La petición del fiscal general de Irlanda del Norte de que se ponga fin a los procesamientos por los homicidios cometidos durante tres décadas de violencia política en Irlanda del Norte constituye una traición absoluta al derecho fundamental de las víctimas a la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. El fiscal general John Larkin dijo que no debería haber indagatorias, investigaciones ni procesamientos sobre los homicidios que se hubieran cometido antes de la firma del Acuerdo de Viernes Santo (Acuerdo de Belfast), en 1998. John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, ha manifestado: “La petición realizada hoy por el fiscal general equivaldría en la práctica a conceder una amnistía general para los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todos los bandos durante las tres décadas de violencia política en Irlanda del Norte. Constituiría una traición absoluta al derecho fundamental de las víctimas a la justicia”. “Una acción de ese tipo sería totalmente contraria a las normas internacionales de derechos humanos y perpetuaría la impunidad”. “Aunque somos plenamente conscientes de las dificultades que entraña iniciar procesamientos después de tantos años, es fundamental que, cuando existan pruebas suficientes, se lleve ante los tribunales a los sospechosos de cometer homicidios, ataques que podrían ser mortales, torturas y malos tratos”. “Las víctimas ya están siendo abandonadas demasiado a menudo por investigaciones fallidas sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. La propuesta hecha hoy por el fiscal general supondría una traición más a muchas víctimas de Irlanda del Norte”. Amnistía Internacional publicó en septiembre un informe titulado Northern Ireland: Time to deal with the past, en el que concluía que el desigual sistema de investigación establecido en Irlanda del Norte ha demostrado no ser adecuado para determinar toda la verdad sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todos los bandos durante las tres décadas de violencia política. Amnistía Internacional sigue pidiendo que se establezca un mecanismo general para examinar el conflicto en su conjunto, determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos no resueltas y establecer responsabilidades.
