Londres.- Días antes de las elecciones presidenciales afganas, periodistas de 13 provincias de Afganistán contaron a Amnistía Internacional que recientemente habían sido amenazados por funcionarios del gobierno afgano debido a su labor informativa crítica.
Al mismo tiempo, los talibán y otros grupos antigubernamentales han intensificado sus ataques contra periodistas y prácticamente han impedido toda posibilidad de informar desde las zonas bajo su control.
“Los afganos han convertido la corrupción gubernamental y la no aplicación del Estado de derecho en aspectos fundamentales de la actual campaña electoral, pero algunas autoridades pretenden responder a las críticas silenciando a los periodistas que vigilan la conducta gubernamental y proporcionan información esencial al electorado” manifestó Sam Zarifi, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
En unos casos, funcionarios públicos han entablado acciones penales contra periodistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de información. En otros, fuerzas gubernamentales han llegado a atacar directamente a periodistas. Por ejemplo, en julio de 2009, agentes de policía golpearon a cinco periodistas en Herat por informar sobre una manifestación pública y sobre la corrupción policial.
Un corresponsal de Ghazni que no quiso identificarse por miedo a represalias dijo lo siguiente a Amnistía Internacional: “Personas que trabajan en la campaña electoral de Karzai nos llaman a mí y a otros periodistas y nos amenazan para que no informemos sobre la corrupción ni sobre cualquier acto indebido del gobierno de Karzai. Los talibán y otros grupos se ponen en contacto conmigo y me amenazan para que deje de escribir historias positivas sobre las elecciones porque no quieren que el pueblo las apoye. Estoy atrapado entre los dos bandos”.
Otro periodista del sur de Afganistán que tampoco quiso identificarse añadió: “Si las autoridades me amenazan, ¿a quién voy a quejarme? Tengo que autocensurarme, de lo contrario me matarán”.
“Los periodistas afganos han demostrado que están dispuestos a superar obstáculos tremendos para dar voz al pueblo afgano; pero en vez de tener el apoyo del gobierno, cada vez sufren más presiones de las autoridades” afirmó Sam Zarifi.
Apenas ha habido esfuerzos oficiales para investigar los asesinatos y agresiones contra periodistas. Las instituciones oficiales, en concreto la Dirección Nacional de Seguridad, han tratado de coartar la independencia de los medios de comunicación.
“El presidente Karzai, y todos los candidatos presidenciales, deben comprometerse de inmediato y públicamente a defender a los periodistas afganos de los talibán y, sobre todo, del propio gobierno –afirmó Sam Zarifi–. Es imprescindible que el gobierno defienda el Estado de derecho y respete su compromiso con la libertad de los medios de comunicación investigando con urgencia estos casos.”
Amnistía Internacional ha confeccionado un plan de acción de 10 puntos para pedir al gobierno de Afganistán que se atenga a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la de respetar y defender el derecho a la libertad de expresión y de información. La organización afirma que, en un momento en que la población afgana se enfrenta a una situación de inseguridad creciente, considerar prioritarios los derechos humanos y el Estado de derecho puede servir para reforzar la estabilidad y la seguridad en todo el país. En concreto, Amnistía Internacional insta al gobierno afgano a:
- investigar y procesar plena y eficazmente a todos los responsables de ataques a periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
- comprometerse a garantizar que ninguna institución el gobierno, y en particular la Dirección Nacional de Seguridad, vulnera la libertad de expresión;
- promulgar legislación que facilite el acceso público a la información de las instituciones oficiales.
El gobierno ha procesado indebidamente a varios periodistas por herir sensibilidades religiosas presionado por el Consejo de los Ulemas (doctores de la ley del Islam), que no es oficial pero ejerce una gran influencia. Sayed Parwiz Kambakhsh, Ahmad Ghous Zalmai –periodista y ex portavoz del fiscal general– y el mulá Qari Mushtaq fueron condenados a 20 años de cárcel cada uno por publicar una traducción al dari del Corán sin el texto árabe.
Desde 2007, los talibán y otros grupos antigubernamentales han intensificado los ataques contra periodistas afganos. La víctima más reciente fue Jawed Ahmad, periodista afgano que fue tiroteado en la ciudad meridional de Kandahar en marzo de 2009. El 7 de junio de 2008, Abdul Samad Rohani, periodista afgano que trabajaba para la BBC en la provincia de Helmand, fue secuestrado y abatido a disparos al día siguiente, posiblemente debido a su investigación sobre el comercio de drogas. En mayo de 2008, Nilofar Habibi, periodista de la televisión afgana, fue apuñalada en la entrada de su casa en Herat, al parecer por no llevar el burqa. En junio de 2007, hombres armados sin identificar dispararon y mataron a Zakia Zami, directora de la emisora de radio privada Radio Peace en la provincia de Parwan; había criticado a señores de la guerra locales, quienes le habían advertido que cerrara la emisora. En marzo de 2007, los talibán decapitaron al periodista Ajmal Naqshbandi y mataron a su conductor, Sayed Agha, en la provincia de Helmand.
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