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Turquía: La respuesta de las autoridades al coronavirus agrava el clima de miedo entre el colectivo de periodistas

La crisis de la COVID-19 ha incrementado la represión de la libertad de prensa en Turquía, donde se actúa contra periodistas en todo el país con la excusa de combatir la desinformación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En Turquía, uno de los países que más encarcela a periodistas, quienes ejercen esta profesión han sido objeto de investigaciones penales y detenciones por informar, o incluso tuitear, sobre la COVID-19.

Desde la tentativa de golpe de Estado de 2016, el colectivo de periodistas de Turquía se enfrenta a la amenaza constante de la detención arbitraria y el enjuiciamiento. El brote de COVID-19 ha brindado a las autoridades una excusa adicional para actuar contra los medios de comunicación”, ha declarado Milena Buyum, responsable de campañas sobre Turquía de Amnistía Internacional.

“Los y las periodistas que informan sobre la COVID-19, o simplemente publican comentarios en las redes sociales, temen la posibilidad de sumarse al nutrido grupo de profesionales de medios de comunicación independientes de Turquía que se consumen en la cárcel, recluidos durante interminables meses sin juicio, o se enfrentan a procesamiento sobre la base de la imprecisa legislación antiterrorista y otras leyes que limitan el derecho a la libertad de expresión”.

Quizás el país que más encarcela a periodistas

Tras el fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016, al menos 180 medios de comunicación han sido cerrados y se calcula que 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación han perdido su empleo. En el último mes se han bloqueado al menos 18 sitios web informativos y decenas de noticias online particulares. Se ha detenido y acusado a periodistas de delitos de terrorismo por artículos o comentarios que han publicado en las redes sociales. 

Los largos periodos de detención en espera de juicio se han convertido en algo habitual. Los cargos presentados contra quienes trabajan en medios de comunicación suelen ser falsos, en ocasiones evidentemente absurdos o sin prueba alguna de que se haya cometido un delito común reconocible.

En marzo se detuvo a seis periodistas por su labor informativa relativa a la muerte en Libia de dos presuntos agentes de los servicios de inteligencia, información que era ya de dominio público. Las personas detenidas continúan en prisión preventiva. Esta semana, sus equipos defensores se enteraron a través de un artículo publicado en un medio de comunicación gubernamental, en lugar de por vía judicial conforme al procedimiento, de que se había formulado un acta de acusación formal. Si la aprueba el tribunal, los cargos se castigarían con penas de hasta 19 años de cárcel.

El exdirector de prensa Ahmet Altan fue detenido por primera vez en septiembre de 2016, acusado de “enviar mensajes subliminales” a los organizadores del golpe de Estado de julio de ese mismo año durante un programa de debate emitido por televisión. Desde entonces, el periodista fue declarado culpable, su sentencia fue anulada, y él fue enjuiciado otra vez por un cargo diferente, declarado culpable y excarcelado hasta la vista de apelación, y finalmente detenido una semana después. Ahmet Altan, como decenas de otros escritores y escritoras, periodistas y actores de la sociedad civil, permanece en prisión únicamente por expresar opiniones que no gustan a las autoridades.

Libertad de prensa y la COVID-19

Hakan Aygün, exdirector del canal televisivo Halk, fue encarcelado el 4 de abril por haber publicado unos comentarios en Facebook y Twitter en los que criticaba al presidente turco Erdoğan por difundir un número de cuenta bancaria para recibir donativos de la población con el fin de ayudar a hacer frente a la pandemia.

Hakan está acusado en aplicación de unos artículos que prohíben “incitar a la población a la enemistad y el odio” y “ofender las creencias religiosas de un sector de la sociedad”. Ya se ha formulado un acta de acusación formal, y la primera vista se celebrará el 6 de mayo.

Fatih Portakal, presentador del canal televisivo FOX, está siendo investigado por “insultar al presidente” y por “dañar de forma deliberada la reputación” de los bancos tras la denuncia presentada por Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK, por sus siglas en turco) debido a un tuit del 6 de abril en el que el presentador comparaba el llamamiento de ayuda para la COVID-19 con los impuestos adicionales recaudados durante la guerra de independencia al final de la Primera Guerra Mundial. El tuit fue bloqueado por mandato judicial el 8 de abril. El 30 de abril, los medios de comunicación informaron de que se había formulado un acta de acusación formal en la que se denunciaba que el tuit de Portakal había dañado la reputación de los bancos.

Se concluyó que tres ediciones del informativo que presenta Portakal habían violado el artículo 8.1b de la “Ley sobre la creación de [canales de] radio y televisión y servicios de transmisión” referente a la incitación, la enemistad y el odio en las emisiones. El organismo regulador, el Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK, por sus siglas en turco), impuso la máxima pena al canal FOX TV y detuvo la emisión del programa en tres ocasiones.

El 18 de marzo, la policía detuvo a İsmet Çiğit, redactor jefe de SES Kocaeli, tras la publicación de un artículo en su sitio web sobre la muerte de dos personas en un hospital local a causa de la COVID-19. El directivo del periódico y responsable del sitio web, Güngör Aslan, fue citado a comparecer ante las autoridades al día siguiente. Lo detuvieron, e İsmet Çiğit quedó en libertad. Ambos periodistas fueron interrogados sobre las fuentes que tenían en el hospital, y los dos se sintieron presionados para dejar de informar sobre el asunto. Güngör Aslan quedó también en libertad al día siguiente tras presentar declaración ante la fiscalía.

La periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal fue citada por la Dirección de Seguridad de Diyarbakır el 31 de marzo tras escribir un artículo y publicar comentarios en las redes sociales sobre las medidas adoptadas en las cárceles de Diyarbakır, y en la ciudad en general, con relación a la COVID-19. La periodista se presentó ante la fiscalía, que la interrogó sobre una serie de tuits y el artículo que había escrito.

El periodismo, al margen de la excarcelación

El 13 de abril de 2020 se presentó al Parlamento una nueva ley que permitía la liberación anticipada y condicional de hasta 90.000 personas presas. La esperada modificación de la Ley de Ejecución de Sentencias se introdujo en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero el gobierno afirmó que esta no había sido la fuerza motriz. Las nuevas medidas no contemplaban la excarcelación de varias categorías de personas presas, incluidas las que están en detención previa al juicio o condenadas en aplicación de una legislación antiterrorista excesivamente amplia o por delitos contra el Estado, lo que significa que muchos periodistas permanecerán en prisión. Las atestadas cárceles turcas también son peligrosas debido a una grave falta de higiene.

“El ya atormentado colectivo de periodistas de Turquía se enfrenta a nuevas amenazas desde el brote de COVID-19. Estas personas son objeto de censura, investigaciones penales y enjuiciamientos si informan de forma crítica sobre la pandemia, mientras que las que ya están en las prisiones turcas corren el peligro de infectarse”, ha afirmado Milena Buyum.

“Las autoridades turcas deben actuar ya y poner en libertad incondicional a todas las personas que ejercen el periodismo y están encarceladas simplemente por hacer su trabajo.”

El virus no discrimina, las autoridades de Turquía sí: ¡Liberen a presos y presas de conciencia!

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