Antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, informar en Egipto resultaba ya una odisea. La crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus ha sido, de algún modo, el epílogo.
El país más poblado del mundo árabe reportó el primer contagio en suelo africano en febrero de 2020. Desde entonces un denso mutismo sepultó las estadísticas oficiales y, como había sucedido antes con la disidencia política o la defensa de los derechos humanos, cualquier ejercicio de transparencia sanitaria fue percibido por el régimen como una afrenta a la narrativa única que desde 2013 ha tratado de imponer. En los primeros días del confinamiento, recibí de un funcionario un mensaje de WhatsApp desconcertante. No venía precedido del preceptivo saludo de cortesía y tampoco le acompañaba ninguna despedida. La comunicación incluía exclusivamente un enlace que daba cuenta de la deportación de varios reporteros estadounidenses en China por la cobertura del coronavirus. No hubo más contacto pero el objetivo parecía preciso.
“Las autoridades egipcias no comparten públicamente los datos de pruebas diagnósticas, en un país que ha levantado todas las restricciones y que tiene cifras de contagios irrisorias, poco creíbles”
Una médica egipcia comprueba una radiografía de los pulmones de un paciente en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital de Imbaba, en El Cairo, el 19 de abril de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus. © AHMED HASAN/AFP vía Getty Images
En una realidad que puede extenderse a otros países de la región, los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos han sufrido durante el último año el zarpazo extra de la pandemia. La crisis sanitaria ha exacerbado la perpetua crisis de los derechos humanos en una zona del mundo minada por los conflictos y la represión más brutal. Al grupo de agredidos y hostigados se sumaron los profesionales sanitarios, extenuados por una labor para la que carecían de recursos. “La situación es mucho peor de lo que cualquiera puede imaginarse pero el mundo ha decidido darnos la espalda”, me cuenta amargamente un disidente en el exilio. A mediados del pasado agosto siete médicos y dos farmacéuticos permanecían detenidos por criticar la estrategia del Gobierno egipcio. “Los doctores están expuestos a muchas amenazas. Hay una falta de equipamiento y formación. La principal inquietud, no obstante, es la mentalidad política. El Gobierno piensa a la antigua usanza, trata de levantar su moral diciendo que es un ejército de batas blancas pero luego no hay nada más, no existe ningún respaldo”, lamenta un galeno desde el anonimato.
La situación apenas ha cambiado desde el año pasado. El régimen ha recurrido a todas las leyes a su alcance -la antiterrorista, la de cibercrimen- para perseguir a todo aquel que denunciara la agonía de los hospitales públicos. Informar en un ambiente vigilado se ha vuelto aún más complicado. Para un periodista extranjero, es una aventura encontrar hoy voces que intramuros del país alumbren las enormes zonas grises que han consolidado unos medios de comunicación locales controlados por los aparatos de seguridad. Cualquier historia, hasta aquella considerada humana, es capaz de convertirse en política y tener fatales consecuencias para quien se presta a compartirla con un reportero. Descifrar las cifras oficiales es, al mismo tiempo, un monumental embrollo. Desde hace semanas las autoridades egipcias no comparten públicamente los datos de pruebas diagnósticas en un país que ha levantado todas las restricciones y que tiene cifras de contagios irrisorios, poco creíbles. “Quieren presentarse ante los medios de comunicación internacionales cómo un Gobierno profesional, pero nada de lo que han hecho es científico o lógico para controlar esta pandemia”, concluye un facultativo.
