Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección, a quienes ahora rechaza deliberadamente en la frontera. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe, Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela.
Las personas venezolanas solicitantes de la condición de refugiado que intentan entrar en Perú por la frontera con Ecuador son rechazadas a pesar de parecer cumplir todos los criterios para recibir protección internacional. Perú niega la entrada incluso a personas venezolanas en evidente estado de vulnerabilidad, como las que son ancianas y los niños y niñas no acompañados.
“En los últimos años, Perú ha sido un ejemplo de solidaridad y refugio seguro. En vez de recurrir a políticas restrictivas, debe continuar dando muestra de liderazgo y recibir a las personas venezolanas, conforme a su obligación nacional e internacional de garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela”, ha manifestado Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Desde junio de 2019, Perú ha introducido una serie de medidas con el fin deliberado de restringir la entrada al país. La nueva “visa humanitaria” quedó obsoleta en la práctica sólo unas semanas después de su implantación, porque, con independencia de que la tengan o no, sin sellos de entrada y salida de Ecuador a las personas venezolanas no se les permite entrar en Perú.
Amnistía Internacional habló con muchas personas venezolanas que se encuentran atrapadas en la frontera tras habérseles denegado la solicitud de la condición de refugiado o la visa humanitaria. Un hombre dijo que se había marchado de Venezuela en octubre de 2019 porque no tenía ya medios para alimentar a su familia. A pesar de tener visa humanitaria peruana válida en el pasaporte, los funcionarios peruanos no lo dejaron entrar. Abandonado en la frontera en una situación de incertidumbre, se echó a llorar al describir cómo había contraído deudas y dejado atrás a su familia pensando que se reuniría después con él en Perú.
Tras años de crisis sin precedente en Venezuela, millones de personas luchan por sobrevivir, incapaces de satisfacer siquiera sus necesidades mínimas de comida, agua y atención de la salud, y viviendo bajo la amenaza de la política de represión de Nicolás Maduro contra quienes expresan su descontento. En los últimos años han huido del país casi 4,8 millones de personas. Perú tiene la mayor población de solicitantes de la condición de refugio de Venezuela del mundo, 377.047, y acoge a más de 800.000 venezolanos y venezolanas en total. La mayoría de las personas que huyen de Venezuela son refugiadas y tienen derecho a protección internacional, sea en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de ámbito internacional, o de la Declaración de Cartagena, de ámbito regional.
“Mientras continúen en Venezuela el deterioro de las condiciones de vida y las violaciones de derechos humanos, los Estados deben proteger a quienes huyen de la crisis en búsqueda de un lugar seguro”
Erika Guevara-Rosas, Amnistía Internacional
“Mientras continúen en Venezuela el grave deterioro de las condiciones de vida y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los Estados deben proteger a quienes huyen de la crisis en búsqueda de un lugar seguro donde puede rehacer su vida”, ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional está basado en decenas de entrevistas realizadas en Perú y en la frontera entre Perú y Ecuador. A pesar de huir de persecución y violaciones masivas de derechos humanos —criterios para recibir protección internacional reconocidos en la legislación peruana— a la mayoría de las personas venezolanas entrevistadas por Amnistía Internacional las habían rechazado o denegado la solicitud incluso teniendo visa humanitaria.
“Perú parece estar repudiando el enfoque humano que aplicaba anteriormente a las personas venezolanas en búsqueda de protección. Los cambios realizados en las prácticas y procedimientos de asilo en la frontera de Ecuador parecen constituir un política deliberada e ilícita de rechazo de nuevas llegadas de Venezuela”, ha añadido Erika Guevara-Rosas.
Amnistía Internacional pide al gobierno peruano que continúe dando muestra de liderazgo y haga valer el derecho a solicitar la condición de refugiado, conforme a sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, los demás países, incluidos de que no son de la región, deben compartir la responsabilidad para con las personas refugiadas venezolanas aumentando su asistencia técnica y económica a Perú y otros países de acogida.
