Activistas, abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que ponen su vida y su libertad en peligro luchando por los derechos humanos, siguen sufriendo intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy y titulado Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso. Se presenta el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos y ofrece una perspectiva general de la situación de quienes defienden derechos humanos en la región. El informe se centra principalmente en más de 200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado durante los dos últimos años. “La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “Resulta angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden los derechos humanos.” El informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas que defienden los derechos humanos.
Muerte y violencia En algunos países ha habido un aumento meteórico de las amenazas y los ataques contra defensores y defensoras. Mientras tanto, las autoridades estatales de toda la región eluden su deber de abordar el creciente problema. Colombia es uno de los países en donde la situación es más grave. Allí, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 40 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio en los nueve primeros meses de 2014. Entre septiembre y octubre de este año, más de un centenar de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron una serie de amenazas de muerte por correo electrónico enviadas por grupos paramilitares. “Con frecuencia, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos podrían haberse evitado si las autoridades estatales hubieran atendido debidamente las denuncias y hubieran investigado las amenazas y los actos de intimidación de los que estas personas fueron víctimas. Los dirigentes estatales de la región deben hacer más para abordar estos problemas y para brindar una protección efectiva a los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre la Situación de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en América de Amnistía Internacional. Derecho a la tierra y cuestiones de territorio La investigación de Amnistía Internacional concluyó que quienes trabajan sobre los derechos humanos en relación con la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región, pagan un alto precio por su trabajo. En un caso emblemático de Honduras, el 27 de agosto de 2014 Margarita Murillo fue muerta a tiros. Anteriormente había denunciado amenazas e intimidación. Era defensora y líder comunitaria, y llevaba más de 40 años luchando por los derechos de las comunidades campesinas, para que pudieran mejorar sus condiciones de vida. Violencia de género y discriminación Quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexo (LGBTI) también corren especial peligro. Amnistía Internacional realizó decenas de entrevistas a mujeres defensoras, quienes no sólo sufren represión por su labor de defensa de los derechos humanos, sino que además luchan contra la desigualdad y la discriminación y son objeto de amenazas y ataques a causa de su género. En El Salvador, las defensoras de los derechos humanos que luchan contra la prohibición total del aborto y sus mortales consecuencias han sufrido una intimidación y una estigmatización constantes. Algunas han sido amenazadas con ser llevadas a juicio si siguen con su trabajo en apoyo a mujeres vulnerables que han sido injustamente encarceladas por haber sufrido abortos. Los Estados aún no han adoptado ni implementado medidas de protección específicas y efectivas para que las defensoras de los derechos humanos puedan hacer frente a los riesgos específicos que corren. De igual modo, quienes defienden los derechos del colectivo LGBTI sufren numerosos ataques a causa de su labor. Este ha sido un problema especialmente grave en el Caribe. En agosto de 2014, tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, Javed Jaghai, miembro de la organización J-FLAG (Forum of Lesbians, All-Sexuals and Gays), retiró un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre hombres.
Castigo por defender los derechos humanos Amnistía Internacional también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales para reprimir a quienes defienden los derechos humanos e impedir su trabajo. Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México. Desde 2011, se enfrenta a cargos penales infundados de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”. Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras. “Por desgracia, en América Latina y el Caribe cada vez es más habitual que los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrenten a acusaciones infundadas y detenciones injustas. Resulta sumamente preocupante que las autoridades no erradiquen el uso indebido del sistema de justicia como medio de represión”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado.
Pasos adelante El informe destaca que los logros alcanzados en el derecho regional e internacional aún no han sido implementados por los gobiernos del continente. “Aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos han avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para que quienes están en la primera línea del trabajo de derechos humanos gocen del respeto y la protección que tan claramente necesitan”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas. “Instamos a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor de los derechos.”
