Londres.- Las autoridades tunecinas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad y la lucha antiterrorista, y sin embargo otros Estados siguen devolviendo a Túnez a ciudadanos tunecinos que corren el riesgo de sufrir tortura y otros abusos o amenazando con llevar a efecto tales devoluciones, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Tunisia, Continuing Abuses in the Name of Security.
“El Gobierno describe Túnez como un país donde prevalece el Estado de derecho, pero eso dista mucho de la realidad”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “En la práctica, las autoridades tunecinas siguen llevando a cabo arrestos y detenciones arbitrarias, permiten la tortura y recurren a juicios sin las debidas garantías, todo ello en nombre de la lucha contra el terrorismo. Esta es la dura realidad que se esconde tras la retórica oficial”.
Este nuevo informe se publica cuando ha transcurrido más de un año desde que Amnistía Internacional expusiera en detalle graves violaciones de derechos humanos y pidiera la actuación urgente del Gobierno para poner freno a los abusos y respetar el Estado de Derecho. Poco ha cambiado desde entonces en Túnez. La tortura sigue siendo omnipresente en los centros de detención, sobre todo en los del Departamento de Seguridad del Estado, y los tribunales continúan aceptando declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura como prueba para declarar culpables a los acusados, sin tomar ninguna medida o tomando medidas inadecuadas para investigar los hechos.
“A pesar de los datos que indican que los abusos persisten, las autoridades italianas han devuelto a Túnez desde junio de 2008 al menos a cinco tunecinos, todos los cuales fueron detenidos a su llegada y estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 12 días”, ha declarado Malcolm Smart. “Mientras tanto, se cree que al menos otros 18 tunecinos corren el riesgo de ser devueltos desde Italia y otros Estados europeos”.
Uno de los tunecinos devueltos desde el extranjero, Sami Ben Khemais Essid, fue enviado por las autoridades italianas el 3 de junio de 2008, a pesar de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afirmaba que no debía ser devuelto al menos hasta que el Tribunal hubiera tenido la oportunidad de examinar su caso. En noviembre de 2008 fue condenado a 12 años de prisión por un tribunal militar, y en enero de 2009, funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado le sacaron de la cárcel y le llevaron a las dependencias del Ministerio del Interior, donde permaneció durante dos días, le interrogaron sobre otros sospechosos y le torturaron. Otros tunecinos a los que se considera presuntos terroristas corren ahora el riesgo de ser devueltos desde Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Suecia y Suiza.
Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones a los Gobiernos de Europa y de otras regiones que no devuelvan a Túnez a personas que puedan correr el riesgo de sufrir tortura u otras graves violaciones de derechos humanos. Entre estas personas se encuentran los 10 tunecinos que continúan recluidos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba, que el presidente Obama ha declarado que tiene intención de cerrar, y un tunecino que al parecer está recluido en Bagram, Afganistán.
“En el último año hemos tenido constancia de nuevos casos en los que se ha recluido en régimen de incomunicación a personas detenidas más allá del periodo que permite la legislación tunecina, y agentes de seguridad simplemente han falsificado las fechas de detención para encubrir este hecho”, ha señalado Malcolm Smart. “Estos abusos forman parte de una constante persistente que hemos hecho notar en repetidas ocasiones al Gobierno, pero sin respuesta efectiva.”
Enmiendas introducidas en fechas recientes en la muy criticada ley antiterrorista de 2003, de las que han informado los medios de comunicación tunecinos, han suavizado algunas de sus disposiciones pero sólo han tenido efectos superficiales.
“Las autoridades tunecinas deben limpiar el sistema de detención, tomar medidas drásticas contra la tortura y poner fin a la impunidad concedida al Departamento de Seguridad del Estado y sus funcionarios”, ha afirmado Malcolm Smart. “Para que su retórica sobre los derechos humanos se corresponda con la realidad, el Gobierno debe tomar medidas concretas para poner fin a los abusos”.
Información complementaria En su informe En nombre de la seguridad: Abusos sistemáticos en Túnez, publicado en junio de 2008, Amnistía Internacional describía una constante de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas; tortura y otros malos tratos; juicios sin garantías, incluso ante tribunales militares; y abusos en las prisiones, así como abusos contra nacionales tunecinos devueltos desde otros países.
El Gobierno tunecino rechazó el informe de Amnistía Internacional y negó que las denuncias de tortura no se investiguen y que se permita a los agentes de seguridad infringir la ley con impunidad.
Para más información, véase:
- Tunisia, Continuing Abuses in the Name of Security, Amnistía Internacional, agosto 2009.
- En nombre de la seguridad: Abusos sistemáticos en Túnez, Amnistía Internacional, julio 2008.
