Bruselas.- El 5 de mayo entra en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello permitirá a las personas reclamar justicia ante las Naciones Unidas en el caso de que se vulneren sus derechos (incluidos alojamiento adecuado, alimentación, agua, saneamiento, salud, trabajo, seguridad social y educación) y su gobierno no proporcione resarcimiento. En el contexto de la actual crisis económica, Amnistía Internacional ha expresado su convicción de que es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) firmen y ratifiquen el Protocolo y empiecen a tener en cuenta, aunque sea con retraso, el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos. En los países de la UE, la crisis económica y las medidas de austeridad han afectado a diversos derechos económicos y sociales, entre ellos los que garantizan el acceso a seguridad social, vivienda, salud, educación y alimentación. Estas medidas suelen tener un efecto desproporcionado en los sectores más pobres y marginados. Amnistía Internacional cree que la UE, al firmar y ratificar el Protocolo, demostraría el compromiso de sus 27 miembros de adoptar medidas que respeten los derechos humanos y también permitiría la rendición de cuentas internacional una vez que se hubiesen agotado todas las vías judiciales del respectivo país. A Amnistía Internacional le preocupa que el debate que se mantiene en la UE sobre la crisis económica todavía no haya tenido en cuenta el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos. Parece que este aspecto ha brillado por su ausencia en las discusiones, pese a la obligación existente de garantizar que toda persona puede disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación. En virtud de esta obligación, los gobiernos deben seguir protegiendo los derechos humanos durante las recesiones, sobre todo porque las comunidades vulnerables quizás corran un riesgo especial. Los gobiernos podrán argumentar que las medidas de austeridad, tales como los cortes en gasto público, son necesarios, pero Amnistía Internacional subraya la obligación que tienen dichos gobiernos de equilibrar estas medidas con la protección de los derechos humanos. Es una obligación internacional garantizar que las medidas no son discriminatorias, no socavan de forma desproporcionada los derechos vigentes, no afectan con mayor dureza a los sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos, ni sumen a las personas aún más en la pobreza. El derecho internacional también estipula que las medidas deben garantizar un nivel mínimo de cada derecho, por ejemplo, que ninguna persona deberá quedarse sin hogar, sin acceso a atención médica básica, pasar hambre o verse abocada a la indigencia.Diez países han ratificado el Protocolo, entre ellos Eslovaquia, España y Portugal. Otros países de la UE lo han firmado (Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos).
