienen ningún interés en saber cuál es el impacto real de su proyecto en los derechos humanos de la población palestina. De hecho, se han presentado a nuevos proyectos en Territorio Palestino Ocupado y ni siquiera las atrocidades cometidas en Gaza por el gobierno israelí en los últimos meses parecen apartarles ni un milímetro de su hoja de ruta, centrada únicamente en sus beneficios. Quizá solo si perciben que su participación les supondrá mayores pérdidas en el futuro abandonen el proyecto. Si no lo hacen, la próxima parada de los tranvías de CAF se llamará apartheid.
¿Qué pide Amnistía Internacional a CAF sobre el tranvía de Jerusalén?
- CAF debe realizar una retirada responsable y suspender de inmediato su provisión de productos y servicios al tranvía de Jerusalén, que conecta el territorio israelí con asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado, y no optar a ningún otro contrato público que pueda contribuir a la ocupación ilegal de territorio palestino por parte de Israel.
- Estados, instituciones públicas y empresas vinculadas a CAF, como inversores, clientes y proveedores, deben utilizar su influencia -incluyendo la desinversión responsable y el cese de la adquisición de bienes y servicios- para detener la participación de CAF en el proyecto del tranvía de Jerusalén.
- Estados e instituciones públicas deben garantizar que se prohíba a CAF cualquier actividad que implique la introducción de sus materiales y servicios en su mercado, incluyendo, entre otras cosas, la prohibición de su participación en ferias comerciales, como certámenes y exposiciones, reuniones gubernamentales, contratos y subvenciones para investigación y actividades con organismos públicos relacionadas con materiales y servicios de transporte.
- En particular, el Gobierno Vasco, como accionista de referencia de CAF, debe instar a la retirada del proyecto, impulsar la desinversión responsable y utilizar su influencia para evitar que la empresa participe en futuras licitaciones que afecten al Territorio Palestino Ocupado.
