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Pese al aparente desconocimiento del Gobierno español, siguen existiendo presos de conciencia en las cárceles ecuatoguineanas

Madrid.- Con motivo de la visita que el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema realiza a España el próximo 15 de noviembre Amnistía Internacional (AI) hace públicas sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, en concreto sobre: la existencia de presos de conciencia; la práctica de detención arbitraria sin cargos y sin juicios; las muertes bajo custodia, el uso de la tortura y los malos tratos; la aplicación de la pena de muerte; y los desalojos forzosos.

 

La organización ya ha enviado por carta estas preocupaciones al Presidente del Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores de España, expresando además su disconformidad con las recientes declaraciones de Miguel Ángel Moratinos, en las que asume que la situación en Guinea Ecuatorial ha mejorado significativamente al no tener constancia de listas de presos políticos en el país tras la amnistía decretada el pasado mes de junio por el presidente Obiang. Por ese motivo, Amnistía Internacional ha enviado, junto a la carta, un listado con los casos de 14 presos de conciencia y varios presos políticos que siguen encarcelados en las cárceles ecuatoguineanas. (Ver documento Lista de casos individuales. Guinea Ecuatorial)

 

Amnistía Internacional pide que estas preocupaciones sean abordadas en profundidad con el presidente Obiang por parte del Ejecutivo español, y señala que es necesario que se llegue a un compromiso público y de hechos concretos por parte del mandatario ecuatoguineano para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo la liberación de opositores políticos presos de conciencia que todavía hay en el país.

 

Detención arbitraria y sin cargos ni juicio
A pesar de la amnistía decretada por el presidente Obiang en el mes de junio en ocasión de su cumpleaños y que supuso la puesta en libertad de 42 personas, entre las que había presos de conciencia, las autoridades civiles y políticas siguen practicando detenciones arbitrarias, sobre todo en la región continental del país. Además, existe la preocupación por el hecho de que días antes de la promulgación del decreto de amnistía, los detenidos tuvieron que firmar declaraciones comprometiéndose a no participar en actividades políticas durante un período de 10 años. En el caso de Weija Chicampo, líder del Movimiento para la autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB), liberado en esa fecha, con la amnistía no fue llevado a su casa sino que fue embarcado directamente en un avión dirección Madrid, sin que nadie le preguntara. Ni él ni su familia fueron informados de su expulsión ni de su paradero.

 

Amnistía Internacional tiene documentados al menos catorce presos de conciencia en Guinea Ecuatorial y sobre los cuales la organización pide su liberación inmediata e incondicional. Trece de los presos son miembros o simpatizantes de la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), los cuales fueron declarados culpables por intento de golpe de estado en el macro juicio sin garantías en Malabo en junio de 2002.  No hubo pruebas contra ellos, excepto sus propias declaraciones conseguidas bajo tortura.

 

Por otra parte, el Reverendo Bienvenido Samba Momesori, fue detenido en octubre de 2003 y continúa recluido en la cárcel Pública de Evinayong sin haber sido acusado de ningún delito penal.

 

Es también de suma preocupación la práctica por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial de “extraditar” sin garantías procesales e incluso secuestrar a ciudadanos guineanos refugiados en países vecinos. Es el caso de Carmelo Ncogo, José María Ntutu, Jesús Micha Micha y Juan Bestué Santander, detenidos y “extraditados” de Libreville, Gabón, en julio de 2004. Fueron acusados de actos de terrorismo y rebelión y de estar involucrados en un presunto ataque en la isla de Corisco, al sur de Guinea Ecuatorial. Pasaron casi dos años sin cargos formales. Los cargos, provisionales, contra ellos no han sido formalizados y todavía no han sido juzgados.

 

O el caso del ex comandante de la marina Juan Ondó Abaga, refugiado en Benín desde 1997, que fue al parecer secuestrado por personal de Guinea Ecuatorial en febrero del 2005. Se cree que en septiembre fue condenado in absentia a una pena de 30 años de prisión y podría estar recluido en la prisión de Black Beach, un hecho que no ha sido confirmado, por lo que Juan Ondó continúa “desaparecido”.

 

Muertes bajo custodia, tortura y malos tratos
Amnistía Internacional reconoce que la aprobación en el Parlamento de Guinea Ecuatorial, el pasado mes de septiembre de una ley para penalizar la tortura y su entrada en vigor el pasado 7 de noviembre, supone un avance importante. La organización espera que su aplicación se realice de manera inmediata.

 

Amnistía Internacional ha documentado cuatro muertes bajo custodia en los dos últimos años a consecuencia de las torturas sufridas durante su reclusión. Entre ellas, está el caso de José Meviane Ngua, de 55 años. José fue detenido en la comisaría de Kogo a consecuencia de una pelea conyugal. Estaba borracho y opuso resistencia. A las diez de la noche algunos vecinos vieron como dos policías arrastraban el cuerpo de José y lo introducían en el coche. Lo llevaron al hospital donde ingresó cadáver. Los médicos aseguraron que presentaba signos de haber sido maltratado. La investigación realizada fue de apenas unas horas y no se habló ni con los médicos ni con la familia.

 

Igualmente hasta la fecha, se desconocen investigaciones imparciales e independientes sobre casos de tortura y malos tratos, y sus responsables en ningún momento han comparecido ante la justicia.


Pena de muerte
En Guinea Ecuatorial la pena de muerte se sigue aplicando en casos de asesinato. Fernando Esono Ndjeng fue ejecutado públicamente por un pelotón de fusilamiento el 20 de abril del 2006 en Evinayong, capital de la provincia Centro-Sur. Había sido condenado a muerte a principios del 2004. La última ejecución llevada a cabo en Guinea Ecuatorial antes de ésta tuvo lugar en diciembre de 2004.


Desalojos forzosos
Unas 300 personas se quedaron sin hogar el 22 y 23 de julio de este año tras los desalojos forzosos ejecutados en dos barrios del distrito de Banapa de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Los desalojos forzosos fueron acompañados de la destrucción indiscriminada de casas y pertenencias de los residentes.  Las autoridades no consultaron a los residentes, no les avisaron con antelación, ni les entregaron órdenes de desalojo, no se les dieron garantías de una vivienda alternativa ni la oportunidad de impugnar los desalojos. Los residentes que protestaron por la demolición de sus casas fueron golpeados e intimidados por los soldados que acompañaban al equipo de demolición.

 

Las amenazas de desalojos forzados continúan. Una gran parte del centro de Malabo y algunos barrios periféricos están afectados por posibles desalojos, a los habitantes de estas zonas se les ha ordenado “evacuar” sus viviendas en 15 días. El plazo para que se produzcan los desalojos vence en unos días.

 

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que presten asistencia a las víctimas de los desalojos forzosos que siguen sin vivienda y que garanticen que tienen acceso a recursos efectivos, incluida una indemnización por la pérdida de sus casas y sus propiedades. Asimismo, las autoridades de Guinea Ecuatorial continúan sin investigar de forma exhaustiva e imparcial los informes sobre palizas a residentes a manos de los soldados, a fin de hacer comparecer ante la justicia a todos los sospechosos de haber cometido actos indebidos.

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