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¡Ni abuso de poder, ni impunidad! No a la violencia sexual a manos del Estado

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 7.959 firmantes

Petición antes del cierre

Una de cada cinco mujeres en el mundo sufre alguna vez violencia sexual. En ocasiones, las agresiones sexuales se producen a manos de agentes del Estado, cuya función debería ser protegerlas.

Esta acción ha finalizado. Más de 8.000 personas han solicitado a los gobiernos de Colombia, República Democrática del Congo y México que combatan la impunidad de la violencia sexual cometida a manos del Estado y garanticen la reparación de las víctimas.

 

Bitondo Nyumba, viuda y madre de cuatro hijos, violada en 2005 por soldados de la República Democrática del Congo, murió por las lesiones sufridas.

 

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapaneca, fueron violadas por integrantes del ejército mexicano en 2002.

 

En Colombia, el Gobierno reconoció en 2003 que el 36% de las mujeres desplazadas habían sido forzadas a mantener relaciones con hombres.

Años después las víctimas siguen sin recibir justicia.

 

Las firmas recabadas se han entregado a las tres embajadas y Amnistía Internacional seguirá trabajando para que los responsables de violencia sexual respondan ante la justicia.

 

Petición original:

 

La violencia sexual es una de las agresiones de género reconocidas internacionalmente como más degradante. Las sobrevivientes padecen un gran sufrimiento emocional, daños psicológicos, lesiones físicas, enfermedades y ostracismo social.

 

Las agresiones sexuales no sólo las cometen familiares o conocidos, sino que también son perpetradas por agentes del Estado cuya función debería ser proteger a las mujeres. Tanto en situaciones de conflicto como en tiempos de paz, cuando las agresiones sexuales son cometidas por agentes del Estado, se incrementan la impunidad y los obstáculos de las víctimas para obtener justicia.

 

Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar las agresiones sexuales contra las mujeres, incluidas las cometidas por sus propios agentes, así como de garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia, asistencia y reparación.