Madrid.- Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido hoy por carta al presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, para pedirle que especifique las medidas que ha tomado para garantizar una investigación plena y eficaz de la supuesta utilización por parte de la CIA de aeropuertos españoles para la práctica de “entregas extraordinarias” y traslados de prisioneros al margen de la legalidad internacional. “Las “entregas extraordinarias” que realiza EE.UU. en el contexto de la “guerra contra el terror” son ilegales de acuerdo con el Derecho Internacional, ya que se llevan a cabo al margen de cualquier proceso judicial o administrativo con las debidas garantías. Estas prácticas suelen implicar múltiples violaciones de los derechos humanos como el secuestro y la detención arbitraria”, asegura Esteban Beltrán, director de AI en España. En la carta, la organización ha solicitado al Gobierno que aclare si la CIA ha utilizado y en cuántas ocasiones el espacio aéreo, los aeropuertos o sus bases en España con el fin de realizar “entregas extraordinarias”y, en su caso, cuáles han sido las respuestas obtenidas. Igualmente, Amnistía Internacional ha preguntado por el tipo de información que requieren habitualmente las autoridades españolas por parte de aviones que quieren cruzar el espacio aéreo español; así como si existe alguna norma que permita a las autoridades españolas exigir que un avión sospecho de estar realizando actividades ilegales aterrice en un aeropuerto concreto; o en qué circunstancias la ley permite a los agentes españoles encargados de hacer cumplir la ley subir a los aviones en estos casos. “La información ofrecida en el Congreso por el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en su comparecencia del pasado 24 de noviembre no satisfizo en absoluto nuestras demandas de información, y resultó claramente insuficiente para determinar la presunta responsabilidad del Gobierno español en estas prácticas execrables”, según Esteban Beltrán. Amnistía Internacional mantiene que cualquier Estado que ayude o asista a otro Estado en la comisión de una violación del Derecho Internacional es internacionalmente responsable si se demuestra que se conocían las circunstancias de la violación, convirtiéndose, en el caso de las “entregas extraordinarias”, en cómplices de tortura y malos tratos, “desapariciones forzadas” o detención secreta. “Algunos Estados europeos han manifestado que no tenían conocimiento de la práctica de “entregas extraordinarias” por parte de la CIA. Sin embargo, el sistema de traslados, detención secreta, “desapariciones” , torturas y malos tratos desarrollado por Estados Unidos desde 2001 ha sido ampliamente denunciado por los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, por lo que resulta poco creíble que algún Estado no fuese consciente de las graves y sistemáticas violaciones del Derecho Internacional que se vienen produciendo en este contexto” continúa Beltrán. Información adicional
La mayoría de los países a los que Estados Unidos hace “entregas extraordinarias”, como Siria, Egipto o Yemen, entre otros, son conocidos por utilizar la tortura y los malos tratos durante los interrogatorios. Supuestamente, estos países en los que se sabe que la tortura es una práctica habitual habrían sido específicamente elegidos para recibir detenidos para interrogarlos. También se amenaza a los detenidos con el envío a esos países. En algunos casos, las víctimas de estas entregas han sido trasladadas a centros de detención secretos bajo jurisdicción norteamericana pero fuera de su territorio. Todas las víctimas de estas prácticas que ha podido entrevistar Amnistía Internacional han sido igualmente víctimas de tortura y otros malos tratos, incluida la detención incomunicada en lugares secretos durante prolongados periodos de tiempo. Las preocupaciones sólidas sobre la implicación de varios países europeos o de la utilización de establecimientos europeos para estas prácticas han movido al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo a iniciar investigaciones sobre las supuestas actividades de la CIA en Europa. El propio Secretario General del Consejo de Europa ha hecho un llamamiento a los países miembros de esta organización para que faciliten información sobre cómo las leyes nacionales garantizan la aplicación efectiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto en relación con la prevención de detenciones y traslados ilegales de sospechosos. Los Estados miembros deben responder antes del 21 de Febrero 2006.
