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Amnistía Internacional defiende el derecho al aborto

Activistas de Amnistía Internacional se postulan a favor del derecho al aborto. © Amnesty International USA

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El “manifiesto de las 343” o cómo el aborto clandestino sigue matando mujeres

Por Vega Alonso del Val (@VegaAlonsoV), colaboradora de Amnistía Internacional,

El 5 de abril de 1971 la revista francesa Le Nouvel Observateur publicó el texto ‘Un llamamiento de 343 mujeres’. Una lista de 343 francesas que tuvieron el valor de contar públicamente que habían abortado, arriesgándose a una pena de cárcel. Entre ellas, la escritora y filósofa Simone de Beauvoir, la novelista y directora de cine Marguerite Duras, la socióloga Christine Delphy o las actrices Catherine Deneuve y Agnès Varda. Junto con decenas de mujeres anónimas denunciaban como cada año morían miles de mujeres por abortar de forma clandestina y reclamaban el derecho a un aborto libre y seguro. Medio siglo después, y a pesar de los avances, 47.000 mujeres fallecen cada año en todo el mundo tras practicarse abortos en condiciones de riesgo; y abortar sigue siendo un delito en países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta o Andorra.

Se las calificó de “zorras” porque la revista satírica Charlie Hebdo bautizó así su manifiesto: “Les 343 salopes” (zorras), y así se conoce también a su manifiesto. Una palabra usada como insulto en muchas ocasiones cuando las mujeres reivindican sus derechos. Sin embargo, fueron mujeres valientes que rompieron el silencio sobre el aborto a pesar de las consecuencias. Fueron señaladas, acusadas de exhibicionismo y hubo firmantes a las que su familia dejó de hablar y otras perdieron su trabajo.

Portada de la revista satírica Charlie Hebdo que hace referencia al manifiesto de las 343 mujeres

Portada de la revista satírica Charlie Hebdo, que le dio el nombre al conocido manifiesto

Su gesto se convirtió en histórico y su manifiesto comenzaba así: “Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas por la clandestinidad a la que están condenadas (…) Declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Igual que reclamamos el libre acceso a los anticonceptivos, pedimos el aborto libre”. En esos momentos en Francia 5.000 mujeres morían cada año por un aborto clandestino. “Pero el orden moral no se altera”, decía el manifiesto.

Tras años de acciones y protestas, el aborto fue despenalizado en Francia en 1975 con la conocida Ley Veil, en referencia a la ministra de Sanidad, Simone Veil, que se refería así al drama de los abortos clandestinos en Francia ante la Asamblea francesa: “No podemos seguir cerrando los ojos sobre los 300.000 abortos que cada año mutilan a mujeres en nuestro país”. 

Manifestación a favor del derecho al aborto en Francia

Manifestación a favor del derecho al aborto libre y gratuito en Francia. © Getty Images

51 años después de este manifiesto, con debate sobre la despenalización y legalización del aborto sobre la mesa, más de 50 países han modificado su legislación para permitir un mayor acceso al aborto en países como Argentina, México o Colombia. Sin embargo, todos los años hay 25 millones de abortos inseguros, la mayoría en países en vías de desarrollo económico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo. Amnistía Internacional denuncia que 47.000 mujeres mueren cada año tras un aborto inseguro. Además, provocan cinco millones de discapacidades evitables en su mayoría, como apunta la OMS.

Con independencia de lo que dicen las leyes en cada país, se tienen abortos en todo el mundo todos los días. Restringir el acceso a un aborto seguro o penalizarlo por ley no implica un menor número de abortos. Solo hace que sea menos seguro obligando a mujeres y niñas a poner en riesgo su vida recurriendo a abortos clandestinos sin cumplir los mínimos sanitarios.

Aborto seguro y derechos humanos

El acceso a un aborto seguro, sin riesgos, es un derecho que debería poseer toda mujer o niña y las demás personas que pueden quedarse embarazadas. Es fundamental para proteger y respetar sus derechos y su propia vida. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos tales como a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.

En 2005 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó al Estado de Perú por no garantizar a una mujer el acceso al aborto. La no prestación de un aborto terapéutico fue declarada una violación de varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: a los derechos a la igualdad, a la intimidad y a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La  joven de 17 años fue diagnosticada por tener un embarazo en el que el feto, de 14 semanas, tenía anencefalia, una anomalía letal para el bebé y, en muchos casos, también para la madre. La joven fue obligada a completar el embarazo. El bebé sobrevivió cuatro días. Esta fue la primera vez que un comité de las Naciones Unidas hacía responsable a un país por fallar en asegurar acceso a un aborto seguro y legal.

El principio de autonomía física de los derechos humanos señala que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras. Por tanto, obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos.

