México debe retirar los exagerados cargos presentados contra las 11 personas recluidas injustamente en dos remotas prisiones de alta seguridad tras manifestaciones de protesta por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y dejarlas de inmediato en libertad, ha manifestado Amnistía Internacional ante una decisiva vista judicial que va a celebrarse el sábado. La organización pide también que se abra sin demora una investigación para esclarecer la denuncia de que los manifestantes detenidos han sido golpeados y amenazados por agentes de policía. “Las pruebas contra los 11 manifestantes son tan endebles, que cuesta muchísimo entender por qué continúan detenidos y más aún por qué están en centros de alta seguridad, tratados como “delincuentes de alto valor” –ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América–. Ante tales hechos, no cabe más que preguntarse si no hay un intento deliberado de acallar la protesta legítima.” Las tres mujeres y los ocho hombres detenidos están acusados de asociación criminal, rebelión y tentativa de homicidio de un agente de policía. La única prueba contra ellos es el testimonio de los cinco agentes de policía que los detuvieron. Si no se presentan pruebas suficientes de los delitos que se les imputan, deben ser puestos en libertad. “Si el ministerio público insiste en la investigación, debe presentar pruebas suficientes contra los manifestantes, algo que hasta ahora no se ha hecho. Sin pruebas adecuadas, ni siquiera debían haberse formulados los cargos.” La mayoría de los detenidos que han tenido acceso a abogados de su elección afirman haber sido golpeados y amenazados por agentes de policía bajo custodia. Según sus abogados, presentan contusiones y cicatrices alrededor de los ojos y en los brazos. Las tres mujeres tienen abogados de oficio. Se ignora su estado de salud. Están recluidas en una remota prisión de alta seguridad del estado de Nayarit, a 700 kilómetros de Ciudad de México, lo que limita gravemente el contacto con sus familiares y sus abogados. “En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General debe ocuparse de determinar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y poner a los responsables a disposición de la justicia”, ha añadido Erika Guevara-Rosas.
