La inacción continuada de Qatar para remediar los abusos contra los derechos humanos sufridos por la población trabajadora migrante y brindarle una protección adecuada frente a la explotación laboral están enturbiando el legado de la Copa Mundial masculina de la FIFA cuando se cumple un año de su celebración, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El nuevo informe de Amnistía Internacional A Legacy in Jeopardy muestra que los avances en la mejora de los derechos laborales se han estancado en gran medida desde que finalizó el torneo, y que los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sufrieron abusos en relación con el torneo siguen sin tener acceso a justicia y reparación. El progreso limitado que se había hecho en algunos ámbitos se ha visto ensombrecido por la falta de medidas para hacer frente al amplio abanico de abusos que continúan.
“El hecho de que Qatar siga sin reforzar ni hacer cumplir adecuadamente las reformas laborales que había aprobado antes de la Copa Mundial pone en grave peligro cualquier posible legado para los trabajadores y trabajadoras. El gobierno debe renovar urgentemente su compromiso de protegerlos, y la FIFA y Qatar deben acordar planes de reparación para todas las personas afectadas”, expresó Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
“Cientos de miles de personas trabajadoras migrantes perdieron su dinero —a causa de prácticas como el cobro de tarifas ilegales en concepto de contratación o el impago de los salarios—, su salud e incluso su vida mientras la FIFA y Qatar intentaban desviar y negar su responsabilidad. En este año que ha transcurrido desde el final el torneo se ha hecho demasiado poco para corregir todos estos males, pero los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible la Copa Mundial de 2022 no deben caer en el olvido.”
“Cientos de miles de personas trabajadoras migrantes perdieron su dinero —a causa de prácticas como el cobro de tarifas ilegales en concepto de contratación o el impago de los salarios—, su salud e incluso su vida mientras la FIFA y Qatar intentaban desviar y negar su responsabilidad”
Las reformas impulsadas por el gobierno qatarí —aprobadas tarde y aplicadas escasamente— y la adopción por parte de la FIFA de una política de derechos humanos en 2017 no lograron impedir que se produjeran abusos generalizados antes y durante el torneo; abusos contra los derechos humanos que se siguen cometiendo.
Steve Cockburn ha declarado: “Los abusos contra los derechos humanos relacionados con la Copa Mundial de 2022 deben servir para recordar a los organismos deportivos que en su toma de decisiones sobre la adjudicación de eventos deben tratar los derechos humanos como una cuestión prioritaria.”.
Reforma y aplicación insuficientes
En 2017 Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo que se tradujo en la adopción durante los años siguientes de cambios sustanciales en la legislación laboral, incluida la reforma del sistema de patrocinio (kafala), un nuevo salario mínimo y la aprobación de legislación sobre salud y seguridad. Sin embargo, al inicio de la Copa Mundial, las medidas de aplicación y cumplimiento necesarias para evitar que se produjeran nuevos abusos generalizados seguían siendo insuficientes.
Desde que el torneo terminó, el proceso se ha estancado aún más. Las personas entrevistadas contaron al equipo de investigación que la mayoría de trabajadores y trabajadoras migrantes pueden ahora salir libremente del país, y señalaron avances en la aplicación de las leyes relacionadas con el trabajo con exposición al calor, especialmente la prohibición de los trabajos de construcción al aire libre en las horas más calurosas del día. Pero más allá de esto, dibujaron un panorama sombrío en el que el proceso ha perdido impulso y la explotación continúa.
Se supone que la población trabajadora puede cambiar libremente de empleo para escapar de los abusos u obtener mejores condiciones, pero aunque legalmente ya no necesiten un “certificado de no objeción” de sus empleadores, en la práctica aún se les solicita algún tipo de permiso. Algunas de las personas entrevistadas contaron a Amnistía Internacional que incluso los funcionarios del gobierno seguían sugiriéndoles que obtuvieran dicho permiso para facilitar el cambio de empleo, y que en los anuncios de empleo a menudo se pedía. Los propios datos del Gobierno muestran que, si bien más de 150.000 personas cambiaron de empleo en los ocho primeros meses del año, durante ese periodo el gobierno también denegó un tercio de las solicitudes de cambio presentadas por trabajadores y trabajadoras.
“Cambiar de trabajo sigue siendo un problema. Los trabajadores no pueden cambiar sin el certificado de no objeción; es imposible cambiar de empleo si no se tiene. Es como un requisito silencioso. La mayoría de nuevos empleadores siguen exigiendo el certificado de no objeción, y las antiguas empresas no quieren darlo”, explicó al equipo de investigación un diplomático de un país de origen de trabajadores.
