Millones de personas están atrapadas en un perpetuo desgobierno legal en las Zonas Tribales del noroeste de Pakistán, donde los abusos contra los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas y los talibanes están más allá del alcance de la justicia, ha dicho Amnistía Internacional.
Miles de hombres y niños han sido detenidos por las fuerzas armadas. Muchos afirman haber sido torturados, o son recluidos en lugares de detención secretos y nunca vuelve a saberse de ellos. La investigación de este tipo de casos es sumamente infrecuente y, cuando existe, resulta ineficaz.
En un nuevo informe, titulado “The Hands of Cruelty” - Abuses by Armed Forces and Taliban in Pakistan’s Tribal Areas (“Las manos de la crueldad”, abusos de las fuerzas armadas y los talibanes en las Zonas Tribales de Pakistán), Amnistía Internacional pone de relieve como el “desgobierno legal” que reina en la región está dando pábulo a una crisis de derechos humanos.
“Tras diez años de violencia, enfrentamientos y conflictos, las comunidades tribales siguen sometidas a ataques, secuestros e intimidaciones, en lugar de ser protegidas”, ha dicho Polly Truscott, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Las salvaguardias de derechos humanos que ofrecen la Constitución y los tribunales paquistaníes no incluyen a las Zonas Tribales, donde las fuerzas armadas aplican las nuevas y amplias leyes sobre seguridad y un duro sistema penal de la época colonial para perpetrar violaciones impunemente.
“Al facultar a las fuerzas armadas para que cometan abusos sin control, las autoridades paquistaníes les han dado rienda suelta para cometer torturas y desapariciones forzadas”, ha afirmado Truscott.
Los talibanes y otros grupos armados siguen constituyendo una mortífera amenaza para la sociedad paquistaní: miles de personas han muerto en atentados indiscriminados u homicidios selectivos contra civiles en los últimos diez años.
“Los talibanes han demostrado una y otra vez su total desprecio por la vida de la población civil con estos atentados indiscriminados y deliberados”, ha dicho Truscott.
Los talibanes y otros grupos armados también perpetran brutales homicidios ilegítimos de presuntos espías o personal de las fuerzas armadas capturado, en ocasiones tras procesos cuasi-judiciales que no cumplen ni siquiera con las normas internacionales más básicas de garantías procesales.
“Las comunidades tribales viven con un desmesurado pavor a sufrir represalias letales en cuanto hay la más mínima sospecha de apoyo al Estado de Pakistán, o incluso, como en el caso de la valiente activista juvenil Malala Yousafzai, simplemente por intentar defender su derecho a la educación”, ha añadido Truscott.
El informe se basa en entrevistas con decenas de víctimas de abusos contra los derechos humanos, testigos, familiares, abogados y representantes de las autoridades paquistaníes y grupos armados de la región.
Aunque las fuerzas armadas paquistaníes han arrebatado a los talibanes el control de la mayoría de las Zonas Tribales en los últimos tres años, han detenido arbitrariamente a miles de personas durante largos periodos con poco o nulo acceso a las debidas garantías procesales.
Amnistía Internacional también ha documentado muchos casos de muertes bajo custodia.
“Casi todas las semanas los cadáveres de personas detenidas por las fuerzas armadas son devueltos a sus familiares o hay informes de que han aparecido abandonados en algún lugar de las Zonas Tribales”, ha dicho Truscott.
Niaz*, que fue detenido por las fuerzas de seguridad junto con su hermano Ayub*, describió el trato que había recibido bajo custodia en abril de 2012:
“Los primeros cinco días nos pegaban constantemente en la espalda con cinturones de cuero. El dolor era indescriptible. [Los soldados] me amenazaron con matarme si no confesaba que pertenecía a los talibanes”.
Diez días después de su detención, Niaz quedó en libertad, pero al cabo de sólo unas horas supo que su hermano había muerto bajo custodia. Un oficial del ejército le dijo que Ayub había muerto de un “ataque al corazón” bajo custodia, pero hasta donde sabe Amnistía Internacional, las autoridades paquistaníes no han llevado a cabo ninguna investigación sobre las presuntas torturas de Niaz y Ayub ni sobre la muerte de éste bajo la custodia del ejército.
El caso de Niaz ejemplifica cabalmente la detención arbitraria y el presunto trato brutal que sufren los detenidos a manos de las fuerzas armadas, así como la total inacción de las autoridades paquistaníes a la hora de investigar estos casos.
“El hecho de que se permita que continúen estas violaciones sin que haya una investigación eficaz ni nada que se le parezca muestra la falta de protección de los derechos humanos en las Zonas Tribales”, ha declarado Truscott.
El informe contiene muchos casos de desaparición forzada en los que las fuerzas armadas han mantenido a los detenidos sin llevarlos ante los tribunales ni permitirles acceder a un abogado ni a sus familiares, que desconocían por completo su suerte y su paradero.
Las salvaguardias de los derechos humanos fundamentales que garantiza la Constitución de Pakistán no son aplicables en las Zonas Tribales, que siguen gobernadas bajo el draconiano Reglamento sobre Delitos Fronterizos, de la época colonial.
En 2011, la Ordenanza sobre actuación en auxilio de los poderes civiles otorgó a las fuerzas armadas poderes aún más amplios para arrestar y detener.
Ni los tribunales superiores de Pakistán ni su Parlamento tienen jurisdicción sobre las Zonas Tribales. Aunque en los tribunales se han visto causas de impugnación de la legalidad de algunas detenciones, no se ha procesado a ningún miembro de las fuerzas armadas por presuntas torturas, desapariciones forzadas o muertes bajo custodia.
“El gobierno debe reformar de inmediato el deficiente sistema jurídico de las Zonas Tribales que perpetúa el círculo vicioso de violencia”, ha dicho Truscott. “Es preciso anular la Ordenanza sobre actuación en auxilio de los poderes civiles y hacer que la jurisdicción de los tribunales y el Parlamento llegue hasta las Zonas Tribales”.
Los tibios intentos del gobierno paquistaní de reformar el Reglamento sobre Delitos Fronterizos han distado mucho de cumplir las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y la Ordenanza los ha desvirtuado aún más.
* Nombres ficticios.
