“Las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina”, ha afirmado Amnistía Internacional hoy en un abrumador nuevo informe. La investigación detalla cómo Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de ésta. Esto abarca a los palestinos y palestinas que viven en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y también a la población refugiada desplazada en otros países.
El exhaustivo informe, de 182 páginas en inglés y titulada en su versión abreviada en español El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad, documenta cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid. Este sistema se mantiene con violaciones de derechos que, concluye Amnistía Internacional, constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid.
Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los TPO y pide a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid.>
“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”
“Nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid israelí. Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Concluimos que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“No hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas. El apartheid no tiene cabida en nuestro mundo, y los Estados que deciden hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia. Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU están apoyando un sistema de apartheid, menoscabando el orden jurídico internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino. La comunidad internacional debe afrontar la realidad del apartheid israelí y recurrir a las numerosas vías para que se haga justicia que permanecen lamentablemente inexploradas”.
“Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU están apoyando un sistema de apartheid, menoscabando el orden jurídico internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino”
Las conclusiones de Amnistía Internacional se basan en un corpus de obra creciente de ONG palestinas, israelíes e internacionales que vienen aplicando cada vez más el marco del apartheid a la situación de Israel y de los TPO.
Identificar el apartheid
Un sistema de apartheid es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro. Es una violación grave de derechos humanos que está prohibida en el derecho internacional público. La investigación y el análisis jurídico extensivos que ha llevado a cabo Amnistía Internacional, en consulta con especialistas ajenos a la organización, demuestran que Israel impone mediante leyes, políticas y prácticas a la población palestina un sistema que garantiza el trato discriminatorio prolongado y cruel de ésta.
En el derecho penal internacional, los actos ilegítimos concretos que se cometen dentro de un sistema de opresión y dominación con la intención de mantenerlo constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid. Estos actos se especifican en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e incluyen los homicidios ilegítimos, la tortura, los traslados forzosos y la negación de derechos y libertades fundamentales.
Amnistía Internacional ha documentado actos prohibidos en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma en todas las zonas que controla Israel, aunque se cometen con más frecuencia y violencia en los TPO que en Israel. Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación en los TPO, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar. El informe documenta también traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos tanto en Israel como en los TPO.
Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que estos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población palestina y que se cometen con la intención de mantener el sistema de opresión y dominación. Por tanto, constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.
El homicidio ilegítimo de manifestantes palestinos es quizá el ejemplo más claro de cómo las autoridades israelíes recurren a actos prohibidos para mantener la situación actual. En 2018, la población palestina de Gaza empezó a celebrar protestas semanales a lo largo de la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar de los palestinos y palestinas refugiados y el fin del bloqueo. Antes incluso de que empezaran las protestas, las autoridades israelíes advirtieron de que dispararían a los palestinos y palestinas que se acercaran al muro. Al término de 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, 46 de ellos menores de edad.
Ante los homicidios ilegítimos sistemáticos de personas palestinas documentados en su informe, Amnistía Internacional pide también al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a Israel, que deberá abarcar todas las armas y municiones, así como equipos para hacer cumplir la ley, habida cuenta de los miles de civiles palestinos que han muerto víctimas de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas israelíes. El Consejo de Seguridad de la ONU debe asimismo imponer sanciones selectivas, como el bloqueo de activos, a las autoridades israelíes más implicadas en el crimen de apartheid.
La población palestina es tratada como una amenaza demográfica
Desde su creación en 1948, Israel persigue una política de establecer y después mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población israelí judía. En 1967, Israel amplió esta política a Cisjordania y la Franja de Gaza. Hoy, todos los territorios controlados por Israel siguen administrándose con el propósito de beneficiar a la población israelí judía en detrimento de la palestina, mientras las personas refugiadas palestinas siguen excluidas.
Amnistía Internacional reconoce que la población judía, al igual que la palestina, reivindica el derecho a la libre determinación y no cuestiona el deseo de Israel de ser un hogar para la población judía. Del mismo modo, no considera que el hecho de que Israel se autodenomine “Estado judío” indique en sí mismo la intención de oprimir y dominar.
Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional muestra que sucesivos gobiernos israelíes han considerado a la población palestina una amenaza demográfica y han impuesto medidas para controlar y reducir su presencia y su acceso a la tierra en Israel y los TPO. Estos objetivos demográficos quedan bien ilustrados con los planes oficiales para “judaizar” zonas de Israel y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que siguen poniendo a miles de palestinos y palestinas en peligro de sufrir un traslado forzoso.