Además, los empleadores siguen controlando de facto la presencia de la población trabajadora en el país, lo que pone en peligro su situación jurídica y les impide cambiar de empleador. Por ejemplo, cuando los trabajadores interponen denuncias o solicitan un cambio de empleo, hay empleadores abusivos que siguen anulando sus permisos de residencia, o presentan denuncias falsas por “abandono” del puesto de trabajo, lo que puede dar lugar a su detención y deportación. Un representante de una embajada extranjera en Doha contó a Amnistía Internacional que “los empleadores aún tienen a los trabajadores atados de pies y manos”.
El robo de salarios sigue siendo la forma más frecuente de explotación a la que se enfrenta la población trabajadora migrante en Qatar, incluidos los repartidores de comida a domicilio, un sector en crecimiento, pero el sistema para detectar los impagos y las demoras en el pago de salarios y prestaciones no sirve aún a su propósito. Los salarios también siguen siendo bajos, y no se ha producido ningún aumento del salario mínimo desde que se estableció en 2021, pese a que el coste de la vida ha aumentado.
A pesar de la creación de comités laborales especializados en Qatar, de los que ahora hay cinco, los trabajadores y trabajadoras migrantes que intentan acceder a una reparación a través del sistema judicial siguen enfrentándose a enormes obstáculos. Sigue siendo un proceso largo y difícil para ellos, que deben permanecer en el país para defender sus casos. Como consecuencia, en la mayoría de los casos no tienen más remedio que aceptar indemnizaciones muy inferiores a las que les corresponden, y rara vez se hace rendir cuentas a los empleadores abusivos.
El personal doméstico migrante, en su mayoría mujeres, continúa en una situación de especial vulnerabilidad a abusos graves y, en el último año, el gobierno apenas ha hecho nada para proteger mejor a este personal o llevar a los responsables de los abusos ante la justicia.
Reparación y restitución
Aunque no se puede dar marcha atrás a los abusos laborales sufridos por la población trabajadora migrante desde que la FIFA nombró a Qatar país anfitrión de la Copa Mundial, estos pueden y deben remediarse.
La FIFA generó unos ingresos récord de 7.500 millones de dólares estadounidenses con la Copa Mundial de Qatar, pero sigue sin haber claridad en torno al Fondo del Legado del torneo que la entidad prometió.En marzo, la FIFA anunció que llevaría a cabo una revisión de las medidas que debía tomar para garantizar una reparación acorde con sus políticas de derechos humanos. Se espera que se publique próximamente. A fin de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos respectivas, Qatar y la FIFA deben actuar con urgencia para garantizar que el derecho de las víctimas a un recurso y a indemnización no se niegue ni retrase más.
Como Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad, cientos de guardias y agentes de seguridad migrantes desplegados en lugares relacionados con el torneo con contratos de corta duración sufrieron explotación laboral durante la Copa Mundial de Qatar 2022. Entre otras cosas, se cobraban a los trabajadores tarifas ilegales en concepto de contratación, se les mentía sobre el trabajo que iban a desempeñar y se les obligaba a hacer jornadas excesivas sin días de descanso semanales. Casi un año después aún no han recibido reparación alguna.
Marcus, ghanés de 33 años que trabaja para mantener a sus hermanos y hermanas y pagó casi 400 dólares en concepto de contratación, contó a Amnistía Internacional:
“Tuve que pedir un préstamo para pagar los gastos de viaje para trabajar en Qatar durante la Copa Mundial. Aún lo estoy pagando; lo que gané no alcanzó”.
El informe hace hincapié en el plan de reforma en 10 puntos elaborado por Amnistía Internacional en noviembre de 2022 que insta a Qatar a mejorar y reforzar la aplicación de su legislación laboral a fin de proteger a la población trabajadora frente a nuevos actos de explotación y a garantizar el acceso a justicia y reparación a todas las víctimas.
Steve Cockburn ha declarado: “Qatar no debe engañarse pensando que, por el mero hecho de que el torneo haya terminado, sus acciones no se someterán a escrutinio, y debe renovar sus esfuerzos para mejorar los derechos de la población trabajadora. Por otro lado, a fin de evitar que se repitan los abusos asociados a la Copa Mundial de Qatar, la FIFA debe aprender de sus errores, estar dispuesta a asumir seriamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos y remediar directamente los abusos que su inacción haya provocado o contribuido a provocar”.
