Desde el 18 de octubre Santiago de Chile vive escenas que nos retrotraen a otros tiempos. La decisión de subir el precio del metro ha sido la gota que ha colmado la paciencia de amplios sectores ya afectados por otras medidas negativas para su economía.
En respuesta a las protestas masivas, el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido sacando el ejército a las calles y se ha decretado el estado de emergencia y el toque de queda en la capital y otras ciudades. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ya se contabilizan 13 personas muertas, 88 heridas por armas de fuego y más de 1.330 detenidas, incluidos menores de edad. Hay denuncias de torturas y malos tratos, incluidos casos de desnudamiento de mujeres.
La sociedad chilena tiene todo el derecho y mucha razón para protestar. Criminalizar las protestas no es la respuesta. Las autoridades chilenas deben prevenir y evitar las acciones violentas de algunas personas, pero esto no puede servir como pretexto para restringir los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, ni para hacer un uso indebido de la fuerza. En vez de equiparar las protestas con un ‘estado de guerra’, estigmatizando de forma generalizada a todos los manifestantes, el presidente Piñera debería escucharles y atender sus legítimas demandas.
Amnistía Internacional ha creado los siguientes canales donde el público puede enviar evidencias de posibles violaciones de derechos humanos:
Whatsapp: +52 55 6217 0608
Email: crisisamericas@amnesty.org
Twitter: #EvidenciaCrisisChile>
