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Sólo a través de una investigación independiente se podrá conocer la verdad sobre los últimos actos de violencia

Londres.- Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la fuerza excesiva empleada, según informes, contra la población civil en Andijan, y ha pedido a las autoridades de Uzbekistán que autoricen una investigación inmediata e independiente de los hechos y que se den a conocer sus conclusiones y se procese a los responsables.

 

La organización ha recibido con suma preocupación los informes según los cuales, la tarde del 13 de mayo, soldados gubernamentales abrieron fuego contra una multitud de manifestantes y mataron a decenas de personas, entre hombres, mujeres y niños. Los informes oficiales hablan de decenas de muertos, la mayoría agentes encargados del orden público, pero, según testigos presenciales y personal hospitalario de Andijan entrevistados antes de que se interrumpiera toda comunicación con la ciudad, no menos de varios cientos de personas podrían haber muerto y muchas más podrían haber resultado heridas.

 

“La inmensa mayoría de los varios miles de manifestantes reunidos en la plaza principal de la localidad para pedir justicia y el fin de la pobreza no llevaban armas y protestaban pacíficamente. A pesar de ello, parece ser que los soldados abrieron fuego contra la multitud desde vehículos blindados de transporte de personal sin previo aviso, disparando indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños cuando estos huían aterrorizados de la plaza” ha explicado la organización de derechos humanos.

 

A Amnistía Internacional le inquieta profundamente que las autoridades uzbekas puedan aprovechar los sucesos ocurridos en Andijan para justificar una nueva campaña de medidas represivas contra la disidencia y la libertad de expresión en Uzbekistán, y considera que esto daría paso a sucesivas oleadas de detenciones arbitrarias en todo el país en nombre de la “seguridad nacional” y la “guerra contra el terror”.

 

“Los defensores de los derechos humanos en Uzbekistán han avisado de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley están actuando en todo Andijan en busca de los presuntos organizadores de las manifestaciones, practicando registros domiciliarios y deteniendo arbitrariamente a todo sospechoso de participar en los actos de protesta” señala Amnistía Internacional.

 

“Los manifestantes y sus familiares corren grave peligro de ser detenidos. La tortura a detenidos para obtener confesiones es práctica habitual en Uzbekistán. Una vez interrumpidas todas las comunicaciones con Andijan y bloqueados los accesos a la ciudad, las autoridades pueden actuar impunemente.”

 

A la organización le preocupa sobremanera que las autoridades vuelvan a hacer un uso excesivo de la fuerza para hacer frente a la situación de disturbio civil desatada el pasado fin de semana en Korasuv, localidad fronteriza con Kirguistán. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que se limiten a hacer un uso proporcionado de la fuerza y sólo cuando sea necesario para proteger vidas, de conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

 

Información complementaria

La noche del 12 al 13 de mayo de 2005, un grupo de hombres armados sin identificar irrumpió en la cárcel de Andijan y, según la información recibida, liberó a todos los reclusos, unos 1.200 hombres según cálculos. Ese mismo día, horas más tarde, los informes indican que el ejército rodeó a varios miles de manifestantes congregados en la plaza principal de la localidad para reclamar justicia, libertad y el fin de la pobreza. Según informes, se produjo un tiroteo entre soldados y hombres armados y, al parecer, se disparó contra la multitud. Aunque la información disponible sobre el desencadenante de los sucesos de Andijan es confusa, estos podrían estar relacionados con el juicio de 23 empresarios locales acusados de “extremismo islámico”. Amnistía Internacional asiste a este juicio en calidad de observadora debido a las denuncias sobre torturas infligidas a los acusados. En la última semana, hasta un millar de familiares y simpatizantes de los empresarios juzgados —quienes niegan toda conexión con grupos islámicos prohibidos— han celebrado, sentados ante la sede del tribunal, vigilias pacíficas sin precedentes para proclamar la inocencia de estos hombres y denunciar las torturas que presuntamente han sufrido.

 

En febrero de 1999, las autoridades uzbekas detuvieron a seguidores o simpatizantes de grupos de oposición islámicos o laicos y a familiares de estos, así como a miembros de congregaciones islámicas independientes por su presunta participación en atentados con bombas, que las autoridades calificaron de intento de asesinato del presidente Karimov. Miles de musulmanes devotos continúan cumpliendo largas penas de prisión, condenados en juicios sin garantías por actividades contra el Estado.

 

En el 2004, cientos de hombres y mujeres, al parecer musulmanes fervientes o familiares de estos, fueron detenidos arbitrariamente tras una sucesión de explosiones y ataques contra puestos de control de la policía en la capital, Tashkent, y en la localidad de Bukhara, y varios atentados suicidas con explosivos contra las embajadas de Estados Unidos e Israel. Decenas de hombres y mujeres fueron acusados de “terrorismo” y condenados en juicios sin las debidas garantías. Según los informes, las pruebas se obtuvieron bajo tortura y el tribunal las admitió.

 

A pesar de que las autoridades vincularon los ataques a la colaboración de Uzbekistán en la “guerra contra el terror” encabezada por Estados Unidos, el Departamento de Estado estadounidense suspendió en julio de 2004 su ayuda al país.

 

En abril de 2004, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) interrumpió las ayudas e inversiones a causa del incumplimiento por parte del gobierno uzbeko de los parámetros del Banco en materia de derechos humanos.

 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2004 por distar mucho de cumplir las normas internacionales sobre elecciones democráticas.

 

En Uzbekistán se siguen dictando penas de muerte y llevando a cabo ejecuciones. El presidente Karimov declaró en una conferencia de prensa en diciembre que en el año 2004 habían sido condenadas a muerte entre 50 y 60 personas