Opresión sin fronteras
Las guerras de 1947-49 y de 1967, el régimen militar israelí imperante en los TPO y la creación de regímenes jurídicos y administrativos distintos dentro del territorio han separado a las comunidades palestinas y las han segregado de la población israelí judía. La población palestina está fragmentada geográfica y políticamente, y experimenta niveles diversos de discriminación en función de su condición y de su lugar de residencia.
Las personas palestinas que gozan de la ciudadanía y que viven en Israel gozan actualmente de más derechos y libertades que sus homólogas en los TPO, aunque la experiencia de la población palestina de Gaza es muy diferente de la de quienes residen en Cisjordania. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional muestra que toda la población palestina está sometida al mismo sistema general. El trato que da Israel a la población palestina en todas las zonas persigue el mismo objetivo: privilegiar a la población israelí judía en el reparto de tierras y recursos, y reducir al mínimo la presencia y el acceso a la tierra de la población palestina.
Amnistía Internacional demuestra que las autoridades israelíes tratan a la población palestina como a un grupo racial inferior definido por su condición de árabe no judía. Esta discriminación racial está cimentada en leyes que afectan a la población palestina en la totalidad de Israel y los TPO.
Por ejemplo, a las personas palestinas ciudadanas de Israel se les niega la nacionalidad, dado que se establece una diferenciación legal con respecto de las personas israelíes judías. En Cisjordania y Gaza, donde Israel controla el registro civil desde 1967, la población palestina no tiene la ciudadanía y la mayoría es considerada apátrida, por lo que necesitan tarjetas de identidad del ejército israelí para vivir y trabajar en los territorios.
A la población refugiada palestina y a sus descendientes, que fueron desplazados en los conflictos de 1947-49 y 1967, se les sigue negando el derecho a retornar a sus antiguos lugares de residencia. La exclusión por Israel de la población refugiada es una violación flagrante del derecho internacional que ha dejado a millones de personas en la incertidumbre perpetua del desplazamiento forzado.
La población palestina de Jerusalén Oriental tiene la residencia permanente en lugar de la ciudadanía, aunque este estatuto es permanente sólo de nombre. Desde 1967, se ha revocado la condición de residente a más de 14.000 personas palestinas a discreción del Ministerio del Interior, lo que ha provocado su traslado forzoso fuera de la ciudad.
Ciudadanos y ciudadanas inferiores
Las personas palestinas ciudadanas de Israel, que representan alrededor del 19% de la población, sufren muchas formas de discriminación institucionalizada. En 2018, la discriminación contra la población palestina cristalizó en una ley constitucional que, por primera vez, consagraba a Israel exclusivamente como el “Estado nación del pueblo judío”. La ley también promueve la construcción de asentamientos judíos y rebaja la categoría del árabe como lengua oficial.
El informe documenta cómo a la población palestina se la impide efectivamente el arrendamiento de suelo en el 80% de las tierras estatales de Israel como consecuencia de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de las tierras.
La situación en la región del Néguev/Naqab, en el sur de Israel, es un notable ejemplo de cómo las políticas de planificación y edificación excluyen intencionadamente a la población palestina. Desde 1948, las autoridades israelíes han adoptado diversas políticas para “judaizar” el Néguev/Naqab, lo que incluye la designación de grandes zonas como reservas naturales o zonas de tiro militares, y el establecimiento de objetivos para aumentar la población judía. Esto ha tenido consecuencias devastadoras para las decenas de miles de beduinos palestinos que viven en la región.
En la actualidad, hay 35 pueblos beduinos, donde viven cerca de 68.000 personas, “no reconocidos” por Israel, lo que significa que están desconectados de las redes nacionales de suministro eléctrico y de agua, y son blanco de reiteradas demoliciones. Dado que los pueblos carecen de condición jurídica oficial, sus residentes también sufren restricciones a la participación política y están excluidos de los sistemas de salud y educación. Estas condiciones han obligado a muchas personas a abandonar su casa y su pueblo en lo que equivale a un traslado forzoso.
Décadas de trato deliberadamente desigual de la población palestina ciudadana de Israel la ha dejado de forma sistemática en desventaja económica respecto de la población israelí judía. Esto se ve exacerbado por la asignación abiertamente discriminatoria de los recursos del Estado: un ejemplo reciente es el paquete de medidas para la recuperación de la COVID-19, del que se ha concedido sólo el 1,7% a las autoridades locales palestinas.
Desposesión
La desposesión y el desplazamiento de la población palestina de sus casas es un pilar fundamental del sistema de apartheid israelí. Desde su creación, el Estado de Israel lleva a cabo confiscaciones de tierra masivas y crueles contra la población palestina, y sigue implementando multitud de leyes y políticas para obligar a ésta a vivir en pequeños enclaves. Desde 1948, Israel ha derribado cientos de miles de viviendas y otras propiedades palestinas en todas las zonas bajo su jurisdicción y control efectivo.
