Serios defectos en los juicios de presuntos golpistas

Londres.- Once ciudadanos extranjeros y nueve de Guinea Ecuatorial fueron condenados a largas penas de prisión y fuertes multas en Guinea Ecuatorial tras un juicio flagrantemente injusto que concluyó el 26 de noviembre de 2004. Fueron declarados culpables de (un intento de cometer) delitos contra el jefe del Estado y contra el gobierno. Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial fueron juzgados in absentia. Los abogados de los acusados extranjeros han presentado ante el Tribunal Supremo una apelación contra las sentencias. Ni la declaración de culpabilidad ni las condenas se tradujeron y los acusados abandonaron la sala sin saber cuál era su suerte. Una delegación de Amnistía Internacional estuvo presente en el juicio desde su comienzo, el 23 de agosto de 2004, y, en vista de los serios fallos de procedimiento y de la admisión de confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura, considera que el proceso no reunió las debidas garantías. Se acusó a 19 personas –5 guineanoecuatoriales, 6 armenios y 8 sudafricanos– de delitos contra el jefe del Estado, delitos contra el gobierno, delitos contra la paz y la independencia de Guinea Ecuatorial, posesión y almacenamiento de armas y munición, traición, posesión de explosivos y terrorismo. La fiscalía pidió la pena de muerte para el sudafricano Nick du Toit y penas de entre 26 y 86 años de prisión para los demás acusados. No se ha presentado en los tribunales prueba alguna que sustente los cargos contra los acusados, salvo sus propias declaraciones, que ellos afirman que fueron extraídas mediante tortura. Sin embargo, las protestas de los acusados a este respecto fueron ignoradas por el tribunal. Un tribunal no puede ignorar denuncias tan graves: son motivo suficiente para que se suspenda el juicio y se inicie una investigación. Las declaraciones se presentaron en español y sin traducción adecuada a los idiomas de los acusados extranjeros, ninguno de los cuales habla español. Al menos en dos ocasiones la defensa trató de plantear la cuestión de la tortura, pero el tribunal la declaró inadmisible. Otros artículos presentados como prueba incluían contratos comerciales y listados de números telefónicos a los que algunos de los acusados habían llamado en febrero de 2004, poco antes de ser detenidos. La acusación no demostró que estos artículos probaran alguno de los cargos. También se presentaron ante el tribunal media docena de armas, pero no habían sido halladas en poder de ninguno de los acusados: se presentaron como ejemplo de lo que la acusación afirmaba que los acusados pretendían comprar en Zimbabue. A lo largo del juicio, y sin que los jueces hicieran nada por impedirlo, los acusados extranjeros fueron denominados “mercenarios” y “perros de la guerra”. Fueron presentados ante el tribunal e interrogados esposados y con grilletes, lo cual constituye trato cruel, inhumano y degradante. Información complementaria El 8 de marzo de 2004 se detuvo a un total de 15 ciudadanos extranjeros en Malabo. Su detención había venido precedida de la de 70 personas, en su mayoría sudafricanos, en Zimbabue el día anterior. Gerhardt Merz, ciudadano alemán, murió bajo custodia en la prisión de Black Beach, en Malabo, nueve días después. Las autoridades dijeron que había muerto de malaria cerebral, pero dos de los acusados insistieron ante el tribunal en que había muerto delante de ellos a consecuencia de torturas. Los cinco guineanoecuatoriales fueron detenidos posteriormente. La organización siente una profunda preocupación porque, desde el momento de su detención en marzo de 2004, los derechos fundamentales de los acusados se violaron de forma constante. En el caso concreto de Nick du Toit, presunto líder de los “mercenarios” en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, las autoridades lo expusieron regularmente a los medios de comunicación internacionales y a los interrogatorios de abogados y agentes de seguridad extranjeros. A consecuencia de ello se limitaron seriamente su derecho a guardar silencio y su derecho a la presunción de inocencia. Todos los acusados permanecieron