El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, señalaron hoy 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre Venezuela. La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas.
Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.
Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato, dijeron las organizaciones. Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y [...] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones. Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.
Si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias.
Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.
El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.
Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.
Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las organizaciones.
Lista de Firmantes
AC Conciencia Ciudadana, AC Instituto Mead de Venezuela, AC Liderazgo y Vision, AC Los Naguaritos, AC Médicos Unidos de Venezuela, AC Trabajando Sin Frontera, Acceso a la Justicia, Acción En Positivo, Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla), Amnesty International, Asociación Cauce, Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA), Asociación Mujeres Sin Fronteras, Asociacion Venezolana para la Hemofilia, Asosaber, Aula Abierta, Bandesir Lara, CADAL, Caleidoscopio Humano, Caminos de la Memoria, Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia), Center for Justice and Peace (CEPAZ), Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre), Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI), Centro de Atención Psicosocial CAPS, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET), Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM), Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Children Believe, Ciudadanía Con Compromiso AC, Civil Rights Defenders, Civilis Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social - Peru, Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara, Comisión ULA Mujer, Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, Comunidad en Movimiento AC, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DefensActiva, Defiende Venezuela, Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, Doria Esther Benaim, Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Entretejidas, Epikeia Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal, Freedom House, Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer, Fundacion Aguaclara, Fundación Aylwin Chile firma, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Construir, Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ), Fundación Iribarren Lucha, Fundación Lucelia, Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez, FundaRedes, FUNDEMUL Venezuela, Global Centre for the Responsibility to Protect, GobiérnaTec, Hearts On Venezuela, Hombres por la equidad e igualdad, Human Rights Watch, Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú), Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP, International Commission of Jurists (ICJ), International Center for Transitional Justice, International Service for Human Rights (ISHR), Justicia Encuentro y Perdón, KISTH, Laboratorio de Paz, Maria Antonieta Torres Ferrer, María Teresa Sánchez, Monitor de Víctimas, Movimiento Manuela Ramos, Movimiento Ciudadano Dale letra, Movimiento Decode, Movimiento San Isidro (MSI), Mulier, Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes, Observatorio Global de Comunicacion y Democracia, Observatorio Venezolano de Prisiones, ODEVIDA, Capítulo Venezuela, Ong Hombres por la equidad e igualdad, Operación libertad internacional, Pacientes Oncologícos, Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR, Paz y Esperanza, People in Need, Prepara Familia, PROMEDEHUM, Provea, Proyecta Ciudadanía AC, Race & Equality (Raza e Igualdad), Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, Red naranja Venezuela, Robert F. Kennedy Human Rights, Rosibel Torres, Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil, SOS Pacientes Renales, The Kota Alliance, Transparencia Venezuela, Una Ventana a la Libertad, UNFPA, Unión Afirmativa, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC, Veneactiva Perú, Washington Office on Latin America (WOLA), Women Riots, Women's Link Worldwide, WUNRN-Women's UN Report Network, 100 voces, 100% Estrógeno ONG.
