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Perú: Debe investigarse a funcionarios de alto nivel por los ataques letales generalizados de las fuerzas de seguridad

Disparos de la policía ante una protesta en Lima.
Disparos de la policía ante una protesta en Lima, en enero de 2023. © Klebher Vasquez/Anadolu Agency via Getty Images.
  • Amnistía Internacional reclama al Gobierno español que mantenga la suspensión temporal de venta de material antidisturbios a este país hasta que se juzgue a los responsables de la muerte de 49 manifestantes.

La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando.”

El informe, titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. En esos 20 casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y hay indicios adicionales, como vídeos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza. En los otros cinco casos mortales, Amnistía Internacional tiene indicios de posible uso excesivo de la fuerza.

Las protestas que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos. Además, en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de “terroristas” y difundiendo intencionadamente desinformación.

Aunque las primeras muertes tuvieron lugar el 11 de diciembre en Andahuaylas, la policía y el ejército siguieron usando las mismas tácticas en diferentes ciudades días y hasta semanas después. Armados con rifles de asalto, dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante pérdida de vidas. A pesar de las peticiones de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca (incluida una llamada telefónica de la propia Defensora  al ministro de Defensa) para que se evitara el uso excesivo de la fuerza, las fuerzas de seguridad siguieron disparando durante horas en muchos casos. En Ayacucho, el 16 de diciembre, por ejemplo, se desplegó el mismo personal militar en las mismas calles donde varias personas habían muerto y decenas habían resultado heridas el día anterior.

Las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que además ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios. Los registros entregados a la Fiscalía de armas policiales y militares a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas. En el caso de Juliaca, sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM el 9 de enero. Sin embargo, ese mismo día, al menos 15 personas murieron por munición letal y decenas más resultaron heridas con armas de fuego. La policía también ocultó el uso de perdigones de plomo (una munición prohibida para el personal encargado de hacer cumplir la ley en los ámbitos tanto nacional como internacional), a pesar de que esos perdigones causaron múltiples muertes y heridas.

Amnistía Internacional entrevistó a un policía de Apurímac bajo condición de anonimato, quien dijo: “Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”.

De las 25 muertes documentadas por Amnistía Internacional, 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena. La madre de Christopher Michael Ramos Aime,* un muchacho de 15 años muerto a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: “Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día”.
Amnistía Internacional llevó a cabo un análisis estadístico de las muertes registradas durante las protestas que sugiere un fuerte sesgo racial por parte de las autoridades peruanas. En él se encontró un número desproporcionadamente alto de muertes en zonas donde viven poblaciones históricamente marginadas, pese a que las protestas no eran allí más frecuentes ni más violentas que en otras regiones.

Por ejemplo, en Lima se registraron 104 protestas y 5 actos de violencia contra civiles, frente a las 37 protestas y los 5 actos de violencia por parte de civiles en Ayacucho. Sin embargo, en Lima, donde sólo el 20% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, únicamente hubo una muerte, mientras que en Ayacucho, donde el 82% de la población es indígena o afrodescendiente, murieron 10 personas.

En especial, la policía y el ejército sólo utilizaron munición letal fuera de la capital de la nación, a pesar de que en Lima hubo unos niveles de protestas y violencia similares a los de otras regiones.
Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, el Ministerio Público de Perú no ha llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas. En la medida en que Amnistía Internacional lo ha podido determinar, la fiscalía aún no ha confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres. La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas varias reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave.

Dado el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, que solicite asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia.

La organización pide también a la presidenta Dina Boluarte que condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas. Además, el Gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales.

Petición al Gobierno español

Ante la falta de investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas, Amnistía Internacional reclama al Gobierno español que mantenga la decisión del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocó la muerte a 49 personas y se ofrezca una rendición de cuentas sobre lo ocurrido.

Además, la organización reitera su solicitud a la Junta interministerial que regula el comercio de armas de que esa suspensión se amplíe a la venta de cualquier munición y armas ligeras, ya que existe un alto riesgo de que puedan servir para que las fuerzas armadas o la policía peruanas cometan vulneraciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022 -últimos datos oficiales disponibles-, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas por valor de 4,7 millones en armas ligeras, 2,4 millones en munición y cerca de 1 millón en material antidisturbios.

 

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