recluidos en régimen de incomunicación, esposados y encadenados las 24 horas del día. No recibieron una dieta adecuada y apenas recibieron tratamiento médico para las numerosas dolencias que sufrieron en prisión. Estas condiciones, junto con el mínimo acceso a sus familiares que les permitieron, tuvieron repercusiones negativas en su salud física y mental. A petición de la fiscalía, el juicio se aplazó indefinidamente a finales de agosto, teóricamente ante el descubrimiento de nuevas pruebas consideradas fundamentales. Sin embargo, cuando se reanudó en noviembre, no se presentó ante el tribunal ninguna prueba nueva. En lugar de eso, se añadieron a la lista de acusados nuevos nombres, entre ellos el de Severo Moto –opositor político exiliado en Madrid-, los de ocho miembros de su “gobierno en el exilio” que fueron juzgados in absentia y los de varios empresarios británicos y sudafricanos. Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción porque el tribunal no impuso la pena de muerte. También le satisface la absolución de tres acusados guineanoecuatoriales y tres sudafricanos. Aunque los acusados recibieron penas de prisión más cortas de lo que pedía la acusación, Nick du Toit fue condenado a un total de 34 años de prisión, mientras que los otros acusados sudafricanos lo fueron a 17 años de prisión. De los acusados armenios, uno recibió una pena de 24 años de prisión y los otros seis de 14 años de prisión. En contraste con esto, dos guineanoecuatoriales para quienes la fiscalía había pedido penas de 62 y 42 años, respectivamente, fueron condenados a una pena de 16 meses de prisión y 1 día por imprudencia temeraria. Severo Moto fue condenado a 63 años de prisión, mientras que los miembros de su “gobierno” recibieron penas de 52 años. Preocupaciones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional siente preocupación por los siguientes procedimientos injustos anteriores al juicio: - los acusados fueron detenidos sin orden judicial, y no fueron informados sin demora de los cargos que se les imputaban en un idioma que comprendieran, conforme establece la ley; - los acusados no tuvieron acceso a sus abogados hasta dos días después del comienzo del juicio. Además, los abogados defensores no contaron con tiempo suficiente para preparar la defensa, y no tuvieron conocimiento de las pruebas de la fiscalía contra sus clientes; - todos los acusados manifestaron ante el tribunal que sus declaraciones no habían sido realizadas ante el juez de instrucción, conforme establece la ley de Guinea Ecuatorial, sino ante el fiscal general, que se encargaba de la acusación en este caso y que, en virtud de la ley, no desempeña papel legal alguno en la fase de interrogatorio de los procedimientos; - a los acusados se les pidió que firmaran declaraciones en español sin la ayuda de intérpretes cualificados. Las declaraciones iniciales de los sudafricanos fueron traducidas por uno de los acusados guineanoecuatoriales, quien, según su propio testimonio ante el tribunal, también declaró contra ellos. En el tribunal, la interpretación para los acusados sudafricanos corrió a cargo del intérprete oficial de la Fiscalía General, lo que arroja dudas sobre su independencia e imparcialidad. Los delegados de Amnistía Internacional observaron que se dejaban sin traducir fragmentos fundamentales, como las declaraciones de los acusados sobre la tortura, y que otros se distorsionaban; - un sudafricano de origen angoleño sólo hablaba portugués. El tribunal no tenía conocimiento de este hecho crucial, y no le proporcionó intérprete oficial. Esto suscita una honda preocupación en torno a las circunstancias en que este acusado firmó su declaración. Amnistía Internacional pide que se investiguen urgentemente las denuncias de tortura y de conducta indebida de la fiscalía, y que los sospechosos de estar implicado en alguno de los hechos denunciados sean llevados ante la justicia. La organización insta a las autoridades a retirar inmediatamente las esposas y los grilletes a estos presos. También deben permitirles acceso inmediato a sus abogados y familiares, y proporcionarles comida y tratamiento médico adecuados.