El regreso de al menos 16 niños y niñas y aproximadamente 12 personas adultas a Trinidad y Tobago tras su deportación desde Venezuela el 22 de noviembre brinda a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad de cumplir con sus obligaciones tanto nacionales como internacionales de ofrecer protección a las personas que buscan seguridad frente al peligro. Así lo han manifestado el Centro Caribeño de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Refugees International y otras 14 organizaciones en una carta abierta dirigida hoy al primer ministro Keith Rowley.
“Nos alivia que los 16 niños y niñas y aproximadamente 12 personas adultas estén de vuelta en Trinidad y Tobago. Las autoridades deben ahora reunir sin demora con sus familias a los niños y niñas retornados, deben darles acceso a solicitar el asilo, deben investigar si han sido objeto de trata y deben proporcionarles atención médica”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según la información inicial disponible, al menos algunos de los niños y niñas que regresaron a Trinidad el 24 de noviembre tenían familia ya inscrita ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por lo que es aún más necesario que las autoridades les otorguen acceso a procedimientos de asilo, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.
En una conferencia de prensa celebrada el 24 de noviembre, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago pareció sugerir que los niños y niñas podían haber sido objeto de trata, y subrayó la necesidad de que la situación se investigue de acuerdo con la Ley sobe Trata de Personas de la nación para identificar a posibles víctimas de trata y proporcionarles protección y reparación.
Los informes indican que unos 50 niños y niñas han sido deportados este año, a pesar de que Trinidad y Tobago es signatario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que dispone que los países deben actuar en el interés superior del niño y abstenerse de detener a niños y niñas o deportarlos a situaciones en las que puedan sufrir malos tratos o correr peligro.
El ministro de Seguridad Nacional señaló también que los niños y niñas estaban siendo retenidos por las autoridades para prevenir la propagación de la COVID-19. Incluso en plena pandemia, muchos países han mantenido abierto con éxito el acceso al asilo al tiempo que seguían estrictos protocolos de salud. La pandemia no puede utilizarse como excusa para negar la seguridad a las personas que más la necesitan.
Tal como señalaron 25 organizaciones de derechos humanos en una carta abierta anterior al primer ministro Rowley, las personas huyen de Venezuela para escapar de graves violaciones de derechos humanos que una misión de investigación internacional independiente sobre Venezuela nombrada por la ONU ha declarado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esto, combinado con la actual crisis humanitaria, significa que estas personas seguirán buscando asilo o protección internacional fuera de su país, incluso en una pandemia. Trinidad y Tobago debe encontrar maneras de conceder la residencia legal a los venezolanos y venezolanas mediante la reapertura del proceso de inscripción o la aprobación de legislación nacional sobre personas refugiadas, que facilitaría el cumplimiento, por parte del país, del derecho internacional.
“Mientras la crisis humanitaria de Venezuela sigue deteriorándose, los gobiernos tienen la obligación de ayudar a quienes buscan protección en el extranjero, incluso en medio de una pandemia”, ha manifestado Aviva Shwayder, responsable de comunicaciones de Refugees International. “Empezando por la reunificación de estos niños y niñas con sus familias, el gobierno de Trinidad y Tobago puede y debe hacer más por las personas desplazadas que se encuentran dentro de sus fronteras.”