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, forma parte de la 'Declaración política sobre la cobertura universal de salud', firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional considera que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva. Para ello, es esencial que las legislaciones de los países relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.

Miles de mujeres mueren cada año en el mundo tras practicarles abortos en condiciones de riesgo

Concentración contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia al negársele el aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski

¿Dónde está penalizado el aborto?

Países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta o Andorra mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias y, otros países como Polonia, sólo lo permiten en caso de que la vida de la embarazada esté en peligro o en caso de violación. En Amnistía Internacional trabajamos por el caso de Justyna Wydrzyńska, una defensora de los derechos humanos que se enfrenta a tres años de cárcel por haber apoyado a mujeres que necesitaban abortar en Polonia, país con una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas de Europa.

En Texas, Estados Unidos, han prohibido el aborto a partir de las seis semanas del embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Esta ley, además, anima a la ciudadanía a vigilar y ofrece una recompensa de 10.000 dólares a cualquiera denuncie a otra persona sospechosa de ayudar a abortar.

Amnistía Internacional señala que la despenalización total del aborto es esencial para proteger los derechos humanos y evitar nuevas muertes y lesiones a consecuencia de abortos en condiciones de riesgo. También incide en ello el grupo de trabajo de la ONU sobre ‘la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica’ al señalar que los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo.

El 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto seguros o son inaccesibles, según apunta la OMS.

Barreras, discriminación y estigma

Amnistía Internacional también denuncia cómo incluso en los Estados con acceso a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como un coste elevado, la falta de imparcialidad en el asesoramiento, la existencia de plazos obligatorios de espera, la poca disponibilidad de servicios, la objeción de conciencia del personal sanitario o la información engañosa.

Penalizar el aborto y la negación de servicios médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva, es una forma de discriminación. Un hecho que denuncia constantemente el comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Esta discriminación fomenta aún más que se estigmaticen a las mujeres y niñas que abortan por parte de la sociedad, familia, personal de la salud y la justicia. A ello hay que sumar el hostigamiento y acoso que sufren las mujeres que deciden abortar. Por ejemplo, en el caso de España grupos antiaborto acuden a las puertas de clínicas privadas para insultar y amenazar a las mujeres que asisten a ellas.

Desde finales de diciembre de 2020, el aborto es legal en Argentina

Manifestantes a favor de la legalización del aborto en Buenos Aires, Argentina, 11 de diciembre de 2020. © REUTERS/Agustin Marcarian

Hacia un futuro sin abortos inseguros

Los datos de la OMS indican que los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Estos índices se reducen cuando existe educación sexual integral, se tiene información sobre métodos anticonceptivos y se puede acceder a ellos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud considera que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas que tienen acceso a educación sexual puedan utilizar métodos anticonceptivos eficaces. En este sentido, Amnistía Internacional denuncia que, en países como Paraguay, el Ministerio de Educación prohibió la educación sexual en las escuelas y eliminó todas las referencias al “género” en los materiales de educación pública. Esto constituye un grave incumplimiento de la obligación de Paraguay de defender los derechos de las niñas a la salud, la educación y una vida sin violencia.

Los índices de aborto también se reducen cuando es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos. Amnistía Internacional sostiene que el acceso al aborto sin riesgos es un componente esencial de una sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización de todos los derechos humanos.

El acceso al aborto sin riesgos es esencial en una sociedad justa e igualitaria

Manifestantes participan en la Marcha de las Mujeres en Nueva York, el 2 de octubre de 2021. © Kena Betancur/AFP vía Getty Image

¿Y qué dice Amnistía Internacional?

  • Exige a los Estados que garanticen los derechos sexuales y reproductivos a mujeres y niñas, el derecho a la información, a la educación afectivo-sexual, a la salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos.
     
  • Reconoce que todas las personas que pueden quedarse embarazadas tienen derecho al aborto.
     
  • Reconoce que las decisiones relativas al embarazo y el aborto repercuten directamente en la totalidad de los derechos humanos.
     
  • Pide el acceso universal a aborto sin riesgos, la provisión de atención posterior y de información relacionada con el aborto basada en evidencia científica.
     
  • Pide la eliminación del aborto de la legislación penal y otras leyes y políticas punitivas, y que se deje de sancionar a las mujeres, niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas, proveedores de atención de la salud y otras personas por obtener, prestar servicios de aborto o ayudar en su práctica.
     
  • Pide que se reformen las leyes y políticas que limitan el acceso al aborto a circunstancias concretas.
     
  • Pide a los Estados que hagan efectivos los derechos económicos y sociales mediante la promoción de políticas que empoderen a las personas embarazadas para tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva, incluso mediante el acceso a atención de la salud, seguridad social y medios para conseguir un nivel de vida adecuado.

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