Un año después de la muerte de Nizar Banat, activista palestino fallecido en junio de 2021 poco después de ser detenido y agredido brutalmente por las fuerzas de seguridad palestinas, sigue sin hacerse justicia, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La organización pide a las autoridades palestinas que garanticen que los responsables de la muerte de Nizar Banat rinden cuentas ante el sistema de justicia ordinaria, ya que los procedimientos ante tribunales militares son esencialmente deficientes.
Nizar Banat era un destacado activista y un crítico declarado de la corrupción existente entre las autoridades palestinas de Cisjordania. El 24 de junio de 2021, una unidad conjunta de fuerzas del servicio de Seguridad Preventiva y los Servicios Generales de Inteligencia de Palestina irrumpió en la vivienda donde estaba, lo aporreó y se lo llevó en un vehículo militar. Nizar Banat murió alrededor de una hora después, sin que lo llevaran al hospital. Las autoridades palestinas acusaron de su muerte a 14 agentes, pero no interrogaron ni investigaron a ningún mando superior. La investigación y el juicio se llevaron a cabo ante el sistema de justicia penal militar, lo que vulnera las normas de derechos humanos.
“El juicio militar irregular de 14 agentes de seguridad de baja graduación no contribuirá a que se haga justicia. Tiene que haber un juicio civil que cumpla las normas internacionales, y no una simple cortina de humo para proteger a los que están más arriba. Es fundamental que también se haga rendir cuentas a las personas que ordenaron la detención de Nizar Banat sin motivo legítimo alguno y a las que supervisaron la agresión”, declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El derecho internacional de los derechos humanos estipula que las causas que incluyan violaciones de derechos humanos deben ser enjuiciadas en tribunales civiles, aun cuando haya implicados miembros de las fuerzas armadas. La Autoridad Palestina debe transferir inmediatamente esta causa al sistema de justicia ordinaria para garantizar la independencia de los procedimientos con respecto a los implicados en el delito.”
El juicio dio comienzo en septiembre de 2021 ante el tribunal militar de Ramala. El 1 de noviembre de 2021, la familia de Nizar Banat y su abogado, Ghandi Al Rabi, se retiraron de la vista después de que el abogado defensor de los 14 sospechosos acusara a Hussein Banat, familiar de Nizar Banat, de falso testimonio. El abogado de la familia instó al tribunal a registrar esa difamación y añadió esa objeción a su lista de pruebas de que el tribunal militar no actuaba con imparcialidad con respecto a las fuerzas de seguridad.
Ghandi Al Rabi contó a Amnistía Internacional que se había obstruido reiteradamente el sumario penal con aplazamientos constantes, difamación de testigos y, más recientemente, la puesta en libertad provisional de los enjuiciados por el homicidio de Nizar Banat.
Los 14 agentes no han sido suspendidos del servicio activo en las Fuerzas de Seguridad Preventiva de Palestina. Pese a haber sido recluidos en julio de 2021 en la prisión militar de Jericó, el 21 de junio de 2022 el fiscal general militar autorizó su libertad entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2022. Su libertad provisional había sido solicitada como “vacaciones” y garantizada por sus colegas de las Fuerzas de Seguridad Preventiva de Palestina.
“Cuando la misma organización que emplea a los presuntos responsables también se ofrece a garantizar la cooperación de éstos con su juicio, el proceso judicial parece una farsa. Esto es precisamente lo que impide que un tribunal militar saque la verdad a la luz”, manifestó Heba Morayef.
El 18 de mayo de 2022, Ghandi Al Rabi y la familia de Nizar Banat se retiraron por completo de las vistas judiciales alegando su pérdida de confianza en las actuaciones. Están preparando el caso para los tribunales civiles.
Ghandi Al Rabi contó a Amnistía Internacional: “Estamos luchando por que se lleve ante la justicia no sólo a quienes cometieron el acto atroz de torturar y asesinar a Nizar, sino también a los que dieron la orden, lo facilitaron y dieron luz verde. Ahora hemos retrocedido 10 pasos, ya que los acusados están de ‘vacaciones’”.
Ammar Banat, primo de Nizar Banat, fue una de las personas que presenció el arresto en junio del año pasado. Contó a Amnistía Internacional que un grupo de agentes de seguridad detonaron la puerta de la casa, irrumpieron en ella sin presentar ninguna orden judicial y se dirigieron inmediatamente a la habitación en la que dormía Nizar. Según Ammar Banat, miembros de las fuerzas de seguridad empezaron a pegarle con porras incluso en la cabeza y le rociaron la cara con un aerosol de pimienta. Después le quitaron toda la ropa salvo la interior y lo arrastraron hasta un vehículo que estaba fuera sin informar a la familia del lugar a donde lo llevaban.
Información complementaria
La investigación de la muerte de Nizar Banat que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad, que finalizó el 6 de septiembre, absolvió a los jefes regionales de toda responsabilidad por las órdenes de detención sin orden judicial y la cultura de violencia excesiva.
Las autoridades palestinas siguen reprimiendo la libertad de expresión y de reunión en una campaña creciente para aplastar la disidencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva a las protestas desencadenadas por la muerte de Nizar Banat. El 3 de julio de 2021, cientos de personas palestinas se congregaron en Ramala, ciudad palestina del centro de Cisjordania, para una manifestación pacífica contra el presidente Mahmud Abás. Los agentes de seguridad detuvieron a decenas de manifestantes, incluido Ghassan al Saadi, destacado detractor de las autoridades palestinas, al que aprehendieron cuando se dirigía a su domicilio después de la protesta y propinaron puñetazos, puntapiés y golpes con porras.
La tortura y otros malos tratos siguen siendo generalizados en las prisiones administradas por las autoridades palestinas. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2022, la entidad defensora de los derechos humanos de Palestina —la Comisión Independiente por los Derechos Humanos—, recibió 55 denuncias de tortura y otros malos tratos contra las autoridades de Cisjordania y 60 contra las de Gaza.
