Madrid.- Una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general, Agnès Callamard, así como por el director de la organización en España, Esteban Beltrán, ha presentado a las autoridades y oposición las propuestas de la organización para la próxima XV Legislatura en un documento titulado “Visión y Coraje para avanzar en derechos humanos”.
“El sufrimiento de la población en Gaza merece que todos los actores políticos en España, y en el mundo, dejen de lado sus diferencias y acuerden una agenda común, basada en el derecho internacional y los derechos humanos para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza”, señala Agnès Callamard.
La organización valora positivamente las medidas ya tomadas, como su apoyo a la financiación de la UNRWA, a la investigación de la Corte Penal Internacional y al caso de genocidio llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Pero también debe avanzar en algunas más, convirtiendo en permanente la suspensión temporal de envío de armas a Israel, además de promover, en el seno de la UE, la prohibición de la importación de productos de los colonos de los territorios palestinos ocupados y la revisión del acuerdo de cooperación entre Israel y la UE, entre otras medidas.
Propuestas expresadas en las reuniones
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado a Amnistía Internacional su intención de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, una norma que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión y sobre la que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde su entrada en vigor.
Además, tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons manifestaron su apoyo a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una ley que restringe el derecho de acceso a la información, obstaculizando la investigación de violaciones graves de derechos humanos en España.
“Esperemos que estas reformas se hagan realidad en un breve periodo de tiempo. Por nuestra parte, haremos el seguimiento oportuno para que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean escuchadas y estén en el centro de toda medida”, señala Esteban Beltrán, director de AI España.
Por otro lado, Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hecho de que el Ministro de Interior se haya mostrado abierto a explorar modelos de mecanismos independientes para la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como tienen en otros países europeos.
Otro de los cuestiones planteadas en la reunión con Grande-Marlaska y que Amnistía Internacional considera que, de llevarse a cabo, sería un paso importante, sería la de cumplir con las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para eliminar los obstáculos que impiden obtener protección internacional a las personas subsaharianas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. La organización insiste en que es necesario también resolver otra de las principales violaciones de derechos humanos que se producen en la frontera, tal y como asegura el Defensor del Pueblo: la práctica, contraria a la legislación internacional de expulsar sumariamente, de forma colectiva o individual a Marruecos a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Asimismo, en lo relativo a las empresas, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, se ha comprometido a trasponer la Directiva de debida diligencia, en caso de aprobarse el 15 de marzo, y, en caso de que no sea aprobada, a promover, tanto a nivel nacional como europeo, medidas legislativas para exigir a las empresas la aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos humanos y cambio climático con el fin de identificar potenciales riesgos e impactos negativos, prevenir, mitigar, rendir cuentas, y reparar a las victimas.
Asignaturas pendientes
Esta legislatura arrastra un terrible episodio de la anterior: la tragedia de Melilla de junio de 2022, una de las mayores manchas de derechos humanos de la democracia española. Amnistía Internacional lamenta que en la reunión con Grande-Marlaska el ministro no haya asumido un compromiso real para investigar de forma independiente lo sucedido, así como para que los derechos humanos jueguen un papel importante en las relaciones con Marruecos. “Las autoridades españolas, así como también las marroquíes, deben asumir su responsabilidad,y dejar de frustrar los intentos de averiguar la verdad de lo sucedido en Melilla, tan necesaria para garantizar justicia a las víctimas y sus familias”, lamenta Callamard.
Por último, la organización también recuerda la importancia de estar alerta ante los posibles retrocesos en algunas materias. “Es el momento de lograr un consenso básico de todas las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, para defender y avanzar en derechos humanos en España, sin ceder a tentaciones racistas, homófobas o que cuestionan la violencia de género”. “Deben tener visión y coraje para garantizar el acceso a la sanidad universal de todas las personas, incluidas las migrantes en situación administrativa irregular, y para implementar a nivel autonómico leyes estatales, como la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Libertad Sexual, la Ley de Vivienda, las leyes que garantizan los derechos de las personas LGTBI, y la ley de salud sexual y reproductiva, así como combatir de manera efectiva el cambio climático, entre otros aspectos”, concluye Beltrán.
La organización ha lamentado también que España no vaya a reformar por el momento la ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio de jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional, investigando y enjuiciando a las personas sospechosas de haberlos cometido ante tribunales nacionales, con independencia del lugar donde se cometieron.
Información adicional
Amnistía Internacional se ha reunido en los últimos tres días con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares; además de con el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons. También ha mantenido encuentros con organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre migración, asilo y libertad de expresión.
