Los dirigentes europeos deben actuar con urgencia para reparar un sistema que disuade a los Estados de auxiliar a las personas refugiadas y migrantes que corren peligro en el mar; así lo afirma Amnistía Internacional en un
análisis que ha publicado hoy. En
Cut adrift in the Mediterranean, Amnistía Internacional describe cómo el hecho de haber delegado el control de las fronteras europeas en las autoridades libias, combinado con un sistema que no establece un reparto justo de las responsabilidades sobre los solicitantes de asilo en toda Europa, ha creado una situación en la que frecuentemente se abandona a migrantes y solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo. En el
documento también se explican los pasos necesarios para que no vuelvan a darse situaciones como el varamiento de los barcos de salvamento de las ONG Sea-Watch y Sea-Eye y el bloqueo de Proactiva Open Arms. “El vergonzoso espectáculo del bloqueo de los barcos de salvamento, y de tantos hombres, mujeres, niños y niñas atrapados en el mar durante semanas sin fin, mientras los políticos compiten por ser los más insensibles cuando les niegan el desembarco o el acceso a ayuda de cualquier clase, no debe repetirse nunca más”, ha dicho Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre migración. “Los dirigentes europeos deben adoptar medidas urgentes para reparar un sistema fallido que está defraudando tanto a los Estados fronterizos de la UE como a las personas que buscan seguridad y están abandonadas en el mar o consumiéndose en países de la UE cuyos procedimientos de concesión de asilo son ineficaces o están sobrecargados.” La ausencia de mecanismos para repartir entre todos los Estados europeos la responsabilidad de ayudar a los solicitantes de asilo recién llegados repercute de manera significativa en los Estados fronterizos que se encargan de examinar las solicitudes de asilo, alojar a las personas solicitantes, integrar a las reconocidas como necesitadas de protección internacional y devolver a sus países a las que ven denegada su solicitud de protección. Los gobiernos de la UE han implementado una serie de medidas destinadas a bloquear los intentos de cruzar el Mediterráneo central, que incluyen fomentar la capacidad de la Guardia Costera Libia para interceptar personas que buscan seguridad y dificultar la labor de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento. Esta estrategia se ha centrado en mantener a estas personas lejos de Europa, a pesar de que Libia no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates y de que, con arreglo al derecho internacional, las personas rescatadas en el mar no pueden ser trasladadas a un país donde estarían expuestas a sufrir tortura, extorsión o violación sexual, como Libia. A fin de reducir el número de personas desembarcadas en sus puertos, algunos países de la UE han reducido o retirado las patrullas de sus propias fuerzas navales. Las ONG que intervienen para llenar ese vacío se encuentran con que se les deniega sistemáticamente el permiso para atracar en algún puerto, sobre todo en Italia y Malta. Algunos gobiernos europeos han llegado a impedirles realizar sus propias actividades para salvar vidas mediante investigaciones criminales y obstáculos burocráticos. El ejemplo más reciente lo encontramos en la orden cursada la semana pasada por las autoridades marítimas españolas que impide a Proactiva Open Arms rescatar personas en el Mediterráneo central. En esta orden administrativa, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve cómo los Estados mediterráneos han quebrantado leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes y rescatadores a pagar el precio de esos fallos. “Las propuestas para reformar el sistema actual o reparar temporalmente sus deficiencias han sido paralizadas por algunos gobiernos, pero todavía queda un espacio de oportunidad antes de las elecciones europeas de mayo”, ha dicho Matteo de Bellis. “Los dirigentes europeos no pueden seguir dando la espalda a las personas atrapadas en el mar y continuar distorsionando el debate sobre la migración para beneficio político propio. Deben acordar con urgencia una política de desembarcos rápidos y predecibles en consonancia con el derecho internacional, y un sistema de reparto entre países de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo." Información complementaria El lunes, 14 de enero, se tuvo noticia de que las autoridades españolas habían impedido que el barco de
Proactiva Open Arms zarpara hacia el Mediterráneo central. La semana pasada,
49 personas fueron desembarcadas finalmente en Malta tras permanecer 19 días en el mar a bordo de los barcos de salvamento Sea-Watch 3 y Professor Albrecht Penck de la ONG Sea-Eye. Las injustas normas europeas sobre el asilo —el denominado sistema de Dublín— desalientan un desembarco rápido. Estas normas determinan qué país es responsable de examinar una solicitud de asilo. Normalmente, el país a través del que la persona solicitante de asilo accede en primer lugar a territorio de la UE es el responsable de examinar su solicitud, alojarla durante el proceso, integrarla en caso de que se vea reconocida su solicitud y devolverla a su país si su solicitud de protección es denegada. En 2017, el Parlamento Europeo propuso un cambio radical del sistema de Dublín, por el cual se introduciría un mecanismo vinculante para garantizar que todos los países de la UE reciben una proporción justa de las personas que huyen de la violencia y la persecución. Pero el Consejo de la Unión Europea no ha llegado a un acuerdo sobre una reforma del sistema de Dublín debido a que algunos países europeos se oponen a asumir responsabilidades sobre personas solicitantes de asilo.
Véase nuestro anterior informe de 2018.