Al igual que en el Néguev/Naqab, la población palestina de Jerusalén Oriental y de la Zona C de los TPO vive bajo control total de Israel. Las autoridades niegan permisos de construcción a la población palestina de estas zonas, lo que obliga a ésta a construir estructuras ilegales que son derribadas una y otra vez.
En los TPO, la expansión continua de los asentamientos ilegales israelíes agrava la situación. La construcción de estos asentamientos en los TPO es una política gubernamental desde 1967. En la actualidad, ocupan el 10% de las tierras en Cisjordania y, entre 1967 y 2017, se ha expropiado cerca del 38% de las tierras palestinas de Jerusalén Oriental.
Los barrios palestinos de Jerusalén Oriental son elegidos a menudo por organizaciones de colonos que, con el pleno respaldo del gobierno israelí, trabajan para desplazar a las familias palestinas y entregar sus casas a colonos. Uno de estos barrios, el de Sheikh Jarrah, es escenario de frecuentes protestas desde mayo de 2021, donde las familias luchan para conservar sus casas, amenazadas por litigios con colonos.
Restricciones draconianas a la circulación
Desde mediados de la década de 1990, las autoridades israelíes imponen restricciones a la circulación cada vez más estrictas a la población palestina en los TPO. Una red de controles, cortes de ruta, vallas y otras estructuras controla la circulación de la población palestina dentro de los TPO y restringe sus viajes a Israel y al extranjero.
Una valla de 700 kilómetros que Israel sigue ampliando aísla a las comunidades palestinas dentro de “zonas militares”, cuyos residentes deben obtener múltiples permisos especiales cada vez que quieren entrar o salir de su casa. En Gaza, más de dos millones de palestinos y palestinas viven bajo un bloqueo israelí que ha creado una crisis humanitaria. A quienes viven en esta zona les es casi imposible viajar al extranjero o al resto de los TPO, y están segregados efectivamente del resto del mundo.
“Todos los movimientos de la población palestina están sometidos a la aprobación del ejército israelí”
“Para la población palestina, la dificultad de viajar dentro de los TPO y para entrar y salir de ellos es un recordatorio constante de su impotencia. Todos sus movimientos están sometidos a la aprobación del ejército israelí, y para hacer la más simple tarea cotidiana hay que navegar por toda una red de control violento”, manifestó Agnès Callamard.
“El sistema de permisos en los TPO es representativo de la descarada discriminación que ejerce Israel hacia la población palestina, encerrada por un bloqueo, atascada durante horas en los controles o esperando a obtener otro permiso más mientras que la ciudadanía y los colonos israelíes pueden circular como les place”.
Amnistía Internacional examinó cada una de las justificaciones de seguridad que alega Israel como base de su trato a la población palestina. El informe muestra que, aunque algunas políticas de Israel podrían haber sido concebidas para cumplir objetivos legítimos en materia de seguridad, la forma en que se han implementado es manifiestamente desproporcionada y discriminatoria y vulnera el derecho internacional. Otras políticas carecen de toda base de seguridad razonable y están conformadas claramente por la intención de oprimir y dominar.
En el futuro
Amnistía Internacional formula numerosas recomendaciones concretas sobre cómo las autoridades israelíes pueden desmantelar el sistema de apartheid y la discriminación, la segregación y la opresión que lo sostiene.
La organización pide, como primer paso, que se ponga fin a la brutal práctica de demoliciones de casas y desalojos forzosos. Israel debe conceder la igualdad de derechos a toda la población palestina en Israel y los TPO con arreglo a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Debe reconocer el derecho de la población refugiada palestina y de sus descendientes a retornar a las casas donde vivían ellos o sus familias, y proporcionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad una reparación completa.
La magnitud y la gravedad de las violaciones documentadas en el informe de Amnistía Internacional exigen un cambio drástico en el enfoque de la comunidad internacional a la crisis de derechos humanos en Israel y los TPO.
Todos los Estados pueden ejercer la jurisdicción universal sobre las personas de quienes quepa sospechar razonablemente que son autoras del crimen de apartheid en virtud del derecho internacional, y los Estados que son Partes en la Convención contra el Apartheid tienen la obligación de hacerlo.
“La respuesta internacional al apartheid no debe seguir limitándose a condenas anodinas y declaraciones ambiguas. A menos que abordemos las causas fundamentales, la población palestina y la israelí seguirán bloqueadas en el ciclo de violencia que ha destruido tantas vidas”, concluyó Agnès Callamard.
“Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad. Hasta que eso ocurra, la paz y la seguridad seguirán estando lejos para la una y para la otra”.
